Cuando una presidenta rinde cuentas, no sólo habla su voz: también lo hacen los rostros que se sientan en la primera fila. El 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su primer informe de gobierno, y las imágenes del evento dejaron claro un contraste incómodo: mientras millones de mexicanos sobreviven con salarios que apenas alcanzan para la canasta básica, quienes acompañaron a la mandataria en Palacio Nacional fueron los políticos de la élite y los empresarios más acaudalados del país.
Especialistas como Julio Boltvinik calculan que más de 100 millones de habitantes siguen siendo pobres; la mitad en situación extrema. ¿Dónde está, entonces, la victoria?
Los nombres son conocidos. Carlos Slim Helú, el magnate de las telecomunicaciones; Germán Larrea, principal accionista de Grupo México; Carlos Slim Domit, heredero de América Móvil; Daniel Chávez, cabeza del emporio hotelero Vidanta, y Altagracia Gómez, representante de un consejo empresarial cercano al nuevo gobierno.
Todos ellos ocuparon lugares privilegiados. Faltaron, en cambio, campesinos, obreros, mineros, trabajadores de fábricas, estudiantes de comunidades marginadas o pueblos indígenas. Es decir, las mayorías que dicen ser la base de la llamada 4T.
¿A quién se invita cuando se quiere mostrar el rumbo de un país? A los aliados, a quienes se busca convencer de que la administración trabaja en su beneficio. Y si los invitados centrales son millonarios, resulta difícil sostener que se gobierna “para los pobres”.
Mientras tanto, el discurso oficial insistió en celebrar la supuesta reducción de la pobreza. Se habló de millones de personas que dejaron atrás esa condición, de logros que merecen presumirse en foros internacionales. Pero la otra cara de la moneda es distinta.
Especialistas como Julio Boltvinik calculan que más de 100 millones de habitantes siguen siendo pobres; la mitad en situación extrema. ¿Dónde está, entonces, la victoria?
El aumento en los ingresos de las capas más bajas es casi simbólico. Apenas unas monedas adicionales al día, cantidad que no garantiza ni el costo del transporte urbano en muchas ciudades. En contraste, el 1 % más rico del país obtiene cada día ingresos miles de veces superiores. La brecha no se reduce, al contrario: se ensancha.
El gobierno presume que el 10 % con menores recursos gana poco más de 2 mil pesos al mes. ¿Qué familia puede sobrevivir con eso? Renta, alimentación, servicios básicos y educación quedan muy lejos de cubrirse con esa cantidad.
Mientras tanto, el 1 % más privilegiado acumula cerca de 1 millón de pesos mensuales. La desigualdad salta a la vista, pero se pretende maquillar con cifras que celebran lo mínimo.
Lo más alarmante es cómo, durante el gobierno anterior, las fortunas de los grandes empresarios crecieron a velocidades sorprendentes. Carlos Slim prácticamente duplicó su riqueza, mientras Germán Larrea multiplicó la suya casi diez veces. Esa es la otra transformación: la que asegura que los ricos sean cada vez más ricos, mientras los pobres apenas reciben migajas.
Por eso no sorprende quiénes estuvieron en el informe. Los pobres no recibieron invitación porque su presencia incomodaría el relato de éxito. ¿Cómo sentar junto a Slim a un trabajador que gana 2 mil pesos al mes? ¿Cómo explicar a un indígena desplazado que el país está mejorando? Es más fácil rodearse de empresarios satisfechos que de ciudadanos que exigen soluciones reales.
La pregunta que se abre es seria: ¿qué hacer cuando los gobiernos, incluso los que se autoproclaman “del pueblo”, terminan gobernando para las élites económicas? La respuesta no puede ser esperar milagros desde arriba. La historia enseña que sólo la organización y la acción política de los sectores marginados puede alterar el rumbo.
Hablar de “partido de los pobres” no es un capricho, es una necesidad. Sin una fuerza capaz de disputar el poder desde abajo, las promesas de equidad seguirán siendo discursos vacíos.
Un proyecto que busque redistribuir la riqueza de verdad tendría que plantear cambios radicales: revisar privilegios fiscales, impulsar una reforma agraria integral, garantizar empleo digno y reorientar el gasto público hacia educación, salud y vivienda.
Los dieciséis pesos adicionales que hoy reciben los más humildes no son solución; son un insulto. No basta con caridad disfrazada de política pública. Lo que se requiere es transformar de raíz el modelo económico que mantiene a millones en la precariedad.
El informe presidencial fue, en esencia, un espejo que refleja los dos Méxicos que coexisten: el de los multimillonarios que aplauden desde el palco y el de los trabajadores que sobreviven en la periferia. Uno vive en la abundancia; el otro en la resistencia.
Mientras esos mundos no se encuentren en condiciones de igualdad, el discurso de justicia social seguirá siendo un decorado para la foto oficial.
La conclusión es inevitable: sin organización popular y sin una lucha real por el poder, los pobres seguirán siendo convidados de piedra en su propio país. Y cada septiembre, los informes serán celebraciones para los de arriba, nunca para los de abajo.
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