La configuración de las condiciones sociales que caracterizan a nuestro país en la actualidad –con sus peculiaridades, tal vez similares a las que existen en otros países, sobre todo latinoamericanos, pero nunca iguales–, son el resultado de la incorporación de los diversos sectores sociales a la lucha política, en diferentes condiciones y con formas y métodos diversos, acordes con la situación concreta del periodo histórico en que saltaron a la palestra nacional.
Miles de campesinos impulsaron la lucha armada revolucionaria de 1910, como respuesta a la opresión de los grandes hacendados protegidos por el gobierno, a la falta de un reparto agrario y a la ausencia de oportunidades políticas Y económicas reservadas exclusivamente para los sectores sociales con más recursos económicos.
En el periodo postrevolucionario, que se caracteriza por la paulatina consolidación del dominio de la burguesía nacional –teniendo como fondo la situación internacional inmersa en una severa crisis del capitalismo que precariza aún más las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos–, toman impulso, por la vía pacífica, movimientos sociales que exigen que se materialicen y extiendan a los demás sectores sociales las conquistas de la gesta revolucionaria: el ferrocarrilero, el de los médicos, maestros, telegrafistas y aquellos cuya lucha gira en torno a una mayor democratización de la educación y mayores libertades políticas como el reconocimiento del voto femenino y el estudiantil.
No todos los movimientos sociales se han desarrollado por la vía pacífica; durante el periodo de la llamada guerra fría, en que el Estado mexicano desarrolló una serie de mecanismos y tácticas para reprimir a sus enemigos, llegando a la utilización de la desaparición forzada e incluso las masacres como la de La Alameda en 1952, Tlatelolco en 1968 y en el casco de Santo Tomás en 1971, se genera un movimiento que utiliza la vía armada como mecanismo de lucha.
Unos y otros, estos movimientos sociales representan la incorporación de diversos sectores de nuestro país en los procesos políticos que van configurando el panorama que tenemos hasta nuestros días y que han dado como resultado el reconocimiento de derechos plasmados en las diferentes leyes y la formación de un conjunto de instituciones responsables de su impulso y cumplimiento.
Se puede apreciar con toda claridad que las transformaciones que ha tenido la vida política y económica de nuestro país, sus avances o retrocesos, no son una creación, una dádiva o un regalo de la burguesía nacional; por el contrario, han sido el resultado de la lucha de las masas populares. Estas conquistas han dependido de su organización, de su grado de conciencia y de su decisión a la acción política.
Es verdad que estas conquistas aún representan un marco estrecho para realizar con mayor efectividad la defensa de los intereses de los trabajadores y sus familias; sin embargo, es posible que con el mismo impulso que les dio origen, utilizar en provecho del pueblo todos los logros históricos de la lucha de clases en México, por ejemplo, la existencia de las cámaras parlamentarias, la posibilidad de ser electos para los cargos de representación popular, el reconocimiento del derecho de asociación y de expresión, o las diversas instituciones como los derechos humanos que pueden convertirse en medios de presión hacia el gobierno y los empresarios.
Sería un error considerar estos logros o conquistas del movimiento popular, por el sólo hecho de haber sido creados, realicen la defensa de los intereses de los trabajadores; nunca se debe olvidar que es indispensable la movilización popular, su vigilancia permanente y por tanto la organización y concientización; debe ser el pueblo el más interesado en la lucha por su bienestar y por su defensa.
Ahora bien, en la recta final del periodo de gobierno de la autodenominada 4T, somos testigos de un desesperado esfuerzo por adecuar estos históricos logros y en su caso desaparecer algunos de ellos, evidenciado el carácter retrógrado y reaccionario de su proyecto político y del movimiento que lo impulsa. Varias conquistas de la lucha social han sido condenadas a su desaparición o en su defecto a su sometimiento a la férula del grupo en el poder.
Incrustar a los mejores cuadros de Morena en los puestos de dirección de algunas dependencias no solamente representa el pago de favores, sino también la posibilidad de ejercer un control total que requiere para crear y legalizar el marco jurídico, político y económico que garantice su continuidad en el poder: Bertha Alcalde Luján (hermana de la actual secretaria de gobernación) en el ISSSTE, Lenia Batres (hermana del actual jefe de gobierno de la CDMX) como ministra en la Suprema Corte de Justicia y Guadalupe Taddei en el INE, son solamente algunos ejemplos de ello.
No debe confundirse el nombramiento de incondicionales al gobierno como ministros o directores en la mayoría de estos organismos con su continuidad; existe la firme intención del gobierno federal para desaparecer algunos de ellos o la disminución de sus facultades que, desde el punto de vista de los ideólogos del proyecto de la 4T, son necesarios para su consolidación y continuidad. De esta manera, las propuestas para eliminar ciertas instituciones incluyen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía CRE, el Banco de México BM y el Instituto Nacional Electoral INE, bajo la acusación de que son una forma de la corrupción institucionalizada. Lo cierto es que hay algo más de fondo que se intenta ocultar.
En este sentido, las reformas propuestas por el titular del ejecutivo federal, están encaminadas a adecuar, actualizar o modernizar la forma en que la burguesía nacional ejercerá la dominación política, económica y social sobre la población, forma más precisa, sistemática y brutal, que aprovecha todos los vacíos que hubieran quedado en las legislaciones anteriores y que tiende a adquirir la fisonomía de los gobiernos totalitarios de mediados del siglo pasado con la eliminación de derechos ciudadanos fundamentales como el acceso a la información del funcionamiento y desempeño del gobierno y los de la exigencia de rendición de cuentas. Los verdaderos ganadores de con esta manipulación constitucional serán, como ha sucedido a lo largo de este sexenio, los grandes empresarios.
El pueblo debe crear otra alternativa que no se encuentre sustentada en ilusiones como las que nos genera la demagogia de la 4T y sus apologistas. En el capitalismo, la defensa de los intereses de los trabajadores y en general, de todos los humildes, debe ser obra de ellos mismos y comienza con su organización, concientización e incorporación a la lucha política. Nadie hará por el pueblo lo que éste no haga por él mismo.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario