Cuando se creía que la época de los crímenes de Estado perpetrados por los gobiernos eran asunto de historia y museo, superada ya por una democracia madura que propicia la coexistencia de voces divergentes de la sociedad, la cruda realidad nos recuerda que vivimos en una sociedad dividida en clases sociales y que el poder político está sometido y dirigido por los sectores que detentan el poder económico. Si a ello le sumamos que a la cabeza del gobierno hoy se hallan trásfugas de diversos partidos, cuya única afinidad parece ser es el interés de lucrar con el poder, usando la demagogia, con un rumbo errático, sin ideología clara; obtenemos una idea muy aproximada de la realidad nacional de hoy.
El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) viola sistemáticamente las leyes y usa el terror para perseguir a quienes se atreven a denunciar la situación real de nuestro país y la indolencia de su gobierno.
Lo que comenzó como reclamo mediático de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a quienes no lo apoyaron en sendos mítines postelectorales (lo que carecía y carece de sentido, pues por eso son opositores), hasta donde va, parece una política gubernamental para suprimir todo tipo de disidencia política por todos los medios posibles.
La perfidia de la 4T está dirigida particularmente al Movimiento Antorchista Nacional porque es una organización social representativa de los grupos más marginados del país, de los sectores más vulnerables de la patria que no pueden vivir de la demagogia, sino que padecen a diario las consecuencias de la indolencia gubernamental desde siempre y que se han agravado con el gobierno nacional actual.
Como primer paso, con el argumento de la lucha contra la corrupción, se privó a los grupos organizados de la posibilidad de realizar gestiones a favor de los grupos más sufrientes del país, de personas que no tienen ni para comer diariamente, que carecen de recursos para preservar su salud, que no cuentan servicios básicos en sus colonias y pueblos, que no poseen vivienda y, muchos, están privados de un empleo para sostener a sus familias. Y que ahora tampoco tienen derecho a organizarse para pedir, sino sólo esperar a que el gobierno los tome en cuenta para algún apoyo "directo" (claro, si simpatizan con su partido). Según el gobierno, eso acabaría con lo "moches" y "piquetes de ojo" que realizaban los grupos gestores. El gobierno pareció razonar así: así todas las organizaciones desaparecerían, pues se acaba la esencia de su existencia y su fuente de financiamiento.
Eso no resultó contra Antorcha y entonces se buscó desmoralizarla e intimidarla atacándola desde algunos gobiernos locales, comenzando por uno de los sectores más combativos: el antorchismo poblano. Se violó la legislación electoral para impedir el registro del partido estatal Movimiento Antorchista Poblano (MAP); luego, se fabricaron delitos para amenazar con cárcel a una auténtica líder social poblana: Rosario Sánchez Hernández. Y así inició la persecución abierta para acallar la voz de los poblanos humildes que solicitaban una despensa para paliar los efectos económicos de la pandemia, reflejados en la falta de comida.
Como siguió la denuncia de la incongruencia entre el discurso gubernamental y la catastrófica realidad nacional para las clases trabajadoras y sus familias, producto de la indolencia gubernamental ante el desastre económico, se acusó a los líderes de Antorcha de corruptos, de lavado de dinero y de venta de huachicol en las gasolineras antorchistas y se congelaron las cuentas de algunos dirigentes, para golpear la autonomía financiera de la organización, buscando la paralización de sus actividades.
La lucha de Antorcha no es de ahora ni contra un gobierno en particular, sino contra la pobreza, por eso los antorchistas también vienen exigiendo en varios estados la solución a demandas elementales. Pero insensibles como son e incapaces para enfrentar la problemática social, los gobiernos morenistas (de la 4T), han tomado la lucha antochista como un desafío personal contra su administración y, ensoberbecidos, con sus actos pretenden dejar claro que ellos "mandan" y nadie tiene derecho a decirles nada.
Así podría explicarse lo que acaba de ocurrir en Veracruz, que después de negar respuesta a peticiones del pueblo, de amenazar vía telefónica a jóvenes simpatizantes, de provocar e intentar detener al dirigente estatal, se haya recurrido al terror para amedrentar al antorchismo veracruzano.
El secuestro de cuatro antorchistas, dos de ellos miembros del comité estatal para torturarlos física y psicológicamente y su posterior criminalización por el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien los acusó de participar en el comercio ilícito de cigarrillos y así justificar el secuestro (y al parecer la connivencia de su gobierno con esa macabra acción) podría interpretarse como un tétrico aviso contra todos los que denuncian los malos gobiernos morenistas.
La persecución política está calificado como un crimen de lesa humanidad en el artículo 7, inciso H del Estatuto de Roma, acuerdo internacional que México ha suscrito y que, por tanto, tiene rango constitucional. Pero los gobiernos de Morena violan todo tipo de leyes y usan el terror para perseguir a quienes piden justicia legal y social.
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