• Protestas escalan ante omisión institucional y ausencia de soluciones efectivas
En el gobierno de la 4T, sobre todo en el sexenio de López Obrador, se institucionalizaron la burocracia, la ineptitud y la corrupción; ejemplos documentados existen muchos.
La incapacidad para dialogar con sectores inconformes ocasiona que las manifestaciones públicas se conviertan en el único mecanismo para hacerse escuchar.
La incapacidad para gobernar no sólo se refleja en el malestar general de la sociedad, en las obras faraónicas construidas por capricho, sin sustento técnico ni económico, con inversiones multimillonarias; en la caída de los niveles educativos y de salud; en el desplome de la inversión en infraestructura, en el aumento del índice delictivo y de la violencia en todo el país, en la inflación, etcétera.
También se refleja en la nula capacidad para dialogar con sectores inconformes u organizaciones sociales; negligencia o indolencia que ocasionan, necesariamente, manifestaciones públicas o cierres viales como único mecanismo para hacerse escuchar y visibilizar una demanda o un problema sin atender por las autoridades.
En el gobierno de López Obrador, las carreteras bloqueadas y la cantidad de días de un cierre fueron en aumento: “[…] en 2021 la Guardia Nacional reportó 2 mil 351 tomas de casetas y mil 548 bloqueos carreteros, que ese año se registraron principalmente en Sonora, donde indígenas yaquis bloquearon la carretera federal.
Un caso extremo sucedió en Uruapan, Michoacán, donde las vías del ferrocarril fueron bloqueadas durante más de cien días por un grupo de maestros […]” (La Silla Rota, doce de agosto de 2024).
La misma nota periodística informa que: “En 2022 hubo 158 tomas de casetas y 880 bloqueos carreteros y en 2023 se registraron 103 tomas de casetas y 813 obstrucciones de carreteras federales, destacando los estados de Chiapas y Oaxaca, que concentraron el 45.4 % de estas presuntas acciones de protesta social”.
Es conocido que en algunos casos, sobre todo en estos estados, hay “acuerdos” entre grupos mercenarios y autoridades para cerrar carreteras y bloquear casetas de peaje, según sus intereses.
Llama la atención el cierre de la carretera México Puebla, paralizada durante cinco días por ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, quienes exigían la resolución de juicios de expropiación de tierras.
A ese hecho, el entonces presidente contestó airado, advirtiendo que “se podían quedar ahí todo el tiempo, porque lo que es justo se atiende de inmediato, pero cuando es transa no…”. A varios grupos los llamó chantajistas y declaró que “él jamás, desde la oposición, había realizado bloqueos”.
A esta última declaración llovieron evidencias de lo contrario: “López Obrador conoce bien el tema, él mismo encabezó bloqueos y cierres carreteros en el pasado, pero ahora cancela el diálogo y se muestra inflexible. En 1996 bloqueó 51 pozos petroleros en Tabasco y, tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2006, el entonces candidato de la coalición ‘Por el bien de todos’ realizó un plantón frente al Paseo de la Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México” (Reto Diario, 24 de agosto de 2024). Por 47 días estuvo bloqueada la avenida Paseo de la Reforma.
Para la red carretera que opera Caminos y Puentes Federales, el 2025 resultó un año atípico debido a los constantes cierres en casetas y vialidades.
Particularmente en los últimos meses del año pasado, grupos de agricultores y transportistas encabezaron estas movilizaciones, dejando varados a los automovilistas hasta por tres días en el Arco Norte y otras vialidades del país.
Los primeros rechazaban la Ley de Aguas Nacionales y los segundos pedían un freno a los robos y extorsiones que padecen de manera constante. Las protestas exigían mejores condiciones para el campo, precios justos de materias primas y del maíz y seguridad para los transportistas.
Además, se deben sumar los narcobloqueos en distintos puntos de la república y aquellos cierres en vialidades internas de las ciudades por falta de servicios básicos, fundamentalmente agua potable.
Sin duda, ante un cierre vial por varias horas o, peor, por días, se pierden miles de horas-hombre, miles de citas de trabajo o médicas, se interrumpen las cadenas de suministro de mercancías, lo que provoca pérdidas millonarias para empresas, comercios y consumidores.
Pero la responsabilidad mayor, sin duda, es del gobierno en turno, incapaz de comprender las demandas de sus gobernados y de atenderlas; su impericia para gobernar y tozudez traen como consecuencia afectaciones a miles de ciudadanos.
Mientras los gobiernos estatales o el federal, según sea el caso, sigan pensando y operando como lo hizo el expresidente López Obrador, al decir a los manifestantes “pueden quedarse ahí hasta que quieran porque no vamos a acordar nada así, nadie nos puede chantajear”, las cosas no se van a resolver.
Al contrario, al no existir interlocución ni posibilidades de atención a las demandas, las movilizaciones y cierres se seguirán presentando en mayor número e intensidad. Al gobierno le debe interesar el número de personas que se ven perjudicadas, pero también los reclamos sociales, y debe resolverlos sin amenazas ni agresiones.
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