La falta de oportunidades, mejores condiciones educativas, programas efectivos de prevención y, desde luego, empleos con salarios justos para los jefes de familia, por mencionar algunos, propicia que niños y jóvenes de colonias vulnerables —sobre todo los que se encuentran en las periferias de las ciudades de Quintana Roo— utilicen diversos mecanismos para generar ingresos a fin de contribuir al sustento familiar, haciéndolos presa fácil de la delincuencia, que aprovecha la oportunidad de captarlos porque estos, al ser inimputables, adolecen de criterio propio para distinguir el bien del mal. Las condiciones paupérrimas y la ignorancia los limita a medir los alcances de las células criminales que buscan engrosar sus filas.
Acto seguido, se suma el tema de niños reportados como desaparecidos en diversas ciudades del estado y, de acuerdo con especialistas de diversos ámbitos, estos son factores fundamentales para que se consolide, en la mayoría de los casos, el reclutamiento de la niñez y la juventud, provocando que los jovencitos se encuentren en un riesgo mayor.
Particularmente, de acuerdo con los especialistas, el crimen organizado se aprovecha de esta vulnerabilidad, la pobreza, e incluso de que fueran a ser inimputables por su edad. Esta situación es muy grave, porque en todo el territorio estatal hay miles de niños en condiciones vulnerables; entre estos también se encuentra la desintegración familiar, un mal del actual sistema injusto y rapaz.
Esta situación provoca que muchas colonias populares sean zonas de riesgo, es decir, se crea el terreno propicio para acceder con facilidad a la juventud, particularmente en Cancún, al norte de Quintana Roo, catalogada como una de las ciudades con altas cifras de niños desaparecidos y marginación social.
De acuerdo con cifras de la organización Reinsertar, “existen estimaciones de niños y jóvenes reclutados por el crimen, pero estos datos son poco fiables, debido a la discrepancia entre las fuentes”. Por un lado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala que alrededor de 35 mil niños y adolescentes forman parte de grupos delictivos, mientras que, en 2018, las autoridades del Gobierno Federal estimaron que aproximadamente 460 mil menores desempeñaron algún papel en estos grupos. Lamentablemente, la diferencia entre las cifras refleja una falta de información precisa sobre esta población en alto riesgo de vulnerabilidad.
Sin embargo, aunque hay especialistas que opinan que la situación de las juventudes puede salirse de control debido a las circunstancias sociales en que se encuentran, estos se limitan a hacer un esfuerzo más a fondo para determinar cuáles son las verdaderas causas para que miles de infantes y adolescentes sean presa fácil del crimen, además de que más de 90 millones de mexicanos se encuentran sumergidos en la pobreza y pobreza extrema.
De esto no se dice nada, puesto que las cifras de la estadística son claras, aunque muchas de éstas se nos intenten maquillar. Lo cierto es que hay más pobres con la 4T: se incrementó el desempleo, los salarios siguen siendo de hambre, se suma una inflación que no cede; no hay calidad educativa y el sistema de salud está colapsado.
Los dineros del erario público están mal enfocados; grosso modo, se destinan más recursos para programas asistencialistas que sedán momentáneamente al pueblo, a costa de la educación, infraestructura social y salud, a las cuales se les destina muy poco.
Dicho sea de paso, resulta que enfermedades como el sarampión, que ya había sido erradicado en el país desde los noventa, presentan nuevamente brotes del virus y cientos de casos en diversos estados. Lo curioso es que los afectados son los pobres de las colonias marginadas.
Urge que las autoridades de los tres órdenes de gobierno atiendan con seriedad las verdaderas causas que afligen a las juventudes y al pueblo trabajador, empezando por los más pobres y desamparados, que son la inmensa mayoría de la población mexicana, así como lo prometió la 4T cuando tomó las riendas del poder de la nación hace poco más de siete años, con la frase “por el bien de todos, primero los pobres”.
Sin embargo, con este gobierno de Claudia Sheinbaum estamos muy lejos de alcanzar esas metas porque no hay cambios en las políticas económicas; se siguen al pie de la letra los dictados del anterior mandatario.
Las autoridades gubernamentales tienen en sus manos esta endeble y difícil tarea: impulsar la educación de las juventudes. Eso significa ofrecerles educación de calidad y oportunidades para desarrollarse física e intelectualmente, sobre todo que los padres de familia tengan las condiciones necesarias, como salarios justos y bien pagados, para que dediquen tiempo a los hijos y los orienten, en la medida de sus facultades, para superarse académicamente.
Es necesario, pues, alejar a las juventudes de las drogadicciones y de las garras de la delincuencia organizada, puesto que, poco preparados, difícilmente podrán resolver los problemas serios de su entorno social o comunitario. Es decir, que cruelmente, desde temprana edad se les aparta de lo que en realidad importa —estudiar, prepararse más, lograr sus sueños— y se les aleja de las diversas formas de participación ciudadana.
Esta falta de conciencia social y la manipulación de los jóvenes hacen que, en México, millones de ellos no puedan estudiar ni trabajar y, si trabajan, lo hagan con un sueldo miserable, o peor aún, que busquen el sueño americano o bien se enrolen en una banda de crimen común u organizado.
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