Fue en 2018 cuando el actual partido en el poder, encabezando el llamado movimiento de la Cuarta Transformación (Morena), logró un triunfo electoral histórico. La esperanza inundó a millones de mexicanos que veían en ese cambio una posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida, su seguridad y su bienestar general.
La inseguridad persiste, los niveles de pobreza y desigualdad continuan afectando a buena parte de la población, y el discurso de cambio se fue desdibujando entre decisiones controvertidas y promesas sin cumplir.
Las promesas eran ambiciosas: combatir la corrupción, acabar con la violencia, elevar los salarios y transformar radicalmente al país. Sin embargo, seis años después, muchos ciudadanos sienten que esa esperanza se ha diluido.
Durante el primer sexenio del nuevo régimen, la realidad para miles de mexicanos no cambió significativamente. La inseguridad persistió, los niveles de pobreza y desigualdad continuaron afectando a buena parte de la población, y el discurso de cambio se fue desdibujando entre decisiones controvertidas y promesas sin cumplir.
A pesar de ello, en las elecciones de 2024, el partido guinda volvió a ganar la presidencia, esta vez con una fuerza aún mayor: también obtuvo la mayoría en el Poder Legislativo y, posteriormente, impulsó reformas para que los integrantes del Poder Judicial fueran elegidos por voto popular.
Esto último ha sido particularmente alarmante para muchos analistas y especialistas en política. No sólo por el cuestionamiento a la idoneidad de que los jueces sean electos por la vía de las urnas en un país donde el voto muchas veces responde más a emociones que a conocimiento técnico, sino porque, tras ese proceso, también ese poder terminó alineado con la visión y los intereses del oficialismo.
Así, los tres poderes de la Unión han quedado en manos de un solo movimiento. Es lo que muchos llaman tener “los poderes a modo”.
No es nuevo que en la historia política de México los partidos busquen hegemonía, pero la preocupación actual radica en el uso que se le está dando a esa concentración de poder. Con mayoría legislativa y el respaldo judicial, el gobierno en turno tiene ahora la capacidad de modificar leyes, reestructurar instituciones e incluso reformar la Constitución, muchas veces sin los contrapesos necesarios ni un debate amplio y plural.
El discurso de transformación, que en un inicio prometía justicia social, respeto a las libertades y desarrollo para todos, parece estar dando paso a una lógica de control absoluto. Las voces disidentes son descalificadas, los organismos autónomos están bajo constante amenaza y las decisiones clave se toman desde el centro, sin escuchar a los expertos ni a la ciudadanía.
Es lamentable que, en tan poco tiempo, un proyecto que se presentó como la alternativa ética y moral a los gobiernos del pasado esté repitiendo muchas de las prácticas que tanto criticó. La diferencia ahora es que lo hace con un respaldo político que le permite moverse sin frenos ni obstáculos.
Tener los tres poderes concentrados en una sola fuerza política puede parecer eficiente a corto plazo, pero en una democracia sana eso debería ser motivo de alarma. La división de poderes existe para proteger a los ciudadanos, no para servir de plataforma a un proyecto político. Si no se recuperan los contrapesos y el equilibrio institucional, lo que comenzó como una transformación puede convertirse en una regresión autoritaria.
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