• En Tijuana, casi 50 % de viviendas carece de condiciones básicas
Se ha presentado la propuesta de ley promovida por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, titulada “Ley de Vivienda”, la cual contempla una serie de medidas al momento en que una familia quiera u obtenga una vivienda. Estas medidas han sido, de acuerdo con la presidenta, “las más básicas”.
El costo de la vivienda en Baja California ha mostrado una tendencia al alza, con un incremento anual de 4.3 % a febrero de 2026, ubicando el valor promedio por metro cuadrado en 39 mil 480 pesos.
La iniciativa detalla que, para considerarse una vivienda adecuada, debe contar con siete características indispensables: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Por ejemplo, estadísticas oficiales señalan que en Tijuana cuatro de cada diez familias no cuentan con más de tres servicios indispensables y que el servicio de rutas de transporte es deficiente, pues en varias colonias de la zona este no existen rutas de transporte colectivo, esto a pesar de que se han hecho solicitudes.
A pesar de que se ha buscado el acceso a la seguridad de la vivienda, este no ha existido, solo en el discurso, pues hoy en día el acceso a la vivienda es un tema poco visto o atendido por las autoridades, ya sean municipales o estatales, no se diga del gobierno federal. A esto se suma toda una serie de situaciones que hoy ponen al descubierto la inaccesibilidad a la vivienda popular.
El costo de la vivienda en Baja California ha mostrado una tendencia al alza, con un incremento anual de 4.3 % a febrero de 2026, ubicando el valor promedio por metro cuadrado en 39 mil 480 pesos.
En la región, el precio de la vivienda accesible se encuentra entre 850 mil y más de 1 millón 100 mil pesos, siendo la zona este de Tijuana de las más demandadas, donde las rentas se han estabilizado en torno a 400 a 500 dólares.
En Baja California, donde se tiene poco más de 80 mil casas construidas y abandonadas, los gobiernos no han logrado proponer un programa de vivienda de carácter social y popular al que tengan acceso las familias de escasos recursos, las que ganan en la informalidad apenas 2 mil pesos semanales, las que viven al día y las que, a pesar de su precariedad, están dispuestas a luchar por lo que es un derecho: una vivienda digna.
Esta propuesta de ley tendría que pasar como cuchillo en mantequilla, eso no tiene gran complicación. Lo que sí es necesario señalar y apuntalar es saber cómo se pondrá en marcha, bajo qué lineamientos y quién se encargará de hacerla cumplir.
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