Abril se ha convertido en un mes trágico y de luto para el Movimiento Antorchista de Guerrero, tras los arteros asesinatos de cinco destacados compañeros de la organización, por cuyas muertes se sigue exigiendo justicia ante el gobierno estatal morenista encabezado por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El 18 de abril de 2019, fue asesinado a balazos Alfonso Cruz Rivera, quien fuera suplente del entonces presidente municipal antorchista de Zapotitlán Tablas, José Santiago Agustino, uno de los líderes más queridos del pleno antorchista de Escalerilla Lagunas, comunidad donde inició trabajo en Guerrero el Movimiento Antorchista, hace más de 34 años; fue acribillado cerca de Xalpizáhuac, sobre la carretera Lucerito-Tlatlauquitepec, en el municipio cercano de Atlixtac, región Montaña.
La ola de ejecuciones continúa en todo el territorio guerrerense: en el sangriento sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó también la persecución y los asesinatos de líderes sociales en México.
Un año después, el 28 de abril de 2010, fue acribillado a balazos el presidente municipal y miembro activo del Pleno Antorchista, José Santiago Agustino en Chilpancingo, cuando salía del mercado “Benito Juárez” junto con algunos asesores, regidores, chofer y otros cercanos colaboradores e intentaba abordar su vehículo Jetta color gris, falleciendo de manera instantánea.
Quince y catorce años después de los crímenes ocurridos contra destacados compañeros de la región Montaña, aún no hay ningún avance de las investigaciones.
También en abril, el día 12 del año 2023, otra noticia cimbró a los guerrerenses al enterarse del atroz asesinato de Conrado Hernández Martínez, integrante del Comité Estatal y representante de la organización en la región Centro; su esposa, Mercedes Martínez, destacada militante del Movimiento Antorchista, quien trabajó durante años al lado de campesinos de La Cañada, en la región Montaña; y del hijo de ambos, Vladimir Tlacaélel, de tan sólo cinco años de edad.
En un principio se hablaba de un lamentable accidente ocurrido cerca de Chilpancingo. Las versiones de que el vehículo había caído al fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad se desvanecían conforme pasaban las horas porque el auto no presentaba daños en la carrocería, ni siquiera tenía los vidrios quebrados, además, los tres cuerpos estaban apilados en el asiento trasero, haciéndose cada vez más evidente que se trató de una masacre, lo que días después confirmaron las autopsias realizadas a los cuerpos: los adultos fueron muertos a golpes y el niño murió asfixiado.
Ante la crueldad de los asesinatos, Chilpancingo se convirtió en epicentro de las protestas de antorchistas de todo el país, realizando marchas, mítines, cadenas humanas e innumerables visitas a la FGE, incluso al Palacio Nacional en busca de resultados.
En todos los casos se ha levantado la voz en busca de justicia, sin resultados positivos hasta el momento; a un año de la masacre de la familia antorchista, se realizó una megamarcha que concluyó con un mitin y jornada cultural de protesta en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac” de Chilpancingo.
Mantener la lucha para cambiar las condiciones de vida de los que menos tienen es el mejor homenaje a los caídos, que siguen presentes en la lucha de antorchistas guerrerenses y de todo el país, que no concluirá hasta que haya justicia, es decir, hasta que los asesinos materiales e intelectuales estén tras las rejas.
Lamentablemente, la ola de ejecuciones continúa en la capital y en todo el territorio guerrerense: en el sangriento sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador —que está por concluir— se incrementó también la persecución y los asesinatos de líderes sociales en México. En este contexto de violencia que ha puesto a la democracia en el punto de mira, se avizoran los comicios electorales del 2 de junio.
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