La educación es un derecho básico de todos los niños y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos, y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos.
En México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores como son la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Además, los que sí tienen acceso a ella, tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria.
Los niños, niñas y adolescentes indígenas en México presentan más dificultades y tienen menor acceso a la educación que el resto. Por ejemplo, solamente uno de cada 10 adolescentes que habla una lengua indígena y no español asiste a la escuela en México, en comparación con 7 de cada 10 del resto de la población.
Solamente dos de cada cinco adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria. Aunque en los distintos grupos de edad son diferentes los factores económicos, sociales y de desempeño escolar que contribuyen a que los estudiantes dejen de asistir a la escuela, la pobreza es uno de los de mayor peso.
De los estudiantes de primaria, la mitad de las niñas y los niños de 6º obtienen resultados bajos en lo que respecta a lenguaje y comunicación. Y la agravante se acentúo más a consecuencia del Covid-19. A raíz de la pandemia, la deserción escolar es uno de los problemas que más afectaron la educación en México.
Son miles de niñas, niños y adolescentes que han tenido que retirarse de las clases por diferentes razones, entre ellas, el cierre definitivo de las escuelas, la falta de herramientas tecnológicas para comunicarse con sus docentes y la inserción en actividades laborales.
Se estima que tras la pandemia por Covid-19, al menos 180 mil niñas, niños y adolescentes se sumaron a los 3.3 millones de menores que ya laboran en el país.
De los más de 29 millones que hay, el 11% ya ha realizado algún tipo de trabajo infantil. Niños y jóvenes jornaleros trabajan en la pisca teniendo que soportar varias horas de trabajo bajos los rayos del sol. Entre las edades de 5 y 17 años que viven en México, 11% realiza a su corta edad algún tipo de trabajo. La mayoría de ellos comenzó entre los seis y los ocho años, y casi uno de cada cuatro de estos niños no recibe ninguna remuneración económica.
Se continúa normalizado que niñas, niños y adolescentes realicen algún tipo de trabajo, pese a que organizaciones de la sociedad civil internacionales y nacionales como Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han señalado que eso tiene múltiples consecuencias negativas, pues la explotación laboral infantil interfiere con la educación, salud mental y física de los menores e incluso puede llegar a afectar su productividad en la vida adulta.
De acuerdo con estas organizaciones, el trabajo infantil priva a los menores de su niñez, de su educación o les exige asumir una doble carga: el trabajo y la escuela, e incluso los pone en peligro, ya sea por la propia naturaleza o por las condiciones en que realizan estos trabajos, pues en ocasiones también son obligados a realizar alguna actividad ilícita como el tráfico de drogas o la prostitución.
De acuerdo con el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, diseñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en alianza con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado en 2022, México es el segundo país de Latinoamérica con más casos de trabajo infantil.
Si bien la OIT señala que el trabajo infantil rara vez sucede porque los padres sean malos o no les importe, destaca que éste surge por la falta de justicia social. En México, la pobreza es el factor de mayor preponderancia que orilla a los menores a realizar actividades laborales.
Los sectores en los que trabajan niñas, niños y adolescentes de México son principalmente el sector primario o agropecuario, que ocupa 27.4 por ciento; seguido del sector de servicios con 25.5 por ciento; el comercio con el 24.1 por ciento; el sector industrial con el 18.5 por ciento y, finalmente, la industria de la construcción con 4.9 por ciento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que cerca de 589 mil 300 menores de edad trabajan en el campo.
Según datos del Inegi, entre los motivos por los que las niñas, niños y adolescentes se encuentran trabajando están: el 26.6 por ciento lo hace por gusto o sólo por ayudar; el 20 por ciento “para pagar su escuela y/o sus propios gastos” y el 15.3 por ciento porque “el hogar necesita de su trabajo”.
Las jornadas laborales de los menores de edad son de hasta 14 horas a la semana en el 62 por ciento de los casos, mientras que el 14 por ciento tiene jornadas de más de 36 horas a la semana. El 95 por ciento de las y los adolescentes de 14 a 17 años que trabaja en el país lo hacen en el sector informal ya que los empleadores prefieren contratar a personas menores de edad para abatir al máximo los costos de producción, pues a ellas y ellos se les paga menos, de ahí que el crecimiento de la informalidad significa un riesgo para abrir las puertas al trabajo infantil.
Ante la problemática actual que enfrenta la población infantil de nuestro país, el gobierno sigue sin preocuparse por erradicar la pobreza extrema y generar mejores condiciones en la educación, arremete contra ella generando nuevamente imposiciones como es la modificación que recientemente se realizó en los materiales didácticos para el nivel básico, que han causado confrontaciones y sembrado dudas en la población.
La polémica que han generado los libros de texto gratuitos por errores, calificados por las autoridades educativas mexicanas como “áreas de oportunidad”, así como por una educación temprana sobre diversidad sexual, reproductiva, familias diversas y cargas ideológicas no es más que una prueba de la falta de transparencia que ha prevalecido por parte del gobierno actual para informar sobre quiénes participaron y cómo se llevó? a cabo el proceso, donde no se tomó en cuenta la participación de los padres de familia, docentes y especialistas en materia educativa, tal como lo establecen las normas, así como una total y absoluta imposición ideológica de quienes encabezan el poder de este país.
Actualizar los libros de texto conlleva un análisis por parte de un equipo multidisciplinario, con la colaboración de expertos y científicos que propongan contenidos y modelos educativos que garanticen el desarrollo de la niñez y la adolescencia, que incentive y promueva una educación de calidad y que ponga a la mano mejores materiales y conocimientos para las alumnas y los alumnos que cursan la educación básica, situación de la que adolece esta modificación.
La educación es una puerta al desarrollo, al crecimiento, a una formación y adquisición de conocimientos y herramientas que fortalezcan las habilidades, por eso es que debemos exigirle al gobierno que asegure el aprendizaje, que garantice que la docencia a nivel nacional cuente con todas las herramientas y recursos necesarios para la detención y canalización de casos de violencia, la salud mental y por supuesto, casos de deserción escolar en los estudiantes así como asignar mayores recursos para la creación de programas de detección, atención y eliminación del trabajo infantil.
Si es verdad que en las manos de las niñas y niños está el futuro de México ¿la pobreza económica y educativa que padecen, será una esperanza para mejorar las condiciones de nuestro país? Yo no lo creo. Hace falta luchar y organizarse.
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