La salud y la atención médica son temas de gran relevancia en la política actual de México. Los debates y las políticas, implementadas en el sector salud, se han centrado en aspectos fundamentales relacionados con estos temas como: el acceso equitativo a la atención médica, el financiamiento de la atención médica, la cobertura universal, la regulación de la industria farmacéutica, por mencionar algunos.
Muchos desconocemos que nuestro sistema de salud tiene una existencia de casi 80 años, mismo que tuvo su origen en el año de 1943 con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora conocida como Secretaría de Salud, el IMSS y el Hospital Infantil de México que fue considerado el primer Instituto Nacional de Salud.
El sistema de salud en México ha evolucionado a lo largo de los años; después de su fundación en 1943, Se crearon importantes instituciones médicas en diferentes momentos históricos, por ejemplo, en 1944 se crea el Instituto Nacional de Cardiología, en 1946 el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, para 1950 el Instituto Nacional de Cancerología, nace el ISSSTE en 1960 y en 1964 el Instituto Nacional de Neurología. Sin embargo, nuestro sistema de salud pública en México enfrenta desafíos importantes, como la falta de acceso, la limitada inversión pública y el cambio en el perfil epidemiológico hacia enfermedades crónicas y degenerativas.
Si de por sí ya era deficiente, la pandemia de la covid-19 puso en evidencia las carencias del sistema de salud pública en México: la falta de recursos humanos y materiales, la falta de camas hospitalarias y la falta de medicamentos son solo algunos de los problemas que enfrenta nuestro sistema de salud mexicano.
En cuanto a la situación actual de la salud en México, se ha reportado que el sistema de salud mexicano vive una de las peores crisis de su historia. Por esto no podemos desligar la relación muy apegada que existe entre la economía y la salud, ya que están relacionadas en los planos microeconómico, macroeconómico e institucional.
En México, el acceso a la salud es un importante factor de desigualdad que repercute en la pobreza multidimensional de un segmento significativo de la población. La economía de la salud se enfoca en analizar los elementos que impactan en el bienestar, su importancia económica, la oferta y demanda de servicios médicos, la organización y control de las medidas sanitarias, y la evaluación global del sistema de salud y las tecnologías relacionadas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 6 mil 519 unidades de medicina familiar y 2 mil 350 hospitales de segundo nivel. Refiere que, en México, los hospitales de segundo nivel son un poco más especializados y permiten atender casos médicos de complejidad media y que en la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán concentran el 35 por ciento de los hospitales de segundo nivel.
Además, el Inegi reporta que de cada 100 establecimientos particulares que brindan servicios de salud, 89 tienen la categoría de hospital general, cinco corresponden a especialidad de gineco-obstetricia y cuatro a una especialidad diferente de pediatría, psiquiatría y traumatología. En un día normal, el sistema público de salud realiza 1.2 millones de consultas y 94 mil servicios de urgencias, unos 5 mil 400 partos; 16 mil hospitalizaciones y 10 mil cirugías. Sin embargo, estas actividades se realizan sin el personal ni los insumos necesarios dando como resultado el fenómeno de la explotación laboral, burn out o síndrome del “trabajador quemado” y depresión, paradójicamente dentro de las instituciones públicas de salud, derivado de a la persistencia del estrés en el entorno laboral.
Pues bien, en este contexto, ¿qué ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? La respuesta es casi automática, nada. En lo que lleva de su gobierno, se la ha pasado culpando a las administraciones pasadas, criticando a los mandatarios anteriores acusándolos de corruptos, de saqueadores del país, vende patrias y todo lo que usted, amable lector, guste y mande.
El presidente actual se ha olvidado de que, a partir de que él asumió el Gobierno mexicano, es su responsabilidad directa y de nadie más, y que el atreverse a decir que no habría límite de presupuesto para tener un sistema de salud de primera, que, aunque se burlaran sus adversarios de que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, se atrevió en afirmar que sería mucho mejor que el de ese país.
En consecuencia, desapareció el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en 2019, con la intención de garantizar el acceso a servicios de salud a toda la población sin seguridad social. Sin embargo, el Insabi se enfrentó a críticas severas por la falta de recursos y la falta de claridad en su operación. No se cumplió con asegurar el acceso equitativo a la atención médica para todos los ciudadanos, especialmente para poblaciones vulnerables y comunidades marginadas. Recientemente, se ha reportado que el Insabi y sus funciones serán absorbidas por el IMSS y ahora tendrá el flamante nombre de IMSS-Bienestar. La reforma que incluye la extinción oficial y completa del Insabi ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Estamos en la recta final del gobierno que encabeza López Obrador, y la intención es que quede alguno de sus más allegados que lo reemplace y continúe con su proyecto de nación, pero a estas alturas, nos debe quedar más que claro, que sea quien sea el que lo suceda en la silla presidencial en 2024, nada cambiará, sino al contrario, seguirá siendo la misma cantaleta de siempre. Pero una pequeña luz de esperanza brilla, ya que él que siga en el gobierno, si es de su partido, no podrá echarle la culpa a la administración pasada, ya que sería darse un tiro en el pie.
El sistema de salud, a la altura del que tiene Dinamarca, tan añorado todavía está a muchos años luz de convertirse en realidad y a nosotros los pobres no nos queda más remedio que seguir padeciendo de esta injusticia social. Al tiempo, tiempo.
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