Hace algunos meses, la Cámara de Diputados de Querétaro aprobó una iniciativa de ley que contempla el primer registro estatal de organizaciones de la sociedad civil en el estado. Según esto, hubo varios intentos en pasadas legislaturas, pero fue hasta esta, en la que las iniciativas de las diputadas Beatriz Marmolejo Rojas y Graciela Juárez Montes fueron unificadas para dar paso a esa ley.
Esta ley considera ocho objetivos esenciales para el fortalecimiento de las organizaciones: fomentar su creación, participación y permanencia de estas; establecer las facultades de las autoridades en este rubro; crear el registro estatal de organizaciones de la sociedad civil y fijar las bases para la participación; establecer los derechos y obligaciones de las organizaciones sujetas a esta ley; fomentar las actividades que realizan, promover e incentivar la creación de redes de las organizaciones que persigan un objetivo común; crear convenios de concertación social de los ámbitos público, social y privado; así como señalar las infracciones, sanciones y medios de impugnación para transparentar la aplicación de recursos públicos.
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) aprobó el programa con el que se apoyará a las organizaciones de la sociedad civil, con vigencia del 15 abril al 31 de diciembre de 2022, y que irá en concordancia con el Plan de Desarrollo 2021-2027 y el eje de gobierno ciudadano.
El programa tiene el objetivo de “fortalecer su trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como actores esenciales para el desarrollo social de la entidad, toda vez que a través de sus actividades promueven el desarrollo de grupos y personas que se encuentran en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad”.
Las organizaciones sociales surgen como una estrategia para encontrar un bienestar común entre sus integrantes; cuentan con su propia estructura, su propia forma de financiar su actividad sin fines de lucro y, además, no dependen del Estado. El objetivo de las organizaciones de la sociedad civil es luchar contra la marginación, la vulnerabilidad y la erradicación de la pobreza, es decir, garantizar los derechos humanos de las personas.
Sin embargo, pareciera que la creación de una ley como esta, justificando la ayuda social, es controlar la existencia de las organizaciones, pues ahora se debe regular su funcionamiento. ¿No será más bien una forma de inhibir e impedir la libre organización de las personas que al sentirse desatendidas en la mejora de su bienestar luchan para exigir a las autoridades que cumplan con su obligación?
Los movimientos sociales originados por los desaparecidos, por los feminicidios, por exigir paz en el país, atención a la salud pública, entre otros más, son una clara manifestación del equivocado sistema económico y político que se promueve en nuestro país. La población exige, cada vez más, justicia social y por eso decide organizarse.
Si en Querétaro se aprobó un plan que considera atención a las organizaciones de la sociedad civil, ojalá las autoridades consideren lo que los antorchistas reclaman desde hace más de treinta días, afuera del Palacio de Gobierno, que la CEA cumpla y dé agua potable a campesinos de Cadereyta, eso también es luchar contra la erradicación de la pobreza.
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