Estamos a poco de conmemorar el 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el vecino estado de Querétaro. Es la Ley de Leyes en nuestro país; un documento que se originó como consecuencia de la lucha revolucionaria de 1910, en el que fueron consideradas muchas de las demandas del pueblo mexicano de aquella época que dieron origen a la Revolución mexicana.
Nuestra Carta Magna, a lo largo de su existencia, ha sufrido más de 750 modificaciones en muchos de sus artículos originales. Solamente 22 de ellos no han sido reformados, entre los que se encuentran el 8º y el 9º, que se refieren a los derechos de petición y de libre organización que tenemos todos los mexicanos. Son, podría decirse, la esencia de la vida política de México. Ni más, ni menos.
Sin embargo, existen gobernantes de los distintos niveles y de todos los colores partidistas que son enemigos de estos derechos inalienables que se han propuesto cancelarlos, si no en la Constitución, sí en los hechos. Esto es un reflejo de la contradicción esencial que existe entre los poderosos y el pueblo.
Algunos poderosos y funcionarios entienden los términos petición y organización como subversión, como agresión a sus cotos de poder, como desacato e irreverencia; lo entienden pues, como un intento de rebelión. Mientras al pueblo la organización le significa unidad, solidaridad, mayor capacidad de representación, de gestión y de solución de sus problemas.
En consecuencia, quienes hacen uso pleno de su derecho de agruparse para pugnar por una vida mejor en los términos precisos que establece nuestra carta magna, contribuyen con su práctica a reivindicar, de la única manera que es posible, esta profunda necesidad social.
Para los acostumbrados al poder absoluto, organización y subversión son sinónimos, por eso descargan todo su resentimiento reaccionario negando a quienes hacen uso de su derecho a “asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito” los derechos que deberían ser concedidos automáticamente. Hacen sentir su mano dura a quienes se atreven a presentarse y exigir, organizadamente, solución a sus problemas; de esta manera pretenden ahondar y perpetuar la injusticia y la desigualdad ya de por sí graves en nuestro país.
Así se entiende que, cuando los ciudadanos, cansados de esperar las soluciones a los problemas que aquejan a sus colonias y comunidades, deciden acudir ante la autoridad a las oficinas públicas, se encuentren con la falta casi total de solución a sus problemas y, además, tengan que sufrir la altanería y los argumentos pueriles que los funcionarios esgrimen para rechazar sus peticiones, que se explican no solamente por la carencia de recursos sino, en buena medida también, por la falta de simpatía y de vocación personal hacia una política de corte esencialmente popular y progresista.
Cualquier parecido con la situación que se presenta en San Miguel de Allende, es pura coincidencia. Los antorchistas de este municipio desde el mes de julio del año pasado, presentaron a través de su dirigencia estatal y municipal un documento en el que plasman algunas de las necesidades más apremiantes y solicitan al alcalde Mauricio Trejo Pureco la atención de las mismas.
Los antorchistas de San Miguel de Allende haremos uso de nuestro derecho a la manifestación pública el 6 de febrero a las 11 horas y marcharemos para solicitar diálogo con el presidente municipal.
Transcurrieron seis meses de ir y venir al palacio municipal, entrevistas con el jefe de gabinete y con el director de desarrollo social, quienes se comprometieron a analizar las peticiones y dar una respuesta puntual a cada una de ellas, respuestas que nunca se concretaron.
El día 11 de enero de 2024, ante la insistencia de los antorchistas para que se tomaran con seriedad sus peticiones, solicitaron la intervención directa del alcalde, quien llegó, no para atender las necesidades de los sanmiguelenses, sino para regañarlos por ir a “exigir” solución a sus necesidades y advertirles que no habrá respuestas para los ciudadanos que se presenten organizadamente.
Los antorchistas creemos que es un error de las autoridades, en este caso del alcalde de San Miguel de Allende, cerrar todas las puertas a la negociación y solución de las demandas populares porque se atenta contra los derechos constitucionales de petición y libre organización.
Además, estamos convencidos de que la tarea verdaderamente progresista y revolucionaria en la actualidad consiste en llamar al pueblo para que se organice, luche y se concientice, uniendo sus fuerzas con sus iguales, para la defensa de su vida y de sus intereses, porque sólo su organización profunda y consciente es el primer paso serio para girar, una vuelta más, la rueda de la historia.
Desde este modesto espacio, queremos informar a la ciudadanía del municipio, que los antorchistas haremos uso de nuestro derecho a la manifestación pública el próximo martes 6 de febrero a las 11 horas y de manera ordenada, respetuosa y pacífica, marcharemos por las principales calles de la cabecera municipal, para solicitar diálogo resolutivo con el presidente municipal.
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