Terminó la semana esperando que los grandes temas que ocuparon la atención pública concluyeran de la mejor manera, en beneficio de los mexicanos, pues se trató sobre un asunto crucial en la vida política de México: la permanencia legal del ejército en las calles, realizando actividades de policía civil, para garantizar la seguridad ciudadana.
Todos teníamos en mente que ahora sí se anunciarían medidas concretas y efectivas que provoquen un ambiente de seguridad, que ninguna familia o individuo se sienta amenazado en su persona por algún acto de violencia, extorsión, o sea testigo de balaceras y masacres que, a plena luz del día, se suscitan en diferentes estados de la república. Simplemente se aprobó, tanto en la Cámara de diputados cómo en el Senado, la estancia del Ejército Mexicano en las calles hasta el año 2028, solo falta que los congresos locales lo aprueben para elevarlo como ley y así modificar la constitución.
No habían transcurrido ni 24 horas de este acontecimiento, cuando se da a conocer, a través de los medios de comunicación, otra masacre, ahora en San Miguel Totolapan, Guerrero, que dejó un saldo de 20 muertos por la disputa entre cárteles de la droga. Entre los fallecidos se encontró al alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su propio padre, exalcalde, además el terror que diario vive la población de esa localidad.
Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de algún legislador sobre este hecho violento; seguramente consideran que es asunto que les corresponde a las corporaciones policiacas investigar y sancionar, y que, ante semejante acto de barbarie e impunidad, tenga efectos positivos lo que aprobaron los legisladores de ambas Cámaras, situación que aún está por verse.
Pero lo que sí queda claro de esta situación, es el proceder de algunos diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias, particularmente de Morena, que, ante su falta de oficio político, como viven y piensan, así legislan; así elaboran leyes para gobernar. Ante la falta de capacidad argumentativa y elementos para convencer para que sean aprobadas sus propuestas, inmediatamente hacen uso de la descalificación, el insulto verbal, la agresión física, la amenaza y chantaje político como armas fundamentales, de las que se valen por tener el poder del país, personificado en el presidente Andrés Manuel López Obrador y contar con la mayoría parlamentaria en ambas legislaturas olvidando que están en esas posiciones por los votos de los mexicanos que confiaron en ellos para construir un mejor país, y que a ellos se deben.
Entre una infinidad de ejemplos que podemos mencionar, están los casos de la senadora por Baja California Sur, Lucia Trasviña Walderath, ampliamente conocida en su entidad por portar armas en su vida cotidiana, que con su lenguaje florido, del bajo mundo, cada vez que quiere increpa a sus pares opositores cuando hacen uso de la voz, de la senadora Rocío Abreu Artiñano, de Campeche, que se volcó contra la vida personal de la senadora Lilly Téllez y pretender golpearla en la tribuna, en pleno debate sobre el papel que deben desempeñar las fuerzas armadas, y de la Senadora Trans, que es fiel retrato del lenguaje, actitud y vida política del morenismo.
Y no se diga del mismísimo secretario de Gobernación, Adán Augusto López que operó a través de otros morenistas para convencer a los legisladores opositores de que aprobaran la iniciativa, so pena que, al no hacerlo, publicaría sus negocios personales y familiares vigentes; al final el objetivo era alcanzar, a como diera lugar, la mayoría calificada para imponer la iniciativa presidencial.
Finalmente, para comprobar que los legisladores no legislan, aparece el senador Ricardo Monreal, de lo más destacado de Morena, en pleno Senado, compartiendo estampitas del mundial, cuando Zacatecas, que gobierna su hermano, es el estado más ensangrentado del país. Esta es la Cuarta Transformación de la que todos los días presume el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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