En realidad, nunca debemos permitir el engaño venga de quien venga y cuando venga. Pero es una realidad que, en tiempos de campañas electorales, es cuando más sufren los ciudadanos desprevenidos las peores mentiras, es decir, aquellas que se usan maliciosamente para quitarles el voto.
Hago un sincero llamado a mis escasos lectores para que no caigan en promesas fáciles y huecas que son irrealizables.
Las leyes relacionadas con el desarrollo urbano aplican para todos y en todo lugar, quien pretenda violarlas o ignorarlas por voluntad tendenciosa, tarde o temprano pagará las consecuencias. Además, fingir ignorancia ante la ley, no es disculpa válida que exonere a nadie del delito. Que conste.
Lo que digo ahora viene a cuento por los sucesos que está sufriendo en el municipio de Tecomán, en materia de vivienda popular, un grupo numeroso de familias humildes.
Antes que eso, recordemos que, no es lo mismo hablar de vivienda de interés social, que referirse a la vivienda popular. Al margen de otras características, afirmo que la vivienda de interés social cuesta mucho dinero, mismo que las familias pagan hasta en un lapso de 30 años de su vida.
Esta vivienda es un trato netamente comercial; se le gestiona de manera individual y es, sobre todo, para aquellos que pueden comprobar suficientes ingresos económicos formales y permanentes.
La adquisición de la vivienda popular, por su parte, debe ser amparada por todos los gobiernos conforme a los artículos 4º, 6º, 8º y 9º de la Constitución Política; por tanto, sólo es accesible a las familias que se encuentran organizadas.
Esta vivienda supone de origen la unión, reunión, coordinación y solidaridad de todos los que la solicitan, y sólo se puede resolver con la participación efectiva y permanente de los que la necesitan.
Es este carácter que señalo de la vivienda popular lo que la hace atractiva como falsa y manipuladora demanda de los partidos políticos para comprar votos. Es por esto que, sólo cuando se acercan los procesos electorales, veremos a los líderes partidistas y sus lacayos en las calles procurando sumar incautos desprevenidos para enarbolar esta demanda.
Pero, ¿dónde estuvieron escondidos todo el tiempo que no necesitaban los votos, que olvidaron intencionalmente a los ciudadanos sin vivienda propia? De aquí se deduce que, digan lo que digan esos falsos redentores de la vivienda popular, aunque se llamen independientes, son puro engaño.
En la ciudad de Tecomán, desde hace casi tres años existe un grupo de solicitantes de vivienda popular sin afiliación partidista, que, amparados en la Constitución, han buscado desde entonces solución a su necesidad. Veamos el suplicio que han tenido que sufrir estas humildes familias, de todo lo cual ha estado muy enterado el presidente municipal Elías Lozano.
El 31 de marzo de 2021, formalizaron su petición estos más de 200 tecomenses mediante oficio dirigido al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), del entonces Gobierno encabezado por José Ignacio Peralta. Luego de varias gestiones, el Instituto les contestó mediante oficio del 15 de mayo del mismo año, notificándoles que ponía a su disposición la venta de la “Parcela 1789” propiedad de Insuvi, para resolver su petición; les entregó también un anteproyecto de lotificación y modificación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad y una corrida financiera.
Pero, dado que el Gobierno de Peralta Sánchez veía probable que su partido perdiera las elecciones a gobernador ya muy próximas, en un acto a todas luces violatorio de las leyes, entregó la parcela 1789 al Instituto de Pensiones de los trabajadores del Gobierno del Estado (Ipecol), como abono a los millonarios adeudos que finalmente heredó. Un atropello vil para los solicitantes de vivienda, tomando en cuenta que esa parcela la adquirió con dinero público el Insuvi para hacer vivienda popular.
Llegó al Gobierno la maestra Indira Vizcaíno Silva. El 23 de noviembre de 2021, llevaron los tecomenses sin vivienda su solicitud de audiencia al nuevo gobierno para pedir amparo. Siguen esperando respuesta. Pero la necesidad de vivienda es muy apremiante y los peticionarios no se desanimaron.
El 24 de noviembre de 2021, los solicitantes llevaron su petición de compra de la parcela al Ipecol, y de palabra les dijeron que no había ningún problema en venderles, pero al contado, algo imposible para las humildes familias.
Ratificaron entonces su petición de amparo a la gobernadora el día 2 de diciembre del mismo año. Luego, volvieron a ratificaron su solicitud a la gobernadora el día 12 de enero de 2022 sin tener respuesta. El día 6 de abril de 2022 llevaron nuevamente su petición de apoyo al secretario particular de la gobernadora, el licenciado Armando Velázquez Cervantes, y el 22 de ese mismo mes recibieron respuesta, enviándolos nuevamente a ver al director de Insuvi.
El director de Insuvi les mandó oficio el 25 de abril invitándolos a dialogar, sólo para decirles que no podía resolver nada porque estaba en cartera vencida y la parcela ya estaba escriturada a Ipecol.
Seguimos. Volvieron entonces los solicitantes a ratificar el oficio ya varias veces ratificado dirigido a la gobernadora, lo hicieron el día 2 de agosto de 2022, y tampoco recibieron respuesta.
El mismo día, los peticionarios ratificaron por escrito al Ipecol su intención de compra de la parcela ya mencionada, y hasta el 15 de diciembre de 2023 el instituto contestó mediante el oficio IPECOL/DG/2008/2023, notificándoles que:
“… se puso a consideración que llevaran a cabo la formalización de una Asociación Civil para que por conducto de esta se llevaran a cabo los procedimientos correspondientes para la adquisición de la parcela que es de su interés ante el instituto”.
Pero el gobierno siguió sin responder. Finalmente, el día 14 de febrero de 2024, cien de los solicitantes fueron a Casa de Gobierno y los atendió a nombre de la gobernadora el nuevo secretario general de Gobierno.
En presencia del director de Ipecol, Hugo Vázquez Montes, quien ratificó la venta de la parcela 1789 a los solicitantes, se ofreció todo el apoyo del gobierno estatal para crear una AC que represente a los posibles compradores ante el Ipecol.
Pero sucede que el domingo 18 de febrero pasado, se presentó ante la asamblea de los solicitantes de vivienda, a provocar a las personas ahí reunidas, un individuo en compañía de otros como él, que se dijo íntimo amigo del papá de la gobernadora, de ella misma y del presidente municipal, afirmando que es a él, y no a los solicitantes ahí reunidos, a quien el Gobierno acordó vender la parcela 1789. Con gritos llamó a los presentes a no “dejarse engañar” y seguirlo a él, porque “en mes y medio les entregaría los lotes”. He aquí las mentiras más mentirosas. Los solicitantes no se dejaron engañar y los provocadores se retiraron del lugar.
¿Por qué ahora, después de la promesa hecha por el secretario general de Gobierno se presentan este tipo de hechos? ¿Acaso se busca así romper los acuerdos y el diálogo, y atropellar nuevamente con ello a los solicitantes de vivienda? ¿Se busca romper la organización de los solicitantes con la que han caminado casi tres largos años?
Si así fuera, ni modo. Esperamos tener pronto una respuesta favorable del Gobierno; de lo contrario, vamos a tener que regresar a Casa de Gobierno. Esperamos que no.
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