El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas. Colectivos de búsqueda se reunieron en al menos 26 entidades de la República Mexicana mostrando qué es ésta una de las problemáticas más sentidas por los mexicanos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el país hay 110 mil 42 personas registradas en cualquiera de esas circunstancias. Aproximadamente, 70 por ciento de esta cifra corresponde a jóvenes y predomina la desaparición de mujeres entre 15 y 25 años.
En Hidalgo, los colectivos de búsqueda se concentraron en la Plaza Independencia donde denunciaron que la entidad ocupa el octavo lugar a escala nacional en desapariciones generales, pues hasta 2022 se contaban 2 mil 250 personas desaparecidas, de las cuales no se sabe cuántas fueron de manera forzada, pues la Comisión Estatal de Búsqueda no realiza las acciones pertinentes de clasificación. Además, exigieron transparencia sobre el presupuesto que, desde el 1 de febrero de 2023, la Comisión de Hacienda de Presupuesto del Congreso del Estado destinó a la Secretaría de Gobierno (749 millones 938 mil 799 pesos) para la Comisión Ejecutiva de Ayuda a Víctimas de Hidalgo.
Los colectivos de búsqueda demandan la aplicación y transparencia de los recursos destinados a las instituciones dedicadas a esta problemática, pues se han visto olvidados en la batalla por la búsqueda de sus familiares o amigos desaparecidos la libran solos, señalaron que “es MENTIRA que el Sistema de Atención Integral a Víctimas del Estado, haya realizado la más mínima gestión para que nosotros como víctimas tengamos acceso a procesos de investigación, seguimiento y atención. Cada gestión es realizada personalmente por nosotros con nuestro dinero y tiempo y al desconocer de leyes, nos queda más que creer en lo que nos diga el Agente del Ministerio Público”.
Los colectivos de búsqueda demandan la aplicación y transparencia de los recursos destinados a las instituciones dedicadas a esta problemática, pues se han visto olvidados en la batalla por la búsqueda de sus familiares o amigos desaparecidos la libran solos
Las cifras de desaparecidos continúan incrementándose desde el 2018, año en que ingresó Morena al Palacio Nacional. En ese año se reportaron 419, en 2019 se multiplicó a 9 mil 772 y para el año 2020 subió a 9 mil 147. Y ya para diciembre de 2022 se elevó a cuatro veces más esa cantidad, 38 mil 186 personas desaparecidas y no localizadas.
Oficialmente se contabilizan 100 mil desapariciones forzadas registradas en México, lo que muestra el grado de impunidad en el país. Así lo afirman expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asegurando que la cifra podría incrementarse de manera importante por las desapariciones no denunciadas.
Entre las obligaciones del Estado mexicano se encuentra la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y, sin embargo, en el gobierno mexicano desde el nivel federal persisten la negligencia e impunidad en los procesos de búsqueda, sin que se obtenga verdad y justicia para los miles de familias y víctimas de desaparición forzada en el país.
Los colectivos de búsqueda continúan señalando esta problemática y al gobierno federal, por meses han solicitado al presidente López Obrador una reunión para plantearle las necesidades de los miles de familias que tienen a un miembro desaparecido y no han obtenido respuesta.
Sin embargo, recientemente el presidente recibió en Palacio Nacional a Estela de Carloto, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina y cuando se le cuestionó al presidente López Obrador si recibiría a los colectivos mexicanos, éste dijo que no porque su gobierno ya los está apoyando. Además, dijo que detrás del afán de esta reunión había un propósito “manipulador” y “politiquerías”, recalcando que son ataques en su contra.
Ante la cerrazón de gobierno de la 4T, los movimientos sociales tienen que ser valientes para no detener la lucha social por sus causas y continuar alzando la voz haciendo conciencia al colectivo mexicano que es necesario erradicar los males sociales provocados por la injusta distribución de la riqueza en México.
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