El 24 por ciento de la población del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) habita en asentamientos irregulares. Según datos del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), esta condición afecta a 1,248,642 personas en el estado, evidenciando el rezago de las políticas de vivienda social frente a un mercado inmobiliario inaccesible.
El pasado 27 de febrero, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Urbano para obligar a los desarrolladores a garantizar servicios básicos en nuevos fraccionamientos. Bajo esta norma, no se otorgarán autorizaciones de habitabilidad a quienes incumplan con la infraestructura mínima.
Al respecto, Mariano Cariño Méndez dirigente del Movimiento Antorchista en Jalisco, calificó la medida como positiva pero insuficiente. Señaló que los legisladores se enfocan en los desarrollos futuros mientras ignoran la crisis actual de las familias que ya viven en la periferia sin acceso a agua, luz ni drenaje.
“La crisis de vivienda en el estado no es negligencia, sino la consecuencia del sistema capitalista que expulsa a los trabajadores a la periferia urbana. El nacimiento del capitalismo industrial no fue un proceso armónico, sino el resultado de un despojo histórico que concentró el capital en pocas manos y transformó al campesinado en un proletariado desposeído”, sentenció en entrevista.
La brecha económica es el principal motor de la irregularidad, en el estado el precio promedio de una vivienda ronda los 1.95 millones de pesos, una cifra dispar frente a los salarios de la clase trabajadora. De acuerdo con Cariño Méndez, esta disparidad es la que empuja a los trabajadores con sus familias hacia las orillas de la ciudad.
“Ante estas condiciones, la clase trabajadora se ve forzada a desplazarse a las periferias en busca de refugio, ocupando a menudo terrenos sin servicios. No habitan ahí por voluntad propia, sino que allá los orilla su poca capacidad adquisitiva generada por malos salarios y por la nula política de vivienda social por parte del Estado, son los culpables del origen de estos asentamientos, que después son satanizados por los propios gobiernos”, enfatizó.
Finalmente, el dirigente un llamado a la clase trabajadora a organizarse para exigir cambios reales en sus condiciones materiales de vida. “La verdadera urgencia no es que los cotos funcionen bien, sino que tener un lote legal y digno deje de ser un privilegio de pocos", concluyó, subrayando que “la lucha debe ser dada por quien padece en carne propia todas las injusticias, no hay más”.
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