El pasado 30 de agosto se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que propuso en 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de darle formalidad a la búsqueda que realizan familias y amigos de personas que se encuentran desaparecidas; esta fecha, que tendría que celebrarse o conmemorarse con buenos resultados, hoy solo se recuerda con cifras desalentadoras y con políticas de gobiernos que poco o nada hacen para ayudar a encontrar a los familiares desaparecidos.
Jalisco, centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, designado por Estados Unidos como “organización terrorista”, es el estado con el mayor número de personas desaparecidas, con casi 15 mil 700.
A decir de estadísticas, México registra oficialmente 120 mil personas desaparecidas, una cifra que aumentó de forma exponencial desde finales de 2006, cuando el gobierno militarizó la lucha contra los cárteles de la droga.
Jalisco, centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como “organización terrorista”, es el estado con el mayor número de personas desaparecidas, con casi 15 mil 700.
Y aunque los números van cada día en aumento, hasta la fecha no hay políticas que garanticen que el número de desaparecidos se detenga o por lo menos asegure encontrar a las personas que han sido privadas de su libertad; esta situación, que pareciera ajena a la de muchos otros pueblos, es la misma que impera en un sistema capitalista, en un sistema que sólo garantiza la explotación del hombre por el hombre.
Hoy en día, los desaparecidos son la resultante de una carente estrategia para eliminar la pobreza o para garantizar mejores condiciones de vida de los mexicanos.
En Baja California, la cifra de desaparecidos asciende a 4 mil 451. Para los familiares, cada número es un rostro, un nombre y una historia suspendida en la incertidumbre. Esta situación, que no es nada alentadora, se complica cuando se expone que, de parte de las autoridades gubernamentales, sólo han tenido algunas recomendaciones, y muchas veces omisiones.
Ante las carencias de políticas y la indiferencia de algunos gobernadores, se han creado colectivos de búsqueda, quienes tienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, por lo menos en restos, pues de las autoridades nada han obtenido; las historias de los cientos de desaparecidos se repiten, así un diario local resalta una de las historias.
“Ya pasaron dos años y medio y seguimos con las búsquedas”, dijo su madre, Emilia Morales, integrante del colectivo Armadillos Mexicali. “Hemos ido al Valle, hemos rastreado la zona del carro, no paramos. Hoy José Emilio tendría 21 años”.
Aunque el Día Internacional pretende ser un espacio de memoria, Emilia admite que la fecha no le trae consuelo. “Para mí es como cualquier otra. Trato de no escuchar las historias de las demás madres porque es muy frustrante. Prefiero ocuparme en planear nuevas búsquedas”, expresó.
De acuerdo con la ONU, las desapariciones forzadas constituyen un crimen de lesa humanidad cuando son sistemáticas o generalizadas, pues siembran terror colectivo e inseguridad. En Baja California, colectivos advierten que los vacíos en las investigaciones agravan la crisis y obligan a las familias a salir al campo, palas en mano, en busca de sus seres queridos.
Hoy le toca al pueblo organizarse y luchar, organizarse y aprender que solamente de manera organizada se podrán resolver todos estos grandes problemas, apoyar a estos colectivos y garantizar, por medio de la protesta social, que los gobernantes atiendan este problema, es tarea de todos.
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