En México, una de cada cuatro personas es menor de 15 años. La población infantil se cuenta pues en más de 30 millones. Actas de derechos, convenios y declaraciones sin fin refieren los derechos, las condiciones mínimas que se debe garantizar a este sector de la población, que se halla en la etapa más fundamental de su desarrollo humano, para que pueda hacerlo en condiciones dignas, acordes con nuestros tiempos. México ha firmado y se ha adherido a todas las declaraciones que los organismos internacionales han formulado con ese objetivo. Sin embargo, la situación de la infancia en nuestro país es alarmante no solo por los estragos que los grandes problemas sociales infligen a nuestros menores, sino porque desde el gobierno hay un creciente desamparo.
La lacra social que ejerce un gran impacto sobre la infancia es la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), el organismo oficial para la medición de la pobreza, reportó que más de la mitad de la población infantil es pobre. Reportó también que entre 2018 y 2020, la pobreza de este sector aumentó; en 2020 habría más de tres millones de menores de edad que pasan regularmente hambre.
La pobreza causa menor desarrollo físico e intelectual de las personas. Los niños pobres tienen más problemas de salud que el resto. La pobreza ocasiona problemas de salud como la malnutrición, enfermedades asociadas a la falta de ambientes adecuados como las respiratorias provocadas por la falta de protección ante olas de frío o digestivas por la falta de infraestructura mínima de desagüe o acceso a agua potable. Asimismo, la pobreza es un detonante poderoso de la inestabilidad emocional y de enfermedades mentales. Los niños pobres, en general, presentan más problemas de ansiedad, de depresión, de inseguridad, etc. Los menores pobres asisten menos y abandonan más pronto y fácilmente la escuela que el resto. En la medida en que la pobreza atrape al niño a una edad más temprana y durante más años, la probabilidad de que quede fuera del sistema educativo es mucho mayor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), poco menos del 10% de esta población que debería estar dentro de las aulas, cultivando su espíritu en la práctica del arte y el deporte, dedica buena parte de su tiempo a realizar una actividad económica no como parte de su educación, sino por la necesidad de obtener o contribuir con el ingreso familiar para comer. Esta realidad presente es una gran tragedia, pero no solo personal, sino social.
Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de la 4T al problema de la pobreza infantil?, ¿cómo ha contribuido a remediar, cuando menos parcialmente, las carencias de este sector? De acuerdo con los datos de UNICEF México, el gasto público destinado a la atención de “niñas, niños y adolescentes en México como porcentaje del PIB nacional era [en 2018] de 3.3%, cifra que descendió a 2.9% en 2023” y en relación con el presupuesto federal “descendió de 13.4% en 2018 a 9.5% en 2023” (https://blog.derechosinfancia.org.mx/2022/12/05/presupuesto-en-la-infancia-y-la-adolescencia-en-mexico-2023/) . El gobierno de la 4T ha contribuido al desamparo de la niñez de nuestro país.
Desde que el capitalismo dio paso a su fase monopólica y financiera, los pueblos son un verdadero estorbo para su desarrollo. La automatización de la maquinaria, la sustitución de la fuerza de trabajo por la máquina, ha hecho obsoleto al pueblo educado siquiera en términos técnicos; mucho menos deseable un pueblo crítico, sano y enérgico. La infancia solo puede ser redimida por la construcción de una sociedad con verdadera justicia social, sin desigualdad ni pobreza; pero eso solo lo podemos construir con un pueblo organizado en torno a un modelo económico que ponga en el centro de su política las necesidades de los trabajadores. Esa es nuestra deuda con la infancia.
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