En el discurso oficial de la “cuarta transformación”, del proyecto político de Movimiento de Regeneración Nacional, la educación pública ocupa un lugar central como motor de justicia social.
Sin embargo, en los hechos, el panorama presupuestal de las universidades públicas del país abre una discusión incómoda: ¿se está fortaleciendo realmente la educación superior o se está empujando, de manera indirecta, hacia su privatización?
Diversos especialistas lo han denominado “privatización silenciosa”: el Estado no vende las universidades, pero las debilita financieramente hasta que el sector privado absorbe la demanda excedente.
Durante los últimos años, las universidades públicas han enfrentado recortes y asignaciones presupuestales que, lejos de crecer al ritmo de la inflación y de la demanda estudiantil, se han mantenido por debajo de las necesidades reales del sistema.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) ha advertido que los incrementos anuales resultan insuficientes frente al aumento de costos operativos, salarios y prestaciones.
Cuando el presupuesto crece menos que la inflación, en términos reales disminuye. Y cuando disminuye, se limita la matrícula, se deteriora la infraestructura y se precarizan las condiciones laborales.
La consecuencia no es menor. Menos espacios en universidades públicas implican más jóvenes buscando alternativas en instituciones privadas. Así, sin necesidad de una reforma legal que declare abiertamente la privatización, el efecto práctico es un desplazamiento progresivo hacia el mercado educativo.
A este fenómeno, diversos especialistas lo han denominado “privatización silenciosa”: el Estado no vende las universidades, pero las debilita financieramente hasta que el sector privado absorbe la demanda excedente.
El argumento gubernamental ha sido la austeridad y la redistribución estratégica de recursos. En este contexto surgieron las llamadas universidades del bienestar, impulsadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bajo la promesa de ampliar la cobertura en regiones marginadas.
No obstante, la asignación diferenciada de recursos ha generado tensiones: mientras universidades estatales consolidadas enfrentan recortes significativos, nuevas instituciones reciben incrementos considerables pese a que su impacto en egresados aún es limitado.
La contradicción es evidente. Se proclama el fortalecimiento de la educación pública, pero se reducen o se congelan en términos reales los recursos de las instituciones que históricamente han sostenido la formación profesional del país.
Las universidades públicas no sólo forman médicos, ingenieros, abogados y científicos; también generan investigación, innovación y movilidad social. Estrangularlas financieramente compromete el futuro productivo y democrático de México.
Además, los presupuestos actuales no contemplan plenamente las demandas salariales de sindicatos universitarios, lo que coloca a muchas instituciones en riesgo de conflicto laboral. La estabilidad académica depende no solo de aulas y laboratorios, sino también de docentes dignamente remunerados.
No se trata de idealizar a las universidades públicas ni de ignorar sus retos en transparencia y eficiencia. Se trata de reconocer que el debilitamiento presupuestal sistemático termina beneficiando, de manera indirecta, al sector privado, donde el acceso depende de la capacidad de pago.
Si el Estado reduce su compromiso financiero con la educación superior, el mensaje implícito es claro: quien pueda pagar, estudiará; quien no, quedará rezagado.
México enfrenta una disyuntiva histórica. O consolida un sistema público robusto, gratuito y de calidad, o permite que la inercia presupuestal transforme el derecho a la educación en un privilegio.
Culminar un proceso de privatización abierto o encubierto sería un grave error social y económico. La educación superior no es un gasto prescindible: es la inversión estratégica más importante para el desarrollo nacional.
El debate no debe centrarse en consignas partidistas, sino en cifras claras, planeación responsable y compromiso real con las nuevas generaciones. Porque cuando se debilita la universidad pública, se debilita el país entero.
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