• Los alquileres alcanzan 29 mil 457 pesos mensuales y la compra promedio llega a 7.4 millones de pesos
En Jalisco, la construcción de viviendas se mantiene activa mientras el acceso real a una disminuye drásticamente; para las familias jaliscienses, ejercer el derecho constitucional a una vivienda digna se ha vuelto un desafío.
El incremento desmedido en los precios de venta y renta ha sido uno de los grandes obstáculos, dado que el salario mínimo, de 9 mil 582.47 pesos mensuales, no les alcanza.
De acuerdo con las mediciones oficiales del Coneval, más de 446 mil personas carecen de vivienda y cerca de 71 mil 500 personas no tienen acceso a los servicios básicos de infraestructura.
Esta presión económica ha provocado que muchos hogares se muden a las periferias urbanas, donde carecen de agua potable, electricidad, alcantarillado y calles pavimentadas, así como tiempos de traslado excesivos hacia sus trabajos y un transporte público deficiente.
De acuerdo con investigaciones del Iteso y la Universidad de Guadalajara, el costo promedio de renta en Jalisco se ubica en los 29 mil 457 pesos mensuales, consolidándose como la sexta cifra más alta de todo el país.
El precio promedio de venta de una casa es de 7.4 millones de pesos, situando al estado en el cuarto lugar nacional, sólo por detrás de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.
También la entidad es protagonista en indicadores de encarecimiento al concentrar a cuatro de sus municipios dentro del listado de los 50 con las rentas más elevadas del país: Zapopan ocupa el puesto 19, Guadalajara el 28, Puerto Vallarta el 33 y Chapala el 37.
Además, las colonias Lomas del Valle y Puerta Las Lomas, en Zapopan, forman parte del Top 10 de las zonas más exclusivas del país, mientras que seis zonas de la misma demarcación: Ayamonte, Los Frailes, Colinas de San Javier, Lomas del Bosque, El Alcázar y Lomas del Valle, se clasifican dentro de las 20 colonias con los hogares más lujosos del país, con precios de renta promedio que van de 93 mil pesos mensuales a 55 millones 183 mil pesos.
Esta brecha económica explica por qué una familia no puede adquirir una vivienda, ni siquiera pagar una renta, ya que los precios están por encima de lo que realmente gana un trabajador.
Ante este escenario, el Estado debe intervenir para hacer valer el derecho constitucional de acceso a la vivienda digna; sin embargo, las autoridades locales parecen distantes de esta responsabilidad.
Al ser cuestionado sobre los desorbitados costos de los alquileres en su municipio, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, argumentó que “lo bueno cuesta caro”. Esta declaración refleja una postura oficial que normaliza y justifica los precios estratosféricos que han alcanzado los inmuebles, pero lo que pasa por alto el alcalde es que, dentro de esta misma demarcación, la realidad que vive la mayoría de la población trabajadora es completamente distinta.
De acuerdo con las mediciones oficiales del Coneval, existen más de 446 mil personas que carecen de vivienda y cerca de 71 mil 500 personas no tienen acceso a los servicios básicos de infraestructura: agua, drenaje, gas, electricidad, etcétera.
La incapacidad para adquirir una vivienda radica principalmente en los bajos salarios. Si bien el gobierno estatal propone la construcción de espacios habitacionales con materiales de alta calidad y ubicados en entornos diseñados para la recreación ciudadana, esta alternativa choca con la realidad de un presupuesto público sumamente insuficiente.
El Instituto Jalisciense de la Vivienda, mediante el programa de “Mejoramiento de Vivienda”, opera con un presupuesto de apenas 50 millones de pesos, una cifra que resulta a todas luces simbólica e incapaz de mitigar el déficit habitacional que golpea a miles de familias jaliscienses.
Ante este panorama, el Movimiento Antorchista, conocedor de estas carencias y para erradicar la pobreza, plantea cuatro ejes fundamentales para cambiar el modelo económico en el país:
Empleo para todos los que quieren trabajar.
Salarios bien remunerados que cubran las necesidades del trabajador y de su familia.
Reorientación del gasto público, para que el gobierno invierta más en obras y servicios para el pueblo.
Política fiscal progresiva, para que pague más impuestos quien más gana y menos impuestos quien gana menos.
Mejorar los salarios y aumentar los empleos formales en el estado y en el país ayudará a la capacidad de adquirir vivienda; sin embargo, esto debe complementarse con programas de subsidio y crédito para la adquisición de las viviendas existentes, mientras el gobierno debe aumentar el presupuesto destinado a la construcción de vivienda social de calidad para quienes más lo requieran.
La realidad actual muestra condiciones de precariedad cada vez mayores que dificultan el acceso a este derecho constitucional, y lo que le queda ante la indiferencia de los funcionarios es exigir este derecho mediante la organización y movilización pacífica; por ello, jalisciense, si el gobierno te ignora, súmate y lucha con nosotros, no hay otra manera.
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