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Reportaje: En Sinaloa se agudizan los problemas a falta de vivienda digna
Por Magda Laureán • 17 Junio 2019
Estados / Sinaloa


*Mediante la urgente y prioritaria aplicación de una política de vivienda popular responsable por parte del gobierno estatal y los municipales lograrían dar solución.

Culiacán, Sinaloa.- En Sinaloa las autoridades están negándose a atender la falta de vivienda entre las familias más humildes de la sociedad que habitan en casas endebles e improvisadas, rentadas o instaladas en predios irregulares, permanentemente amedrentadas por la policía, y en riesgo de ser desalojadas con violencia en cualquier momento.  

La principal causa de la falta de vivienda es la migración de familias que son desplazadas por la violencia de la zona serrana, y que se ven obligadas a invadir en las ciudades más cercanas.

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Ante el aumento de este fenómeno en los últimos años, han surgido en Sinaloa diversos movimientos por la defensa de vivienda, entre ellos Buscandi Vivienda Digna AC, Central Unitaria de Vivienda en Sinaloa. Pero ha sido el Movimiento Antorchista de Sinaloa, quien ha gestionado ante los diferentes niveles de Gobiernos, además de mejoras a la vivienda, la dotación de terrenos para familias de escasos recurso mediante el planteamiento de la creación de reservas territoriales.

A decir de los integrantes de esta organización, por más de una década han gestionado estos apoyos, se han manifestado ante diversas instancias de gobierno y fue así como lograron la creación de la colonia Ferrusquilla, en la ciudad de Los Mochis del municipio de Ahome; y en Culiacán, la colonia Unión Antorchista.  

El dirigente en Sinaloa de esta organización, Pergentino Cortés Girón, informó a buzos que ha propuesto una solución a este problema social con base en la adquisición de reservas territoriales y programas de regularización de asentamientos irregulares en cada municipio de Sinaloa.

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Mediante la urgente y prioritaria aplicación de una política de vivienda popular responsable como esta, explicó Cortés Girón, tanto el gobierno estatal y los municipales lograrían dar solución a los problemas socioeconómicos de muchos sinaloenses que viven en permanente estado de inestabilidad física y emocional.

El dirigente dijo que únicamente con la regularización predial, miles de personas se verían beneficiados con la introducción de servicios públicos en colonias irregulares como la Ampliación 5 de Febrero, Rincón del Parque, Las Coloradas y Lomas de San Miguel en Culiacán; Diana Laura y Malova en Los Mochis (Ahome) y Mañanitas, Villa Tutuli y Ampliación Bugambilias en Mazatlán.

“Como organización social llevamos más de siete años solicitando al Invies que adquiera reservas territoriales, pero hasta la fecha la negligencia política ha ganado”, denunció Cortés Girón, quien además lamentó que las autoridades de Sinaloa sólo se dedican a condenar y perseguir a quienes que carecen de una casa.

Desde hace 42 días su organización mantiene un plantón que, entre otras demandas, tiene la de dar solución a temas de vivienda, donde las autoridades solo se limitan a dar mesas de negociación pero nada se avanza en la dotación de terrenos. En los últimos 10 años es la manifestación que más tiempo ha durado sin que el gobierno dé soluciones.

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Desarrolladoras de vivienda, las favorecidas

El dirigente del Movimiento Antorchista dijo que los gobiernos federal y locales favorecen los negocios de los desarrolladores de viviendas, quienes tan sólo en el primer trimestre de 2018 recibieron un subsidio de 170 millones de pesos –cifra que incluye un alza del 400 por ciento a nivel nacional, según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda– para construir viviendas destinadas a personas de clase media.

En contraste con esta política de apoyo a los empresarios privados, las familias de los trabajadores son condenadas a vivir en los “palomares” que construyen el Infonavit o el Invies, de los que están excluidas las personas cuyo promedio de ingresos no equivale a más de dos salarios mínimos.

Es por esta razón, explicó, que hay gente que se ve obligada a violar la ley e invadir predios públicos o ajenos a fin de proveerse de una vivienda, aunque sea precaria. “La Ley obliga a todas las autoridades, en el artículo 4° Constitucional, que dice que es obligación de todo el sector público darle vivienda digna a los mexicanos y no se está haciendo eso, por eso estamos alzando la voz, de quienes no tienen voz, para que el gobierno del estado y los municipales atiendan este problema de vivienda”, puntualizó Cortés Girón.

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En Sinaloa los costos de construcción de la vivienda son más altos, por ello el promedio de adquisición va a la baja, informó en un medio local el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en el estado, Jorge Francisco Frías.  El déficit de vivienda es de 70 mil familias según el INVIES de Sinaloa.

El empresario dijo que el acceso a créditos para adquirir viviendas en Sinaloa comenzó a decrecer en 2009 y que este proceso negativo no ha logrado ser detenido pese a los subsidios entregados por los gobiernos federal y estatal a los desarrolladores privados.

Por ello los trabajadores que aún se atreven a adquirir una vivienda se enfrentan a los precios muy altos con que esta oferta en el mercado inmobiliario de gran parte del estado y, asimismo, a las elevadas tasas de créditos hipotecarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el costo promedio de la vivienda en México ha aumentado en un 5.7 en promedio en lo que va de 2018, en contraste con el 2.44 por ciento de alza en Colombia durante el mismo periodo y el 0.4  de reducción advertido en Chile.

De acuerdo con las cifras del Infonavit en 2017 se colocaron apenas dos mil 699 créditos con subsidio federal, de los 80 mil 541 que esta institución tramitó a nivel nacional. Sin embargo, la misma dependencia federal reveló que el año pasado otorgó 14 mil 372 créditos inmobiliarios, dos mil 569 más de los que le habían solicitado (11 mil 803). A nivel nacional, el Infonavit otorgó casi 78 mil créditos inmobiliarios más de los que les habían solicitado en 2017 (533 mil 792 de 456 mil solicitudes).

 


 

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