Desde varios años antes de que estallara en México la revolución de septiembre de 1810, el obispo Manuel Abad y Queipo, conocido intelectual español que vivió muchos años en la actual Morelia, había redactado una serie de escritos dirigidos al rey Carlos IV de España conocidos como Representaciones, valorados en la Historia de México como excelentes ensayos descriptivos de la situación de los pobres de la Nueva España. En esos documentos, teniendo como su objetivo principal salvaguardar los intereses de la clase dirigente española y de la nobleza sobre "nuestras posesiones de América", Abad y Queipo propuso, para conservar la América mexicana bajo poder ibérico, diversas reformas en la administración "para evitar la insurrección de los nativos", propuso al rey dictar leyes para establecer un gobierno liberal y benéfico para las Américas y para su Metrópoli, la Valladolid ibérica; en pocas palabras, propuso aflojar un poco la dura explotación sobre las masas mexicanas y hacerles su infame vida más tolerable.
El español radicado en la capital michoacana pidió "una ley que establezca una igualdad civil, absoluta de la clase de indios con la clase de españoles". No contento con la igualdad jurídica -y también fiscal-, Abad y Queipo propuso luego una radical reforma agraria, es decir, lo que hoy llamaríamos una distribución más justa de la riqueza social. Dado que "la mala división de tierras" era la causa principal de la pobreza y dispersión de la población, propuso que algunas tierras realengas fuesen distribuidas entre indios, castas y españoles pobres. Más radicalmente aún, sugirió que la tierra de las haciendas que hubiese estado ociosa durante 20 ó 30 años fuese abierta al cultivo popular. En síntesis, pues, Abad y Queipo, liberal infinitamente superior en profundidad de pensamiento a miles de nuestros políticos actuales, se centró en la injusta distribución de la riqueza como causa de la miseria social de la Nueva España y pidió su redistribución en forma de propiedad individual de la tierra como remedio principal.
Como si le escucháramos hablar de la realidad que hoy, a fines de 2015, nos rodea, Abad y Queipo partía del hecho de que "no hay graduaciones o medianos y son todos ricos o miserables". De cerca de 4.5 millones de habitantes que se calculaban a la Nueva España, "los españoles compondrán un décimo del total de la población y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riquezas del reino". El resto, es decir los indios y las castas, "son criados, sirvientes o jornaleros". El resultado de esta deplorable desigualdad era un odio manifiesto y un conflicto de intereses que conducían a "la envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros" La gran masa de habitantes "no tiene apenas propiedad, ni en gran parte domicilio; se hallan realmente en un estado abyecto y miserable, sin costumbres ni moral". Y alertando acerca de un muy posible levantamiento armado de criollos contra gachupines, cual sucedió, preguntaba "¿Qué debe resultar en una revolución de esta heterogeneidad de clases, de esta oposición y contrariedad de intereses y pasiones?". Permítame dejar la respuesta para renglones abajo.
Este largo recordatorio histórico viene a colación ahora que, según se publicó el 12 de noviembre en La Jornada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, llamó a los gobiernos de la región a "no castigar la inversión social" en tiempos de crisis, pidió "mucha inteligencia y selectividad, para que no haya retrocesos sociales", y destacó el papel de los programas públicos dedicados a mitigar la pobreza y la indigencia argumentando que no son costosos, que representan 0.39 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional y que favorecen a 133 millones de personas. "Son programas muy costoefectivos"...(¡vaya palabra!).
La CEPAL, organismo de la ONU, se fundó desde 1948 con el supuesto objetivo de contribuir al desarrollo de América Latina y desde entonces la pobreza no ha dejado de crecer, es decir, en ese sentido ha fracasado rotundamente. Los ricos son ahora más ricos y si debemos juzgar a este organismo por sus resultados entonces habrá que decir que en sus 67 años sólo ha beneficiado a una minoría. En concreto, para los pobres de México la CEPAL es un organismo tan lejano e imperceptible como el planeta Urano. Pero de algo han de servir sus sesudos estudios económicos que en este caso, como el imperialista Abad y Queipo, invitan a los amos de los países empobrecidos a aflojar un poco la cincha "para que no haya retrocesos" -como si toda la historia latinoamericana de casi siete décadas hubiese estado llena de éxitos, o no hubiese existido el nefasto intervencionismo estadounidense-. Atendiendo, pues, al reflejo más o menos fiel de las realidades sociales latinoamericanas que inevitablemente la CEPAL tiene que tomar en cuenta para justificar su existencia, debemos preguntar: ¿y no será conveniente para las propias clases gobernantes de Michoacán y de nuestro país, siguiendo el precepto de "costoefectividad" (eufemismo de la utilidad capitalista a como dé lugar), tomar en cuenta estas advertencias de la CEPAL? ¿O permanecerán igual de sordos como lo hizo el rey Carlos IV?
Ciertamente urge no reducir la inversión social, bajo ningún concepto, no sólo en programas contra el hambre o similares, sino en obras para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Los pobres de Michoacán organizados en el Movimiento Antorchista, han planteado en los días que corren algunas de sus necesidades más elementales en pliegos petitorios dirigidos a los nuevos gobernantes municipales y estatales y la respuesta aún se espera. Pero tememos que se imponga la sordera, como lo ha hecho casi consuetudinariamente por años: "no hay, no hay, no hay". Las demandas populares no son inventos de nadie, son tantas las necesidades reales y los gobernantes que justifican su falta de solución y de voluntad para solucionar, acusando a los pobres de "pedir mucho", esos gobernantes, decía, sólo contribuyen a empeorar la situación al escatimar los recursos destinados para los programas sociales de apoyo a vivienda u obras de infraestructura urbana indispensables, al desviarlos o darlos en regalo a empresas constructoras fraudulentas como RYMSA o Eunice en Michoacán.
Ni a los antorchistas ni a nadie en su sano juicio le interesa ni conviene que se incremente el descontento social generalizado, o que se apliquen en México proyectos que impongan el caos a propósito con fines aviesos sobre la base del hambre y la desesperación del pueblo. Por ello es obligado luchar organizadamente para que no se castigue el gasto social, para que se le haga caso a la CEPAL, para que los funcionarios cumplan con su cometido y respeten la aplicación de las leyes y programas sociales como se debe. Y en ese camino está Antorcha.
La respuesta a la pregunta de Abad y Queipo la dio el pueblo, pero el obispo la previó en estas terribles palabras: Lo que debe resultar, dijo, es "la destrucción recíproca de unos y otros, la ruina y devastación del país, como sucedió en Santo Domingo en iguales circunstancias, porque las mismas causas producen siempre los mismos efectos"...De esa ruina, que incluyó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, no pudimos empezar a recuperarnos sólo hasta más de un siglo después. Las mismas causas, los mismo efectos, iguales circunstancias...Aún estamos a tiempo.
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