A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, muchos mexicanos tenían expectativas de grandes cambios en el sistema político y educativo porque antes de él, Enrique Peña Nieto había generado en su contra discordia por parte de los maestros, debido a que su reforma tenía un eje central que no les gustó, ya que todos debían ser evaluados y, en caso de no pasar la prueba, saldrían del sistema.
López Obrador, en sus tiempos de campaña electoral, dio su palabra de echar abajo ese sistema de evaluaciones y algo hizo al respecto al derogar lo establecido en el sexenio anterior, asimismo, ya como presidente, consideró una prioridad el incremento salarial y la seguridad social del magisterio en reconocimiento a su labor, aunque en los hechos no se ha visto reflejado ese incremento salarial y la seguridad social sigue con profundas deficiencias.
Con respecto a la nueva reforma, se esperaba una reforma educativa profunda que verdaderamente fuera un apoyo para erradicar los lastres que desde hace años afectan a la educación en México y que nos sacara de los vergonzosos últimos lugares de los organismos internacionales a los que está adherido nuestro país, o bien que incluyera un plan para evitar la enorme deserción escolar que oscila en los 5.2 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos que dejaron de matricularse en el ciclo escolar y que nos convierte en el segundo país con mayor deserción escolar, solo debajo de Panamá o el rezago educativo, que de acuerdo con los datos, de 2019 a 2021, no ha habido avance en el abatimiento de este cáncer, lo cual constituye un enorme fracaso al gobierno obradorista, así que en los hechos el nuevo modelo educativo ha sido más pragmática que programática.
Es también grave que se pretenda aislar a México del mundo al eliminar los exámenes estandarizados que permiten comparaciones a nivel internacional, ya que lo que no se mide con indicadores claros, no puede mejorarse, es imprescindible contar con evidencias cuantitativas de los avances y rezagos.
La nueva propuesta instrumentaliza la educación; limita la labor docente; reintroduce la noción de campos formativos, con lo que se eliminan asignaturas específicas y reduce la posibilidad de ser evaluados; elimina la evaluación sumativa y la limita a ser diagnóstica y formativa; considera a la lectura como medio para fines principalmente de carácter social y cultural pero poco académico y limitan las metodologías educativas al aprendizaje basado en proyectos, constructivismo y escuela activa. El magisterio está a favor de mejoras que encuentren sustento en argumentos científicos que apoyen la educación de todos y rechaza los procesos impulsivos, improvisados, ideologizados, sin madurez ni claridad y que terminan afectando la educación de niños y jóvenes.
Los cambios a este nuevo plan de estudios comenzaron en 2021, con el diseño de 18 libros de texto, el cual aún no lo han concluido, ahora anunciaron el cambio del marco curricular y plan de estudios 2022, sin contar con una evaluación de los planes 2011 y 2017 que aún se encuentran en operación.
El marco curricular anuncia un modelo educativo que no especifica los mecanismos de implementación relacionados con los campos formativos, así como las fases, por lo que pudiera parecer que ya no habrá asignaturas, niveles y grados escolares. Muchos críticos de este nuevo plan de estudios consideran que el modelo es más ideológico que pedagógico.
El país necesita una reforma integral, profunda que ofrezca a los estudiantes una educación de calidad, modificaciones que serán posibles si se analiza la situación real del país, con objetivos claros y de acuerdo al contexto educativo del país, que se persiga solucionar los problemas de educación de niños y jóvenes y no de los intereses políticos o ideológicos del gobierno en turno, ofrecer una educación que acaba de raíz con los problemas complejos del país como la pobreza e ignorancia.
Hablando de problemas complejos, durante la última semana de abril se dio a conocer que la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitió una suspensión definitiva para que la Secretaría de Educación Pública (SEP), se abstenga de aplicar las Reglas de Operación de La Escuela Es Nuestra (LEEN), las cuales incluían la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC). La juez consideró que aplicar las reglas de operación de LEEN es en perjuicio de los derechos a la educación y alimentación de la niñez, por lo que, las intenciones de Delfina Gómez de eliminar las ETC debido a la implementación del programa LEEN, deberá detenerse de inmediato.
Este logro fue en conjunto con varias organizaciones en las que Antorcha Magisterial colaboró con su granito de arena a través de las redes sociales denunciando esta injusticia en la que niñas y niños de 27,000 escuelas afectadas se verían perjudicados al retirarles el servicio de alimentación y jornada ampliada que les permitiera aprender más y mejor.
Esto es una muestra más de que solo a través de la unidad organizada se pueden lograr beneficios en bien de los estudiantes que más lo requieran. Es un logro, sin embargo, hay que estar atentos al desenvolvimiento de este planteamiento porque las autoridades educativas de Morena, encabezadas por Delfina Gómez, no se quedarán con los brazos cruzados al ver que el recurso que destinen a las ETC lo pueden usar en donde más les convenga y plazca.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario