En el año 2014 se realizaron diversas reformas constitucionales y legales para modificar y “modernizar” el sistema de impartición de justicia en México. De esta manera nació la Fiscalía General de la República, en sustitución de la Procuraduría General de la República, como dependencia encargada de investigar los delitos, recabar las pruebas y presentar a los sospechosos ante los juzgados para eventualmente dictarles una sentencia. Dicho modelo se replicó también en las 32 entidades federativas del país.
Para sus apologistas, dicha reforma neoliberal, no era un simple cambio de nombre, sino un cambio de fondo en el sistema judicial, que tenía como objetivos separar a los órganos especializados de investigación del resto de la administración pública, independizarlos del poder político central y, por tanto, hacerlos autónomos en sus facultades y toma de decisiones, para que pudieran combatir la creciente criminalidad de México sin ningún tipo de atadura política o partidista.
Para tal efecto, los responsables de las Fiscalías, tanto a nivel federal como local, dejaron de ser nombrados por el presidente de la República en turno o los gobernadores, y fueron electos por mayoría del Congreso Federal o las Cámaras de Diputados Locales por periodos largos, de entre 9 y 12 años, para asegurar continuidad en las líneas de investigación. Además, los seleccionados debían ser especialistas puros en derecho o peritos investigadores ajenos a los partidos políticos.
Pues bien, el tiempo demostró que dicha autonomía e independencia del poder político central no fue más que una ilusión, pues los fiscales generales siempre fueron, de alguna o de otra manera, elegidos por los gobernantes en turno y, en los hechos, nunca dejaron de comportarse como empleados suyos.
Uno de los ejemplos más claros, es el caso de Veracruz, en donde después de la reforma de 2014, prácticamente ningún titular de la Fiscalía General del Estado logró mantenerse en el cargo por los 9 años para los que fueron nombrados, sino que fueron constantemente removidos con cada nuevo cambio de partido o gobernador en el poder: Javier Duarte nombró a Luis Ángel Bravo Contreras; Miguel Ángel Yunes lo depuso y lo encarceló, para colocar en su lugar a Jorge Winckler, su abogado familiar; Winckler solo duró tres años en el cargo, fue destituido y también encarcelado por Cuitláhuac García Jiménez, quien impuso en el cargo a Verónica Hernández Giadans, también recientemente obligada a renunciar.
La reciente renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, obligado por toda la cúpula morenista a la que sirvió fielmente por siete años, es una prueba de que lo mismo ocurrió a nivel federal. En su lugar, el Senado nombró a Ernestina Godoy, cercana colaboradora de la presidenta de la República, Dr. Claudia Sheinbaum, desde sus tiempos como jefa de gobierno de la CDMX.
Por otro lado, la supuesta autonomía de la que dispusieron los fiscales tampoco sirvió para combatir en serio la creciente criminalidad en el país, detener la impunidad ni brindar justicia a los millones de víctimas de delitos. Por el contrario, la ineficacia de estos organismos alcanzó niveles escandalosos.
Según los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad del INEGI, entre 2015 y 2023, únicamente fueron denunciados el 7.1% del total de delitos cometidos en México, de los cuáles sólo el 70% fue investigado y solo el 39% se resolvió. La Cifra Negra de Delitos, es decir, aquellos que no son denunciados ni investigados se disparó de forma acelerada durante estos años. Por ejemplo, en Veracruz el 96.3% de los delitos cometidos no son denunciados, por la desconfianza de la población en las fiscalías.
La desconfianza no es gratuita, quien alguna vez se hayan visto en la necesidad de acudir a estas dependencias a presentar alguna denuncia, sabe de sobra que los trámites son muy engorrosos, cansados e inútiles; que hay maltrato de los encargados de estas dependencias, que no hay avances en las investigaciones a menos de que haya mochada de por medio, que los peritos e investigadores son escasos y que, salvo en casos mediáticos o de importancia política, las actuaciones de la policía ministerial y los fiscales siempre avanzan con pies de plomo. Todo lo cual empantana por años las investigaciones que nunca llegan a ningún lado.
Esto demuestra que las Fiscalías nunca han tenido como objetivo combatir a los criminales ni proteger a los ciudadanos. Como instrumentos del Estado al servicio de las clases poderosas y dominantes, es imposible que pueden ser independientes a las decisiones e intereses de los poderes fácticos que tienen el control del gobierno y sus instituciones, antes bien son parte del aparato represivo para mantener sometidas a las clases subyugadas y perseguir a los opositores del régimen político y económico que existe hoy en día.
Tras la renuncia obligada del doctor Alejandro Gertz Manero a la FGR, el columnista Héctor de Mauleón de El Universal, escribió: “No hay fiscalía independiente cuyo fin haya que lamentar. A lo largo del sexenio pasado, Alejandro Gertz Manero fue un empleado fiel de Andrés Manuel López Obrador. Se convirtió en los ojos y en las orejas de AMLO… La Fiscalía en realidad no perseguía criminales: era sobre todo una eficiente agencia de espionaje político”.
Las mismas opiniones han despertado la reforma a la Constitución de Veracruz para que la gobernadora nombre al fiscal general y para reducir su tiempo en el cargo de 9 a 4 años. Con lo que, por cierto, Veracruz se convirtió en un laboratorio de pruebas para la reforma que ya prepara Morena a nivel federal para eliminar la falsa autonomía constitucional que todavía cubre a las fiscalías.
En relación a la salida de la fiscal general veracruzana el periodista Mussio Cárdenas Arellano, señaló: “El lunes 8 de diciembre, Verónica Hernández Giadáns se fue. Y con su despido se actualizaron mil tropelías que empañan su historial, extorsión, tortura, fabricación de culpables, encarcelamientos ilegales, persecución de inocentes y la impunidad de los cárteles, de la delincuencia organizada, de los pillos morenistas, sátrapas de los días en que gobernaba Cuitláhuac García Jiménez y los malvivientes que hoy pululan en los pasillos del palacio de gobierno”.
La Fiscalía de Veracruz, por cierto, fue de las peores calificadas de todo el país, de acuerdo con el estudio denominado Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías realizado por la organización no gubernamental Impunidad Cero en el año 2024. El organismo que dirigía Verónica Hernández, apareció con una evaluación de 36.2 puntos sobre 100, siendo la tercera peor del país, únicamente superada en ineptitud por las Fiscalías de Morelos y Puebla.
Asistimos pues al fin de la falsa autonomía con la que se intentó mantener el engaño de que la impartición de justicia en México es imparcial, ciega y que trata por igual a todos, pobres o ricos; pues ahora que el régimen morenista ha decidido enrumbarse por una peligrosa concentración del poder, dicha máscara ya es un estorbo, porque los gobernantes necesitan del control total del aparato judicial para encubrir sus corruptelas y atropellos, proteger a sus socios del crimen organizado y reprimir más eficazmente todo intento de disidencia en momentos en que la inconformidad social crece como la espuma.
Para el pueblo trabajador, sin embargo, no habrá cambios sustanciales, seguiremos a merced de la delincuencia y la impunidad seguirá campeando a todas sus anchas por el país. Llegue quien llegue a la Fiscalía, en el fondo la situación será la misma: impunidad, represión política y espionaje.
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