Como lo señaló el Ing. Samuel Aguirre Ochoa el pasado 15 de agosto en un mitin de protesta frente a Palacio de Gobierno en Xalapa, el gobernador de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez se está desenmascarando, se deshace poco a poco de su careta de gobierno progresista y democrático, para mostrar su verdadera naturaleza, el de un gobierno que no se preocupa por el mejoramiento de la vida de los pobres de Veracruz, que se niega a atender el pueblo y que está dispuesto a reprimirlo, con tal de acallar sus voces de protesta.
No parece preocuparle que Veracruz sea el estado de la República en el que más aumentó la pobreza en los últimos 10 años, aunque ciertamente no es culpa del gobierno morenista, ahora es su responsabilidad combatirla a través de acciones sociales, de obras y servicios públicos. Sin embargo, según el Segundo Informe Trimestral de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), del propio Gobierno veracruzano, el dinero destinado a obra pública está subutilizado: la Secretaría de Obras Públicas solo ha ejercido 233 millones de pesos de un total de 3 mil 72 millones de pesos que tiene asignados; la Secretaría de Desarrollo Social, no ha utilizado ni un solo peso de los 1 mil 4 millones de pesos supuestamente destinados a infraestructura social; los mismo que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que está sin aplicar más de 310 millones de pesos en la creación de infraestructura para el campo. Puede ser que los ineficaces sean los secretarios de despacho, pero entonces el gobernador debe removerlos, pues está facultado legalmente para ello; al no hacerlo, demuestra que se encuentra a gusto con esta ineptitud, o que él mismo es un completo incompetente.
Pues mientras se realizan estos "ahorros": millones de veracruzanos de más de 20 mil comunidades carecen de agua potable, drenaje, electricidad, escuelas dignas, carreteras seguras, vivienda, espacios culturales y deportivos para recrearse, etc.; la inversión se desploma, las constructoras abandonan el estado por falta de contratos y los trabajadores de este sector quedan desempleados; y, naturalmente aumenta la inconformidad y la ciudadanía sale a protestar con suficiente razón. Todo apunta a que al final del primer año de gobierno del Ing. Cuitláhuac, más de 2 mil millones de pesos serán devueltos a la federación y tal vez quieran usarlos para las campañas de 2021.
Vistas así las cosas, nadie con una mente sana, puede acusar a los campesinos y colonos antorchistas de protestar por capricho o por conveniencia de sus líderes; ellos, como muchos otros veracruzanos tienen necesidades en sus pueblos y colonias, necesidades que calan hondo como la falta de agua o de centros de salud para curarse y es eso lo que los obliga a salir a exigir a quienes administran sus recursos, para que los apliquen ahí donde hace falta. A pesar de que esto es obvio, el Gobierno de Veracruz se niega a atenderlos y resolver esas carencias, una actitud absolutamente negligente y hasta absurda. ¿Acaso considera el gobernador que con ignorarlos desaparecerán las causas que los llevan a protestar? Puede ser que lo crea, aunque eso haría más evidente su estulticia.
Lo cierto es que su incapacidad de gobernar y su acelerado desprestigio entre los veracruzanos, lo están conduciendo a actitudes represivas, propias de un gobierno que ha perdido total interés en cumplir con los compromisos que contrajo con el pueblo cuando lo buscó para que le diera su voto y que considera como un crimen que la gente se organice para exigirle soluciones. Así pues, antes de la marcha del 19 de agosto, los antorchistas que viven en la col. Margarita Morán 2 en Xalapa, recibieron la amenaza (todavía latente) de que los desalojaría la policía estatal y demolerían sus viviendas, para ello se está utilizando a un supuesto empresario inmobiliario, Humberto Camacho Domínguez, como ariete para promover juicios viciados, pero es solo el pretexto para justificar el uso de la brutalidad y violencia policiaca del estado sobre los antorchistas.
Además, el sábado 23 de agosto el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, declaró a los medios de comunicación que no se permitirán las protestas durante la administración morenista. Un día antes la policía golpeo a un grupo de padres de familia que protestaban frente a la Secretaría de Educación sobre una arteria de la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, encarceló, además, a 4 de ellos. Por tanto, la declaración del secretario es una amenaza directa que pretende conculcar el derecho de manifestación pacífica de todos los mexicanos, protegido por el artículo 9° de la Constitución de la República.
Solo hay una alternativa: la cohesión y organización del pueblo veracruzano para exigir que se respeten sus derechos, incluyendo el de manifestación pública. Se debe poner freno a la actitud represiva y violenta de los gobiernos morenistas. Los antorchistas volverán a protestar el próximo 11 de septiembre, regresarán 10 mil manifestantes y esta vez se plantarán en la Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno, hasta que el gobernador los atienda y resuelva sus demandas. Se convoca, como otras veces, a los veracruzanos ignorados y violentados por este gobierno a sumarse, si así lo desean, a este grupo de ciudadanos progresistas; y, se les pone alerta para que repudien cualquier injusticia que se cometa en contra de este sector de pobres, pues su único delito es exigir lo que las leyes de este país, todavía democrático, les permiten exigir.
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