La privación ilegal de la libertad y la golpiza que le dieron a Rogelio Núñez Drew, coordinador de la campaña de la candidata a diputada local por La Paz, Baja California Sur (BCS), Yusahara Álvarez Manríquez, de “Fuerza por México”, es tan repudiable como los asesinatos, amenazas y presiones ilegales a candidatos y candidatas de Morena o de cualquier otro partido político en cualquier parte del país.
Nos manifestamos decididamente en contra de que la violencia se apodere del proceso electoral y también exigimos a las autoridades respectivas que esclarezcan este caso en Baja California Sur y todos los demás estados.
La impunidad en estos momentos cruciales es tan peligrosa como la violencia misma de los criminales y delincuentes. Se imponen en la política estatal y nacional castigos ejemplares para combatir eficazmente o al menos disminuir los intentos desestabilizadores.
Bajo el Gobierno federal de la 4T, si tiene poder económico o armas, usted puede hacer lo que guste, que al cabo nadie le dice nada. Pero no se atreva sin esos poderes a disentir de ese Gobierno porque será tratado como un delincuente.
Nuestro Estado de derecho debe prevalecer. No hacerlo es traicionar al pueblo y al camino de siglos que hemos construido como país.
Rogelio Núñez Drew fue “levantado” la noche del 19 de abril. Cuatro individuos armados entraron con violencia a su casa, en la colonia Indeco, de La Paz; frente a sus familiares se lo llevaron, y lo soltaron en la madrugada, unas horas después, golpeado.
A la candidata Álvarez Manríquez, como terrible antecedente, le desaparecieron a su madre en 2017 y a su padre en 2020; por ello creó una asociación de buscadoras de desaparecidos en esta entidad. Hasta el momento no hay pistas de ellos, ni detenidos, ni nada. Total impunidad. La captura de pantalla de esta publicación muestra el doloroso momento para sus familiares momentos después del secuestro.
Es verdaderamente preocupante que los medios de comunicación reporten cifras espeluznantes: 25 asesinatos de aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados en el periodo que va del 1 de septiembre de 2023 al 1 de abril de 2022 pasado, tan sólo en este proceso electoral y no hay detenidos.
Bajo este Gobierno federal, si tiene poder económico o armas, usted puede hacer lo que guste, que al cabo nadie le dice nada. Pero no se atreva sin esos poderes a disentir de ese Gobierno porque será tratado como un delincuente.
No se atreva algún grupo de ciudadanos a manifestar su inconformidad con las promesas o los deberes gubernamentales incumplidos porque le ponen una guardia de policías y soldados alrededor de su palacio municipal o de Gobierno, que tal pareciera que enfrentaran una invasión extranjera. Hacen un extraordinario alarde de fuerzas, encienden luces de torretas y acorralan a los humildes peticionarios, pero a la hora de la hora hacen mutis.
Una nota de El Financiero del 20 de abril pasado, indica:
“A esto se suman decenas de casos de atentados, secuestros, desapariciones, agresiones, amenazas o intimidación que han sufrido candidatos y políticos en todo el país.
La organización Laboratorio Electoral contabilizó hasta ayer 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral, de los cuales 51 fueron asesinados; 25 de ellos eran aspirantes, mientras que la organización Integralia reportó 300 incidentes de violencia política, asociados a 399 víctimas, lo que implica un promedio de 1.8 víctimas diarias”.
Integralia también reportó que el proceso electoral 2023-2024 ya es “el más violento de la historia moderna de México”.
Tan sólo tres días después de esa nota, ya se sumó a la lista el estado de Baja California Sur, que no se caracterizaba por ese mal nivel. ¿Qué está pasando? No esclarecer de inmediato el caso de Núñez Drew será darle alas a una violencia mayor en BCS.
Cualquiera pudiera decir que los asesinatos suceden entre gente con poder que pelea el poder y que, por tanto, eso nada tiene que ver con los humildes, con la gente sencilla. Nada más lejos de la realidad.
El poder, hasta ahora, ha sido y es para dominar a la gente sencilla y para mantenerla oprimida, desunida, desorganizada y, en consecuencia, fácil víctima de engaños y todo tipo de abusos, desde laborales hasta electorales, precisamente.
La 4T está obligada a garantizar unas elecciones seguras, no sólo para los propios candidatos de Morena, sino para los de todos los partidos.
México no sólo cuenta con un enorme cuerpo policiaco capaz de realizar labores de investigación de criminalística, de medicina forense y peritaje de gran complejidad, sino también tiene un gran equipo técnico y laboratorios, así como criminólogos, sicólogos y funcionarios de seguridad con amplia experiencia, tenemos policías científicos (como suena) y detectives honestos tan buenos como cualquier nación.
¿Y dónde está todo eso? ¿Entonces para qué lo usan? Sé de gente muy capaz que, por no haberse prestado a sus corruptelas, ya no trabaja en sus Gobiernos, pero ahí sigue, desperdiciada. Hay que reincorporarla a que auxilie a su patria en estos momentos aciagos, después será demasiado tarde.
No hay edil, gobernador o presidente que durante su administración no presuma de todo lo anterior, que no fanfarronee de cursos y más cursos de preparación hasta con instructores gringos, de adquisición de más patrullas, de nuevas y novedosas armas, de creación de más institutos policíacos y avanzados centros de espionaje; asisten fastuosos a las graduaciones de flamantes generaciones de nuevos policías y guardias… ¿Y? Ahora es cuando.
¿O todo este aparato policiaco y militar, tan caro, lo quieren para otra cosa? La experiencia está indicando, ya, en este momento, que al menos para el actual proceso electoral no lo quieren usar.
Mientras son peras o son perones, la ciudadanía leal a su patria no puede dejar de exigir que haya elecciones seguras, limpias y pacíficas. Queremos votar en paz, no con miedo.
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