Aguascalientes reduce la pobreza extrema, pero la desigualdad económica mantiene a muchas familias en la sombra.
Aguascalientes, Ags. Aunque las autoridades han presumido una reducción de la pobreza extrema a solo 0.6%, según cifras recientes del INEGI y el CONEVAL, este avance —aunque importante— resulta insuficiente frente al problema central que sigue marcando la vida de miles de familias: la profunda desigualdad económica. Esta brecha no solo limita el desarrollo social del estado, sino que impide cualquier posibilidad real de movilidad para las clases trabajadoras.
Los datos oficiales indican que 17.1% de la población permanece en pobreza multidimensional, una condición que evidencia que tener ingresos no garantiza una vida digna. Miles de personas carecen de servicios básicos como salud, seguridad social y educación de calidad. Esta forma de pobreza, enraizada en carencias estructurales, no se resuelve con apoyos asistenciales ni con indicadores estadísticos favorables.
El coeficiente de Gini —una de las principales mediciones de desigualdad— confirma que la distancia entre quienes más tienen y quienes menos poseen prácticamente no ha cambiado, lo que demuestra que el crecimiento económico no está llegando a la base de la pirámide social.
A esta realidad se suma que 36.9% de la población enfrenta pobreza laboral, lo cual revela que incluso quienes trabajan no ganan lo suficiente para cubrir lo más elemental. Es decir: el empleo no garantiza sobrevivencia, un signo claro de un modelo económico que exprime a los trabajadores mientras beneficia a unos cuantos.
Diversos activistas sociales han señalado que, pese a los discursos oficiales, no existe una política de redistribución de la riqueza capaz de revertir estas desigualdades históricas. Aseguran que los programas sociales se han convertido en paliativos temporales que alivian momentáneamente el bolsillo, pero no transforman las condiciones estructurales que producen pobreza y marginación.
Además, acusan que los apoyos gubernamentales se encuentran desbalanceados y orientados más a generar clientela política que a construir un verdadero desarrollo social, pues privilegian el asistencialismo sobre la inversión en servicios públicos, infraestructura educativa, salud, vivienda digna y oportunidades laborales reales.
Frente a este panorama, se exige tanto al gobierno estatal como al federal que impulsen políticas redistributivas serias, con una estrategia de largo plazo que no dependa únicamente de subsidios, sino de inversiones que transformen de fondo las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
Sin cambios estructurales, advierten especialistas y organizaciones sociales, la desigualdad seguirá siendo el mayor obstáculo para el desarrollo del país, y los avances en pobreza extrema serán solo cifras que ocultan la precariedad en que viven millones.
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