Es evidente el hecho de que la prensa mexicana sea seriamente atacada desde Palacio Nacional. Que los números de periodistas asesinados, tras tres años del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no disminuyan, y que, al contrario, aumenten significativamente. Desde 2018, 151 periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados.
Hasta octubre de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob), en su reporte, “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, daba cuenta de 47 comunicadores y 94 defensores de derechos humanos asesinados en tres años de administración; y los casos se siguen acumulando. Al iniciar 2022, otros cinco periodistas fueron asesinados en las primeras semanas de enero y febrero. Y solo por agregar algo más, en 2021 fueron asesinados 10 periodistas; es decir, en lo que va del año ya se han asesinado a la mitad de los periodistas que fueron asesinados en todo el año pasado.
Muy independiente del 99 por ciento de impunidad de estos asesinatos, se vive un ambiente hostil que emana desde Palacio Nacional, cosa que no es nueva, ya que, desde la toma de posesión del cargo, en 2018, los señalamientos, acusaciones, injurias y demás, salidos de López Obrador, no se han hecho esperar desde el primer día de gobierno. Nuevamente se ve un ejemplo más, ahora contra el periodista Carlos Loret de Mola.
Todo empieza cuando en el programa de “Latinus” revelan que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, vivió en una mansión en Houston, Texas, con un valor que asciende al millón de dólares y qué curiosamente la casa es propiedad de Keith L Shillings, exejecutivo de Baker Hughes, que mantiene contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (PEMEX). Además de revelar que múltiples afirmaciones del mismo José Ramón eran falsas, como afirmar que él ejercía su profesión de abogado debidamente en EUA.
El ataque se manifestó cuando, en su conferencia mañanera que dio en Hermosillo, Sonora, revelara los ingresos del periodista Loret de Mola, asegurando que provenían del financiamiento de sus detractores políticos y con la carta enviada al SAT y al INAI, pidiendo que se revelaran los datos de sus propiedades, ingresos, etcétera. Esto, no solo causó la indignación del periodista, sino que es una clara violación a sus derechos.
Vulnera la libertad de prensa, además de estar en contra de lo que estipula la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que en su artículo sexto menciona que “el estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar para que terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. Lo estipulado en el artículo 31: “deberán establecer y mantener las medidas de seguridad, (…) para la protección de datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado”.
También se habrían violado los artículos 69, 111-A y 114-B del código fiscal de la federación, que resguarda el secreto fiscal y por ende el artículo 16 de la Constitución mexicana que protege los datos personales. En otras palabras, se ve claramente al estado contra un ciudadano, es completamente absurdo que AMLO se conciba como un ciudadano más de este país frente a este gravísimo ataque. El es el titular del ejecutivo federal, el máximo exponente del estado. Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario hacer memoria de lo que Antorcha dijo desde que empezó la embestida contra todo aquel detractor del gobierno morenista. Que desde el 2018 empezó.
A modo de recordatorio, doy pie a un fragmento de un artículo del maestro, Aquiles Córdova, de 2020: “Yo convoco a los que se quedaron sin el apoyo de Prospera, Progresa y programas similares, a los que se quedaron sin el Seguro Popular o sin algún apoyo médico, a los que perdieron las guarderías infantiles y los comedores comunitarios, a los pueblos y comunidades sin obra pública, a los ayuntamientos sin participaciones, a los campesinos que dejaron de recibir fertilizantes subsidiado, a las mujeres víctimas de violencia familiar que perdieron los albergues, a las feministas, a los padres y madres de niños con cáncer, a los diabéticos que perdieron de pronto medicinas y diálisis gratuitas, a los infectados de VIH sida que carecen de retrovirales, a médicos, médicas y trabajadores de la salud sin protección adecuada y sin el equipo adecuado para curar a los enfermos de Covid 19, a los que perdieron su empleo o parte significativa de su ingreso, a las micro y medianas empresas que han cerrado por falta del apoyo gubernamental, a quienes se sienten amenazados por la ley de extinción de dominio, a los empresarios tratados como miembros del crimen organizado por un error de tributación, a quienes van tras las rejas por el abuso de la prisión preventiva oficiosa, a los maestros maestras sin plaza con legítimo derecho a ella, a los abogados amenazados y perseguidos por ejercer su oficio en defensa del enemigo del Gobierno, quienes se les ha obligado a ganar menos que el presidente o a quienes han sufrido severos recortes a su salario, a quienes buscan encontrar justicia o protección del crimen organizado, a los obreros que buscan mejores salarios prestaciones y verdadera libertad sindical a todos ellos los llamamos a un frente común para rescatar a México”.
A esta larga lista se le suman los familiares de los periodistas y activistas asesinados en lo que va del Gobierno de AMLO. Nuevamente, está el atento llamado de nuestra organización antes de que sea tarde, como dijo la poesía:
“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesto porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”, escrita por el pastor alemán Martin Niemöller.
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