La manifestación que alcaldes llevaron a cabo en Palacio Nacional el pasado 22 de octubre, con lo que pretendían ser escuchados por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y solicitarle modifique su disposición de recortar recursos para los más de 2400 municipios que tiene el país resultó en una represión abierta usándose gas lacrimógeno contra ellos, después tuvieron que soportar la dosis de burla y escarnio público, alentado como siempre por el titular del Ejecutivo Federal.
Muy a sus estilo la acción fue minimizada por el presidente afirmando que fue un acto de provocación de los grupos opositores del PRI, PAN y PRD, además, dijo que le ventanilla correcta es la Cámara de Diputados donde se discute el presupuesto a ejercer en 2020 sabiéndose de antemano que de allí nada sacarán pues la mayoría de los diputados son en su mayoría de Morena (247 de 500 en total), y ya se ha visto que están para decirle sí a todo lo que venga del ejecutivo traicionando al pueblo que confió en ellos.
La descalificación denigrante es aplicada a todos aquellos que divergen de la visión del primer morenista y lo hace sin rubor acusando de corruptos, intermediarios y fifís. Los antorchistas somos los que más hemos sufrido la carga excrementicia vertida por él y que no ha quedado sólo en palabras, sino que la represión se ha materializado en diversas acciones que son del dominio público, sin embargo, la de mayor importancia fue la prohibición de realizar el evento de 45 aniversario el pasado 13 de octubre en el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde el pueblo pobre organizado se reuniría en cantidad de 60 mil para demostrar su unidad ante la tentativa de desarticular todo tipo de organización que no sea del tipo de sus aplaudidores.
En este escenario se da la lucha de los Presidentes Municipales contándose allí a gente emanada de todos los partidos incluidos a muchos que se alzaron con el triunfo bajo las siglas de Morena forzados a inconformarse ante la 4T que sometió a gobernadores y munícipes por igual, pero denotándose mayor mala intención contra los priistas a quien salvo excepciones como el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, se sigue buscando afectarlos con la desaparición de programas como el 3 x 1 para migrantes o el Fondo Minero como es el caso de Zacatecas, entidad donde dejarán de recibirse bajo este concepto más de 700 millones de pesos que antes se usaban esencialmente en la construcción, mejora y mantenimiento de escuelas, carreteras y caminos rurales, en obras y mantenimiento de espacios públicos, en ampliación y mantenimiento de redes de agua potable.
Al momento no se sabe qué implicaciones y alcances tenga el asunto, pero lo cierto es que este movimiento está cobrando fuerza en las entidades donde muchos alcaldes, más allá de colores se pueden sumar a esta lucha legítima (pues salvo los consentidos que se entiende reciben recursos a discreción y no sufren lo que el resto, por lo mismo están muy calladitos, no reclaman, no se inconforman, ellos así están bien), piden se establezca un canal de comunicación con los presidente municipales que están aplicando políticas de austeridad, sin embargo los recursos no les alcanzan para atender a la población, también exigen se detenga la embestida contra la vida institucional, coincidiendo en que aún se puede corregir y ampliar el Presupuesto de Egresos del 2020 y en este asunto como en otros delicados (dada la lógica usada caso Culiacán), debe imperar la razón y no el capricho.
Los alcaldes ya se decidieron a correr los riesgos de reclamar legalidad, pero hay que decir que no deben ir solos, que deben sumar al pueblo que los eligió como sus servidores públicos pero con la condición de que le tienen que hablar con la verdad, deben convencerlo de que su intención es legítima y que los recursos que buscan serán para proyectos de construcción de obras necesarias y para la regularización de los servicios públicos como es su obligación, según lo establecido en el Artículo 115 de la Carta Magna.
Después de su dosis de lacrimógeno fue pactado un encuentro con Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación y personal de la Secretaría de Hacienda para el día jueves, pero al final no llegaron lo que causó molestia entre los solicitantes y esto pasa porque aunque su demanda es urgente los ven solos y por tanto se debe insistir en que acudan al pueblo y eso es retomar la lucha social, misma que muchas veces ellos mismos han combatido y reprimido, medida que también le han aplicado a Antorcha.
Bajo el régimen antidemocrático, centralista y unipersonal de AMLO crece la idea de que los mexicanos necesitamos el desarrollo del entorno y que para eso se debe destinar los recursos del erario para obras como pavimentación de calles, creación de espacios deportivos, dotar de agua potable y alcantarillado sanitario a las comunidades, etc., y no sólo emprender acciones asistencialistas a través de las tarjetas con dinero a la población convirtiendo a estados y municipios en administradores de nómina, lo que provocará que el gobierno federal y la iniciativa privada hagan obra pública desperdiciando todo el aparato burocrático que puede y debe hacerse más eficiente pero no desplazarlo porque de lo que se trata es de combatir la corrupción y con acciones como las de la 4T no se abona al objetivo.
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