Ya van dos años que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder y se comprometió a solucionar todos los problemas de este país, sobre todo acabar con la corrupción y la delincuencia. La realidad en México, es que el crimen común es la principal amenaza que la población mexicana siente en carne propia, en todos los estratos sociales. Las fuerzas de seguridad no logran reducir los índices de delito. Los cuerpos policiales son acosados por los políticos que los conducen y les exigen eficiencia; por la población, que exige el fin de la corrupción, y por los carteles, que los buscan para que trabajen para ellos. Todo esto ha generado una realidad dramática que ha hecho que los militares comiencen a encargarse del trabajo de la policía.
En la investigación realizada por Mariana León, el 10 marzo 2020, cita que entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mencionan que México es el país en el que la población se siente más insegura y donde se gana menos. Estos datos provienen del estudio "¿Cómo va la vida 2020? Midiendo el bienestar social".
Otra fuente, Paul Frissard Martínez y Daniela Osorio, informan que el pasado 20 de junio se actualizaron las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte de información al 31 de mayo de 2020, que es la información oficial más actualizada hasta el momento, revelan información por demás preocupante.
Pero ¿qué nos dicen estos datos? En materia de homicidio doloso y feminicidio, observamos que desde julio de 2018 (mes con el mayor número de víctimas registradas en los últimos cinco años: 3 158 a nivel nacional) el fenómeno parece haberse estancado en niveles muy altos (2 974 víctimas mensuales en promedio), con repuntes importantes como el mes de marzo de 2020 (3 106 víctimas). Encontramos que, durante los primeros cinco meses de 2020, Guanajuato (con 1 911 víctimas), el Estado de México (1 272), Baja California (1 170), Chihuahua (1 148) y Jalisco (1 117) presentaron las cifras más altas en este ámbito. De hecho, las tendencias observadas en las entidades federativas más letales son heterogéneas. Mientras que en el Estado de México la violencia letal ya se encontraba en niveles muy altos desde 2015 (197 víctimas mensuales en promedio) y "solamente” aumentó de 29% en cinco años, en Chihuahua y Jalisco el número de víctimas registradas mensualmente se duplicó, en Baja California triplicó, y en Guanajuato hasta quintuplicó (pasando de 82 víctimas mensuales en 2015 a 382 en 2020) durante el mismo periodo.
Por tanto amigo lector, se ve claramente que muy lejos del objetivo de fortalecer y profesionalizar a las policías locales y municipales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 que presentó el Gobierno federal a la Cámara de Diputados, propone eliminar casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país y en vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, destinará la mayor parte de esos recursos a incrementar en 3 mil 300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada Guardia Nacional.
Con la cancelación de recursos al Fortaseg, fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas donde se concentra el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda no sólo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional y que, sin esos recursos, quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.
Según el proyecto del PEF 2021, el mencionado Fortaseg recibirá cero pesos y se le eliminan los 4 mil millones de pesos que, etiquetados por el gobierno federal, eran enviados a los municipios o los estados que tienen mando único policial. Casualmente, mientras se castiga a los municipios con el feroz recorte, se tiene previsto aumentarle el presupuesto a la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad militarizado creado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que se le destinan mayores recursos aunque eso no signifique que la Guardia tendrá mayor capacidad ni efectividad en sus operaciones, mismas que hasta ahora no han dado los resultados ofrecidos. Sin el FORTASEG, se le quita al SESNSP la facultad de fijar a los municipios cómo deben aplicar los montos etiquetados para reclutamiento, capacitación, armamento, tecnología y certificación de sus policías.
Tan sólo en Quintana Roo, en la zona norte donde se concentra la mayor población, está a punto del colapso, menciona la revista Forbes en su publicación. El deterioro en seguridad es alarmante, lleva dos años consecutivos que duplica su tasa de homicidio. Por comparar, recordemos que el mundo tiene una tasa de 6.2 homicidios por cada 100 mil habitantes y México cerró el 2018 con su mayor tasa histórica de 23. Pues bien, Quintana Roo se ubica 4 veces por arriba de la tasa nacional y 10 veces por arriba de la tasa mundial.
Esto es aún más grave si se analiza a nivel municipal: Benito Juárez (Cancún) tiene una tasa de 82, Tulum 81, Solidaridad 79, Puerto Morelos 78, Bacalar 49, Lázaro Cárdenas 36 e Isla Mujeres 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el problema no para ahí, en el Semáforo Delictivo vemos rojos y deterioro en otros delitos como robo de vehícu extorsiones, robo a negocio, lesiones dolosas y violencia familiar. El estrés se extiende a todo el sistema. La baja en turismo, al igual que sucedió en Acapulco o en Los Cabos, es cuestión de tiempo y se puede precipitar con una historia de terror, pues en este ambiente de corrupción y violencia extrema, la sociedad y la autoridad se colapsan.
Los antorchistas no estamos de acuerdo con el recorte de Presupuestos de Egresos de la Federación 2021. La misión de una autoridad estatal o municipal no es la guerra sino el desarrollo económico, social y urbano, y en materia de seguridad, la prevención de los delitos patrimoniales y socio familiares.
La causa de este deterioro no está a nivel local sino a nivel federal. El Gobierno federal le ha creado un caos al país al intentar combatir con balas. Lo hemos dicho muchas veces, los mercados no se combaten con policías o ejército, sino con principios económicos. Pero el Gobierno mexicano parece que no quiere entender la lección. Quintana Roo no es la excepción, sino la regla. Los invitamos amigos a organizarnos para defender nuestros derechos, a tomar el control del poder político y gobernar en beneficio de todos los mexicanos.
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