Más de 38 millones de personas enfrentan pobreza en México mientras la desigualdad económica se acentúa en el país
Cuando el gobierno anuncia que la inflación fue de 3.9 % anual en mayo, muchas familias mexicanas escuchan ese dato y se preguntan de qué país están hablando. Porque en la mesa de una familia trabajadora, en la tienda de la esquina, en el mercado del barrio, los precios no subieron 3.9 %.
Subieron mucho más. Y la diferencia entre esos dos números —el que sale en los comunicados oficiales y el que duele en el bolsillo— es exactamente el tamaño de la injusticia que vivimos.
El modelo económico capitalista no distribuye la riqueza; la concentra. La concentra en pocas manos, cada vez menos manos, mientras la gran mayoría trabaja más para ganar lo mismo o menos en términos reales.
Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son contundentes: la canasta alimentaria básica —lo mínimo para no caer en pobreza extrema— aumentó 6.3 % en zonas rurales y 6.9 % en zonas urbanas.
Es decir, casi el doble de la inflación "oficial". La canasta que incluye también gastos no alimentarios —la línea real de pobreza por ingresos— subió 5.1 % tanto en el campo como en la ciudad. Para una familia urbana de cuatro personas, superar esa línea de pobreza cuesta ya casi 20 mil pesos mensuales. ¿Cuántas familias mexicanas ganan eso? La respuesta la conocemos todos: muy pocas.
México es un país con una fractura social que los promedios nacionales se empeñan en ocultar. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (y) 2024 del Inegi, el 10 % más rico de la población concentra el 30.3 % del ingreso nacional, mientras que la mitad más pobre de los mexicanos —los deciles del I al V— apenas acumula el 23.3 % de ese ingreso. Aunque esta brecha se ha reducido en los últimos años, sigue siendo profunda e inaceptable.
En términos de pobreza multidimensional, los datos del Inegi para 2024 muestran que 38.5 millones de personas viven en situación de pobreza en México, cifra que representa el 29.6 % de la población. De ellos, 7 millones se encuentran en pobreza extrema. Y si bien estos números han mejorado respecto a 2018 —cuando había 51.9 millones en pobreza—, las mejoras no se distribuyen de manera homogénea en el territorio nacional.
La carencia más extendida en el país no es la falta de comida ni de vivienda: es la falta de seguridad social, que afecta a casi la mitad de la población. Le sigue la carencia de acceso a servicios de salud, que padece una de cada tres personas en México.
Estos números revelan que la modernidad que exhiben algunas ciudades del norte y del Bajío coexiste con condiciones de siglo pasado en las regiones del sur y del sureste.
Si hay un estado que encarna como ningún otro la brutalidad de la desigualdad en México, ese es Guerrero. El mismo estado donde nacen algunos de los productos agrícolas que exporta el país, donde las playas de Acapulco y Zihuatanejo reciben turistas de todo el mundo, también es la segunda entidad con mayor pobreza del país.
Según el Inegi, en 2024 el 58.1 % de la población guerrerense —más de la mitad— vive en situación de pobreza. Y el 21.3 % se encuentra en pobreza extrema, lo que ubica a Guerrero como el segundo estado con mayor pobreza extrema en toda la República, solo detrás de Chiapas. En contraste, en estados como Baja California, apenas el 0.4 % de la población vive en esa condición.
Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, juntos, concentran el 54 % de todas las personas en pobreza extrema del país. Son cuatro estados del sur y sureste donde la marginación no es un accidente histórico ni una fatalidad geográfica: es el resultado de décadas de abandono, de un modelo económico que extrae la riqueza del sur para acumularla en el norte, de políticas públicas que llegan tarde, mal o nunca.
Guerrero, además, figura entre las cinco entidades con mayor desigualdad en la distribución del ingreso del país, junto con Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Ese dato es revelador: Guerrero no es pobre porque no genere riqueza. Es pobre porque la riqueza que se genera no llega a quienes la producen.
Volvamos al dato de la inflación. El 3.9 % anual es, técnicamente, correcto. Es el promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios que incluye desde alimentos básicos hasta automóviles, desde tortillas hasta servicios de telecomunicaciones. Pero los pobres no compran automóviles ni contratan servicios de telecomunicaciones de lujo.
Los pobres compran frijoles, arroz, aceite, leche y tortillas. Y esos productos subieron mucho más que el promedio.
Eso es lo que el Coneval nos dice con sus cifras de canasta básica: que la inflación que importa —la que afecta a quien no tiene margen de maniobra— fue de entre 5 % y 7 %, no de 3.9 %. Cada punto porcentual de diferencia es una cantidad de dinero que una familia pobre no tiene, que no puede destinar a la educación de sus hijos, a medicamentos, a ropa o a un techo digno.
La inflación promedio protege a quienes tienen diversificado su consumo. La inflación real golpea a quienes viven al límite.
Frente a este panorama, el diagnóstico importa, pero no alcanza. Es necesario plantear soluciones concretas y estructurales. En ese terreno, el Movimiento Antorchista Nacional lleva décadas señalando que la pobreza en México no es un problema de mala suerte ni de falta de voluntad de los pobres: es un problema estructural que requiere medidas estructurales.
El Movimiento Antorchista propone cuatro ejes económicos fundamentales para revertir la desigualdad:
1. Creación de empleos. El trabajo formal y bien remunerado es la base de cualquier estrategia real contra la pobreza. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos labora en el sector informal, sin prestaciones, sin seguridad social, sin certeza. Generar fuentes de empleo para todos los mexicanos en edad productiva no es un lujo: es una condición mínima para que la economía funcione con justicia.
2. Elevación de los salarios. No basta con que existan empleos; los salarios deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia. Hoy, la canasta básica supera los 750 pesos diarios. Si el salario de un trabajador no alcanza para comprar esa canasta, entonces el empleo no lo saca de la pobreza: solo hace más lento su hundimiento. Antorcha plantea que los salarios deben estar vinculados al costo real de la vida.
3. Política fiscal equitativa. México es uno de los países con menor recaudación fiscal de América Latina en relación con su PIB. El 10 % más rico paga impuestos que representan apenas el 19.5 % del PIB, una proporción muy baja comparada con países desarrollados. La propuesta antorchista es clara: quien gana más, que pague más; quien gana poco o nada, que pague poco o nada. Una fiscalidad progresiva y efectiva permitiría financiar los servicios y obras que los pobres necesitan y que el mercado nunca les va a dar.
4. Reorientación del gasto público hacia las comunidades populares. El cuarto eje es quizás el más visible en términos cotidianos: que el gobierno construya y mantenga redes de agua potable, drenaje, energía eléctrica, calles pavimentadas, centros de salud, hospitales, escuelas y universidades en las colonias y comunidades humildes. La infraestructura pública no es un regalo del gobierno: es la forma en que la riqueza que produce el pueblo regresa al pueblo. Sin obras y servicios básicos, todo lo demás —el empleo, el salario, el ahorro— resulta insuficiente.
Para entender hasta dónde ha llegado la concentración de riqueza en el mundo, basta con un solo dato que ocurrió esta semana: Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia de la humanidad en acumular un patrimonio superior al billón de dólares, tras el debut en bolsa de su empresa SpaceX en el índice Nasdaq. Su fortuna, que combina sus participaciones en SpaceX y Tesla, supera los 1.1 billones de dólares. El segundo hombre más rico del mundo, el cofundador de Google Larry Page, tiene 304 mil millones de dólares: menos de un tercio de lo que posee Musk.
Para ponerlo en perspectiva: la fortuna de Elon Musk es superior al Producto Interno Bruto de la gran mayoría de países del mundo. Supera el valor total de todos los autos nuevos vendidos en Estados Unidos en un año entero. Y según la organización Oxfam, su riqueza individual ya supera la riqueza combinada del 46 % más pobre del planeta.
No se trata de envidia ni de rencor hacia un individuo. Se trata de entender que la existencia de una sola persona con esa riqueza —construida en buena parte gracias a contratos con el gobierno federal de Estados Unidos, que aporta una quinta parte de los ingresos de SpaceX— es el retrato más nítido de lo que el Movimiento Antorchista lleva décadas denunciando: el modelo económico capitalista no distribuye la riqueza, la concentra. La concentra en pocas manos, cada vez menos manos, mientras la gran mayoría trabaja más para ganar lo mismo o menos en términos reales.
Mientras Musk ingresa al territorio inexplorado de los trillonarios, en Guerrero el 21.3 % de la población no tiene ingresos suficientes ni para comprar la canasta alimentaria mínima. Esas dos realidades no son casualidades que ocurren en paralelo: son las dos caras de un mismo sistema.
Ninguna de estas cuatro propuestas es desconocida para los economistas ni para los gobernantes. El problema no es que no se sepa qué hacer. El problema es que hacerlo implica tocar intereses muy poderosos: los de quienes se benefician de salarios bajos, de impuestos mínimos, de un gasto público orientado a subsidiar empresas en lugar de comunidades.
Por eso la organización popular —la que ha practicado el Movimiento Antorchista durante más de cinco décadas— sigue siendo indispensable. No porque la organización sea un fin en sí mismo, sino porque sin fuerza social que exija y presione, los cambios estructurales no ocurren.
Los pobres de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de las periferias urbanas de todo el país, no necesitan más promesas de campaña. Necesitan trabajo, salario digno, impuestos justos y obras en sus comunidades.
Necesitan, en suma, que la riqueza que ellos producen les regrese. No como limosna. Como justicia.
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