En Jalisco, la economía informal no se presenta como un fenómeno aislado en el tiempo, sino como una base fundamental que sustenta la vida diaria de miles de personas.
Contrario a la narrativa oficial que la limita a términos como “ilegalidad” o “desorganización urbana”, la informalidad representa, principalmente, la consecuencia directa de un modelo económico que no asegura empleos dignos ni ingresos adecuados para subsistir.
La pandemia dejó heridas profundas: miles perdieron sus empleos formales y regresaron, forzadamente, a la economía informal para sobrevivir.
En muchos aspectos, la informalidad constituye la manifestación más evidente del fracaso del mercado laboral formal para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
En Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, basta caminar por tianguis, cruceros y corredores comerciales para observar la amplitud del fenómeno: vendedores ambulantes, repartidores, comerciantes, pequeños talleres familiares, entre otros. Todos forman parte de una red de sobrevivencia que el estado reprime, dependiendo de sus intereses políticos.
La economía informal en Jalisco es, para muchos, la única opción. No se trata de un “estilo de vida” ni de una elección libre; es el resultado de sueldos que no alcanzan, de empleos inseguros, de despidos constantes y del encarecimiento de la vida urbana.
Para la mayoría, la informalidad no es una elección, sino la única salida frente al desempleo, los bajos sueldos y la falta de oportunidades reales.
En el sector servicios, particularmente en comida rápida, repartición, limpieza y comercio, miles de personas se ven obligadas a asumir jornadas extenuantes, sin prestaciones, sin seguridad social y con ingresos variables.
La pandemia dejó heridas profundas: miles perdieron sus empleos formales y regresaron, forzadamente, a la economía informal para sobrevivir.
En las áreas más desfavorecidas del área metropolitana, la economía informal se convierte en el eje principal de la vida cotidiana: madres que preparan alimentos para vender, abuelos que establecen pequeños puestos improvisados, y jóvenes que se dedican a reparar celulares o motocicletas en patios transformados en talleres.
Mientras el gobierno se jacta del crecimiento económico y la promoción internacional de “Jalisco innovador”, la lucha diaria por la supervivencia se basa en la venta ambulante y en trabajos inestables. Paradójicamente, es esta economía informal la que propulsa al propio sistema.
El gobierno estatal tiende a abordar la informalidad como un inconveniente técnico relacionado con la falta de registro o la evasión fiscal. No obstante, esta perspectiva representa un error de análisis.
La informalidad actúa como una señal de advertencia social que evidencia que el modelo económico actual no asegura los derechos fundamentales.
Para los gobiernos, el debate central no debería centrarse en cómo “erradicar” la informalidad mediante operativos, sino en cómo cambiar este sistema económico para construir un modelo que ponga en el centro el bienestar del pueblo trabajador.
Sin embargo, como bien nos ha enseñado la historia, esta solución no vendrá de quienes nos gobiernan sino del propio pueblo organizado. Por ello, este problema en Jalisco, y en otros estados del país, no desaparecerá a capricho de los que gobiernan; mientras no se ataque de raíz, la informalidad seguirá siendo el lugar donde la mayoría lucha y sobrevive día a día.
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