La crisis del sistema de salud en México ha alcanzado niveles alarmantes. Millones de mexicanos enfrentan a diario la falta de acceso a servicios médicos y medicamentos esenciales, mientras el gobierno federal impulsa estrategias que, en el mejor de los casos, terminan siendo parches superficiales frente a un problema estructural que exige soluciones profundas y consistentes.
Uno de los últimos proyectos promovidos por el gobierno de Morena es la red de Farmacias del Bienestar, una iniciativa recientemente lanzada oficialmente en diciembre de 2025 en 500 unidades de salud del Estado de México, con planes de expansión a todo el país en marzo de 2026.
La urgencia y frustración de millones de familias que no encuentran medicamentos, que enfrentan desabasto crónico y que se ven forzadas a endeudarse o recurrir al sector privado, son el termómetro de una política pública que no está dando resultados.
Según las declaraciones oficiales, estas farmacias ofrecerán 22 tipos de medicamentos que cubrirían alrededor del 80 % de las necesidades de tratamientos crónicos como diabetes e hipertensión, prioritariamente para personas adultas mayores y con discapacidad atendidas por el programa “Salud Casa por Casa”.
Sin embargo, más allá del discurso presidencial y de las promesas de cobertura, los hechos revelan una realidad muy distinta. La urgencia y frustración de millones de familias que no encuentran medicamentos, que enfrentan desabasto crónico y que se ven forzadas a endeudarse o recurrir al sector privado, son el termómetro de una política pública que no está dando resultados.
El desabasto de medicamentos en hospitales y centros de salud públicos continúa siendo una constante, afectando a pacientes con enfermedades crónicas e incluso tratamientos oncológicos, obligándolos a buscar alternativas fuera del sistema público.
Lo anterior ocurre en el contexto de un país donde decenas de millones de mexicanos carecen de acceso efectivo a servicios de salud. Datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que en 2024 hasta 34.2 % de la población, equivalente a unos 44.5 millones de personas, reportaron carencia de acceso a servicios de salud, es decir, no cuentan con derecho real o efectivo para recibir atención médica en instituciones públicas o privadas que la otorguen.
Otra medición reciente incluso ubica a más de 71 millones de personas sin acceso pleno a servicios de salud, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Estas cifras muestran que, lejos de avanzar hacia un sistema más justo y universal, México enfrenta un deterioro del acceso a la salud. Esto contrasta fuertemente con algunas declaraciones de altos funcionarios federales, como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social afirmando que “la solución al problema de salud es no enfermarse”, o las declaraciones del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sobre los llamados “apapachos del bienestar”, que ante la falta de medicinas y servicios parecen ofrecer consuelo emocional en lugar de atención médica real.
Tales comentarios, más allá de resultar insensibles, evidencian una desconexión preocupante con la gravedad de la situación que enfrentan millones de personas diariamente.
La saga de las Farmacias del Bienestar también se entiende dentro de una estrategia gubernamental más amplia que ha pasado por varias etapas: primero, se prometió un sistema de salud “como el de Dinamarca”, presumiendo una atención sanitaria universal y de alta calidad; posteriormente se impulsó la llamada megafarmacia —un enorme centro federal de almacenamiento y distribución de insumos que hasta hoy no ha resuelto el problema de surtimiento oportuno de recetas— y ahora las Farmacias del Bienestar, módulos más pequeños, calificados por muchos como una burla frente a la magnitud del problema.
La realidad es que para millones de mexicanos estas “soluciones” no se traducen en mejores servicios ni en acceso real a medicamentos. Las filas interminables, la falta de surtimiento de recetas y las ineficiencias de distribución siguen siendo el pan de cada día en las clínicas públicas.
Para las familias, la falta de medicinas significa decisiones imposibles: endeudarse, renunciar a tratamientos vitales o caer en la trampa de pagos exorbitantes fuera del sistema público.
Todo esto ocurre además en un contexto económico nacional complicado. La estrategia de priorizar programas sociales directos, como transferencias de dinero o apoyos económicos universales, ha sido promovida por el oficialismo como un mecanismo para combatir la pobreza.
No obstante, esta política de “regalar dinero” en lugar de fortalecer servicios públicos esenciales como la salud, está dejando al país sin los recursos necesarios para atender problemas estructurales.
La desesperación del gobierno por “agarrar” recursos de donde no los hay se refleja en nuevos impuestos disfrazados de actualizaciones y una creciente presión fiscal que recae sobre amplios sectores de la población.
No es exagerado afirmar que la crisis en salud se suma a una cadena de problemas nacionales interrelacionados: educación, empleo, seguridad social y desigualdad.
El acceso a la salud no es sólo un derecho consagrado en la Constitución mexicana, sino un pilar fundamental para garantizar una vida digna. Cuando un sistema público de salud falla, toda la sociedad paga el precio. Y cuando las soluciones propuestas son insignificantes frente a la magnitud de la crisis, se genera frustración, desconfianza y una creciente sensación de abandono.
La respuesta no está en parches ni en discursos insensibles; está en reformas profundas que fortalezcan de verdad el sistema de salud pública, que aseguren el abasto de medicamentos, que mejoren la infraestructura y el personal médico, y que garanticen que ninguna familia se vea obligada a elegir entre su bienestar económico y su salud física.
Finalmente, el pueblo mexicano debe entender que sólo la unidad y la organización ciudadana pueden cambiar el rumbo. La salud no debe ser un privilegio, ni un eslogan de campaña; debe ser un derecho efectivo y tangible para todos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario