La realidad actual que afronta el pueblo trabajador de Quintana Roo es delicada y bastante problemática para sostener la vida cotidiana de sus familias con niveles básicos de bienestar y con un mínimo de garantías de seguridad, debido a que los gobiernos actuales, en sus diferentes órdenes ya sean federal, estatal o municipal, no han sido capaces de implementar políticas públicas que atiendan las causas sustanciales de esta problemática, sino que solamente llevan a cabo programas y acciones prioritariamente asistencialistas y electoreras para atender a la población más necesitada que vive en condiciones de marginación y vulnerabilidad social.
Algunas de las herramientas que sirven para medir de cierta forma la calidad de vida de los ciudadanos son los indicadores de competitividad, los cuales nos permiten conocer cómo está el desempeñado de un país o región en áreas como la seguridad, la educación, la salud, las instituciones, el cuidado del medio ambiente, el funcionamiento de los mercados, y la infraestructura, entre otros. En esencia, competitividad se refiere a la capacidad que tienen los agentes económicos para permanecer vendiendo bienes o servicios en un mercado, ya sea este internacional, nacional o local, de tal forma que, una empresa o un actor económico es competitivo cuando cuenta con herramientas que les ofrecen una ventaja frente a sus competidores.
Grosso modo, en que la clase trabajadora, que sostiene el edificio económico, cuente con las garantías de servicios públicos de calidad, educación, salud, infraestructura y con condiciones de bienestar óptimos, impacta seguramente en los resultados positivos de la competitividad de un país y de un estado, como es Quintana Roo, de tal forma que los gobiernos deberían tener el propósito y la prioridad de materializar estas condiciones para el pueblo trabajador, pero en la realidad no es así, ya que son los interés egoístas de los grandes dueños de los medios de producción, es decir, los capitalistas que acaparan la riqueza que se produce mediante la explotación del trabajo de la clase obrera; son los intereses de éstos, los que se ven beneficiados por la implementación de las políticas públicas y hacendarias de los gobiernos actuales.
En nuestra entidad, esta situación es más que evidente, ya que, a pesar de la constante inversión en infraestructura, promoción turística, de innumerables elementos de la guardia nacional, y de los millonarios ingresos económicos que se perciben cada temporada de turismo, según un reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mantiene a Quintana Roo en la posición trece en competitividad, estos malos resultado coloca a la entidad bajo la lupa, con serios problemas de estancamiento, ya que aún se encuentra lejos de ser uno de los estados más competitivos del país y para mala fortuna este centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, fundada en este año, afirma que volvimos a reprobar en los rubros de seguridad, medioambiente, economía y sistema político, lo que deja en claro la necesidad de que las autoridades, en sus tres órdenes de gobierno, emprendan acciones gubernamentales para subsanar esas deficiencias que alejan la oportunidad de nuevas inversiones y por ende de oportunidades de empleos para los quintanarroenses.
Sin lugar a dudas, hay que tomar con suma seriedad el informe dado a conocer por el IMCO, puesto que no es nada prometedor estar ubicado fuera de los primeros lugares en competitividad económica, y más por tener deficiencia en rubros de suma importancia como lo es la seguridad, lo que es significativo en un estado que vive del turismo, una actividad que pone al Estado en la mirada internacional.
Aunque somos una de las entidades de México que a los ojos del mundo nos ven como un paraíso, también somos, como parte del Caribe Mexicano, uno de los peores evaluados en el rubro de derecho, que tiene que ver con la seguridad de sus ciudadanos, pues presenta las peores cifras en homicidios, costo del delito e incidencia delictiva, que coloca a Quintana Roo, en homicidios, en la posición 24, mientras que en costo del delito se ubicó en el lugar 32, e incidencia delictiva en el 30, por lo que, a nivel general, en esta categoría se encontró en la posición 20. Pero ¿qué nos dicen esas cifras?, que la inseguridad permea y ocasiona graves daños a la confianza de las inversiones, del turismo, en general de todos los rubros de la economía y por eso hay mejores entidades en competitividad, a pesar de que tenemos un paraíso.
En el informe se lee que “la seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública”. O sea, si no hay seguridad, no hay calidad de vida y tampoco nada de lo demás mencionado.
Más preocupantes es el no haber superado la percepción de corrupción, pues el IMCO nos ubica como entidad en el sitio 26, así como también es aspectos como participación ciudadana y la competencia electoral, ya que los quintanarroenses mostraron desconfianza en las autoridades que gobiernan en este periodo.
La gente cree que las acciones de gobierno, donde las hay, que la aplicación de los recursos, su gasto y aplicación, no es la correcta, piensan que la corrupción, contrario a lo que afirma el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue y ocasiona serios daños a la estructura gubernamental y de justicia, que deja exhibida.
Y para concluir, el IMCO señala que, en cuanto a medioambiente, a nivel general se ubicó en el lugar 31, pues presenta gran morbilidad por enfermedades respiratorias, eficiencia económica del agua en la agricultura e intensidad energética de la economía, además de un mal cuidado de las aguas residuales. Un mal social que la 4T evade e ignora.
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