Los datos no mienten. Aunque el discurso oficial intente maquillarlos con el barniz de la “transformación”, el reporte sobre la situación de seguridad en nuestro estado, particularmente en destinos que antes se consideraban refugios de relativa calma como Ixtapa-Zihuatanejo, es una bofetada a la realidad que viven miles de familias guerrerenses.
Que la percepción de inseguridad en Zihuatanejo haya escalado al 68.2 % no es un error estadístico, es el síntoma inequívoco de un sistema que ha fallado en su responsabilidad más elemental, que es proteger la vida de sus ciudadanos.
La violencia que hoy desgarra a la Costa Grande no es un fenómeno espontáneo; es el resultado directo de una estructura económica que condena a Guerrero a la marginación eterna.
Pero no nos confundamos, la violencia que hoy desgarra a la Costa Grande, que desangra a Acapulco con sus 83 homicidios en un trimestre y que mantiene a Chilpancingo bajo el yugo del miedo, no es un fenómeno espontáneo, es el resultado directo de una estructura económica que condena a Guerrero a la marginación eterna.
El gobierno estatal se jacta de una reducción marginal del 6.1 % en la incidencia delictiva general, pero esa cifra es una burla frente al control que los grupos delictivos ejercen sobre la canasta básica, los precios del pollo, la tortilla y el transporte. Lo que tenemos en Guerrero no es una “estrategia de paz”, es una administración de la crisis.
Como bien se sabe, la pobreza es la enfermedad principal de todos los males y la inseguridad es la hija legítima de la pobreza. Mientras Guerrero siga siendo el estado donde la riqueza se concentra en unos cuantos complejos hoteleros de lujo, mientras las colonias populares carecen de drenaje, servicios de salud y empleos dignos, no habrá patrullas suficientes para detener el caos.
El modelo actual se limita a lo superficial: más cámaras, más presencia militar, pero cero inversión en el desarrollo humano real.
Estamos a las puertas de 2027 y el circo electoral ya comienza a montar sus carpas. Muy pronto veremos a los candidatos de siempre recorrer nuestras calles, dándose baños de pueblo y prometiendo, con esa facilidad que da el oportunismo, que ellos sí acabarán con la violencia.
Dirán que traen la solución mágica, que habrá “mano dura” o “abrazos y no balazos”. Sin embargo, fíjese bien, pueblo de Guerrero, ninguno dirá cómo lo hará, ninguno se atreverá a cuestionar el modelo económico neoliberal que genera esta desigualdad, ninguno propondrá una reforma fiscal progresiva para que los que más tienen paguen más y ese recurso se invierta en obra pública en las zonas más pobres.
El Movimiento Antorchista lo ha dicho con claridad durante las cinco décadas de su existencia: la solución no es cosmética, es estructural. Necesitamos cambiar el sistema económico por uno más justo que garantice cuatro ejes fundamentales:
1. Empleo para todos.
2. Salarios bien pagados.
3. Una política fiscal que grave la riqueza y no el consumo.
4. Un gasto público orientado a las necesidades de la gente.
No esperen que la solución venga de arriba, los que hoy gobiernan y los que aspiran a hacerlo el próximo año son piezas del mismo engranaje que nos mantiene en el subdesarrollo, la única fuerza capaz de frenar el naufragio de Guerrero es el pueblo organizado y consciente.
No se trata sólo de votar; se trata de educarse políticamente para exigir lo que por derecho nos pertenece. Es momento de despertar y entender que la paz verdadera no se firma en una mesa de coordinación, se construye con justicia social y con una distribución equitativa de la riqueza.
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