En estos días, todos los campechanos y los mexicanos hemos visto con sorpresa la lucha de los policías estatales y las manifestaciones de miles de ciudadanos en apoyo a ellos, quienes llevan más de una semana en paro, ocupando las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche, exigiendo diversas demandas, entre las que destaca la remoción de su cargo de la secretaria estatal, Marcela Muñoz Martínez.
De entrada, nosotros nos pronunciamos en apoyo a la lucha de la Policía estatal de Campeche, la cual nos parece legítima y fundamentada, por lo que hacemos el modesto llamado a que no se responda a ella con oídos sordos o, peor aún, descalificándola sin sentido con argumentos como el de tener un carácter político, pues eso pondría en segundo término —si no es que hasta desaparecería— las demandas genuinas que pueden y deben ser escuchadas y atendidas. Se despreciarían con el argumento de que la protesta es política, sin explicar ni demostrar esto, de manera que el resultado es la no solución del problema, causada por esa cerrazón que sería, esa sí, motivada por razones políticas, cayendo en el error que supuestamente se critica. De esta manera, la protesta no es política, pero la respuesta negativa sí lo es.
La protesta de los guardianes del orden, quienes han mantenido el estado como uno de los más seguros del país, según los registros estadísticos, se desató debido a un suceso que fue, según se puede ver, solamente la gota que derramó el vaso o, como dicen los especialistas, el elemento gatillante, es decir, el hecho que, sumado a una serie de problemas que le anteceden, termina con la paciencia y juega el papel de encender o detonar la pólvora de la inconformidad.
Este fue el operativo de terribles resultados en el penal de Kobén, el cual, según esto, se podría haber realizado con todo éxito si se hubiese planeado bien, pero debido a la incorrecta planeación y mando, resultaron treinta elementos del cuerpo de policía lesionados, diez de ellos de gravedad, además de un número indefinido de mujeres policías agredidas y vejadas por los presos del penal, quienes, por cierto, no se ha precisado por qué o cómo estaban avisados del operativo y que los esperaban provistos con objetos contundentes y armas punzocortantes.
En todo el proceso, los testigos describen inexperiencia e indolencia de los mandos medios y superiores, de lo cual derivó ese saldo rojo.
El apoyo del pueblo a la causa de los policías campechanos ha sido evidente y ellos saben que no necesitan armas pues están armados con la razón.
De las inconformidades acumuladas se declaran, entre otras, las malas condiciones en las instalaciones para el descanso y alimentación de los elementos, la falta de instrumental, desde equipo personal hasta patrullas, la aplicación de turnos y horarios abusivos, piden homologar los salarios de acuerdo al rango; acusan de indiferencia hacia la tropa y personal por parte de los mandos medios, incluido el director de la Policía Estatal, Antonio Saradán Solís Santiago; piden que se ponga fin al acoso y hostigamiento por parte del personal de asuntos internos, y exigen que se finquen responsabilidades por las víctimas en el penal de Kobén, especialmente por las agresiones a las integrantes del equipo “Mujer Valiente”, como llaman al cuerpo femenino de la policía estatal, así como la atención a la salud, en el aspecto psicológico, y que no se minimice ni desprecie su daño, como se desprende de la respuesta y hasta de los comentarios de los mandos de la Secretaría. Pero sobre todo, según los mismos policías, piden la destitución de la secretaria y de todos sus colaboradores.
En los inicios de la protesta, la respuesta del Gobierno, y hasta del Congreso del Estado, fue la soberbia y los oídos sordos, a lo que le siguió el descrédito de la misma, acusando la protesta de tener carácter político, de estar manipulada por actores ajenos a los policías, y le siguió la amenaza de represión administrativa, la intimidación e incluso el insulto.
Pese a todo, los policías resistieron, hasta lograr primero que el Gobierno que encabeza Layda Sansores San Román, ofreciera a través del Secretario de Gobierno de Campeche, Armando Constantino Toledo Jamit, una respuesta en la que, en palabras del funcionario, calificó sus demandas como “legítimas y fundadas”, y aseguró que ya se ha aceptado 16 de los 21 puntos que piden los policías estatales, pero no quieren ceder en la destitución de la secretaria.
Después de tres manifestaciones, cada una más numerosa que las anteriores, y en la última con una participación de más de 10 mil según los organizadores y los testigos de diferentes medios, y en la que se enarbolaba también la demanda de la destitución de la misma gobernadora Layda Sansores San Román; la protesta de los policías logró la destitución del director de la Policía estatal, Antonio Saradán Solís Santiago, pero no la de la maestra Marcela pues, en palabras de la gobernadora, eso es solo un capricho de los policías, sin darse cuenta de que, al calificarla así, sin dar más argumentos, el ratificarla en el cargo se convierte en un capricho de ella en el mismo grado.
Nosotros creemos que el asunto debe atenderse y solucionarse con serenidad y madurez política, reconociendo, como dije al principio, la legitimidad de la protesta, y admitiendo la siguiente verdad: los policías han seguido con ecuanimidad su lucha, la de ellos es una protesta genuina y no un motín, pues tienen tomadas las instalaciones de la secretaría, donde están no solo las oficinas centrales de la secretaría, sino todas las armas y equipo de la misma, pero se han hecho cargo de ella, con notable responsabilidad, sin abandonar sus tareas, revisando y cumpliendo los roles de vigilancia, tal y como si los mandos estuviesen al frente, haciéndose cargo de la seguridad de los ciudadanos, y la limpieza y legitimidad de su lucha se muestra sin matices en el hecho de que en todo el proceso, los oficiales se han presentado impecablemente uniformados y totalmente desarmados.
El apoyo del pueblo a la causa de los policías campechanos ha sido evidente y ellos saben que no necesitan armas pues están armados con la razón y validez de sus demandas y de sus protestas; y merecen el mismo respeto.
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