La desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) representa uno de los mayores fracasos de la política social en el actual gobierno. El organismo nació con la promesa de garantizar precios justos para los productores rurales y ofrecer alimentos básicos a bajo costo a las familias más vulnerables. Sin embargo, terminó convertido en un caso emblemático de corrupción, con desvíos multimillonarios y una ineficiencia que dejó sin apoyo real a quienes más lo necesitaban.
Segalmex fue presentado como el eje de una política de abasto justa y solidaria, pero la ASF detectó irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.
Aunque su disolución se presentó como una medida de “corrección”, la creación de Alimentación para el Bienestar parece repetir los mismos vicios: opacidad, improvisación y ausencia de mecanismos claros de evaluación. Lo que se proyectaba como un nuevo inicio corre el riesgo de convertirse en otra estructura fallida.
Cuando se anunció en 2019, Segalmex fue presentado como el eje de una política de abasto justa y solidaria. Inspirado en la antigua Conasupo, debía comprar cosechas a precios de garantía y distribuir productos básicos en comunidades marginadas. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 15 mil millones de pesos: operaciones simuladas, contratos inflados y bodegas con alimentos echados a perder.
El resultado fue devastador. Ni se estabilizaron los precios de productos esenciales como el maíz y el frijol, ni los campesinos recibieron un apoyo estructural. Las familias pobres siguieron padeciendo el alza constante en la canasta básica, mientras los recursos públicos se diluían en la corrupción.
Tras el colapso de Segalmex, el gobierno apostó por Alimentación para el Bienestar. En el discurso, este programa sería más eficiente y cercano a la población. En la práctica, repite los mismos problemas: padrones incompletos, reglas poco claras y ausencia de transparencia.
El contexto hace más preocupante su debilidad. La inflación alimentaria ha golpeado a millones de hogares, que destinan hasta la mitad de sus ingresos a comprar comida. Ante esta realidad, un programa sin bases técnicas y con riesgos de corrupción no puede responder a la magnitud del problema.
El trasfondo es que la política alimentaria de Morena carece de rumbo estratégico. En lugar de articular producción, distribución y consumo en un esquema integral, se han privilegiado medidas asistencialistas y de corte populista.
Combatir el hambre requiere inversión en el campo, apoyo técnico real a los productores, infraestructura de almacenamiento y transporte, y políticas de precios justos. Nada de esto se ha implementado de forma consistente. La consecuencia es que millones de mexicanos siguen en inseguridad alimentaria, pese a los anuncios triunfalistas.
A esta falta de resultados se suma la actitud de la presidenta, que ha optado por eludir los problemas nacionales más graves. Mientras la crisis alimentaria se profundiza, el discurso oficial se concentra en la promoción de productos como el café o el chocolate del bienestar.
Si bien son cultivos importantes para regiones del país, su promoción no resuelve el hambre ni sustituye una estrategia nacional de seguridad alimentaria. El contraste refleja una prioridad equivocada: la construcción de una narrativa mediática en lugar de atender los problemas estructurales.
La experiencia de Segalmex demuestra que, sin vigilancia social, los programas públicos se convierten en espacios de corrupción y clientelismo. Por ello, es indispensable fortalecer la educación política de la ciudadanía, la organización comunitaria y la exigencia de transparencia en la gestión pública.
La seguridad alimentaria no puede depender de decisiones coyunturales o de promesas sexenales. Requiere políticas de Estado con participación social, evaluaciones rigurosas y un diseño técnico sólido.
Segalmex no sólo fue un fracaso administrativo: fue la confirmación de que la improvisación y la corrupción anulan cualquier intento de justicia social. Alimentación para el Bienestar repite los mismos errores, dejando a millones de familias en vulnerabilidad.
Ante la indiferencia gubernamental, corresponde a la sociedad organizarse, educarse políticamente y exigir políticas que garanticen de manera real el derecho a la alimentación. Sólo una ciudadanía consciente y participativa podrá romper con la inercia de corrupción y populismo que ha caracterizado a la política alimentaria reciente.
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