En el estado de Nuevo León, la expansión urbana ha generado una problemática creciente en los municipios periféricos del área metropolitana como García, El Carmen, Zuazua, Pesquería y Juárez.
Estas áreas, una vez rurales, se han transformado en lo que podríamos llamar los “arrabales modernos”: lugares donde los trabajadores únicamente llegan a dormir, desconectados de servicios básicos y con una infraestructura precaria que refleja el abandono por parte de las autoridades.
La situación de vivienda en estas zonas es alarmante. Se caracteriza por la falta de acceso a viviendas dignas, hacinamiento, carencia de servicios básicos como agua potable, electricidad y drenaje, así como la ausencia de espacios públicos adecuados.
El capitalismo, en su afán de maximizar ganancias, ha permitido el desarrollo descontrolado de la urbanización sin tomar en cuenta el bienestar de la población.
Esto no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que también contribuye a la reproducción de la pobreza y la desigualdad social.
Detrás de esta problemática, subyace un sistema económico y político que privilegia el lucro sobre las necesidades humanas. El capitalismo, en su afán de maximizar ganancias, ha permitido el desarrollo descontrolado de la urbanización sin tomar en cuenta el bienestar de la población.
Las constructoras, en su búsqueda de rentabilidad, edifican viviendas de baja calidad en lugares marginales, exacerbando la exclusión social y la segregación urbana.
El capitalismo ha convertido a la periferia de Monterrey en un oasis de oportunidades para unos pocos, mientras sumerge a las familias trabajadoras en un mar de dificultades y privaciones.
Las constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, ávidas de ganancias, levantan casas de concreto sin preocuparse por el impacto en la calidad de vida de los habitantes, perpetuando así la segregación y la marginación.
En esta zona, el capitalismo ha tejido una red de injusticias que atrapa a las familias en un ciclo interminable de pobreza y desigualdad. “La mano invisible”del mercado ha permitido la proliferación de empleos mal remunerados y condiciones laborales deplorables, obligando a padres y madres de familia a trabajar largas jornadas por salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus hogares.
Para abordar esta crisis de vivienda y desarrollo social, es imprescindible reconocer que las soluciones no pueden venir del sector privado. Se requiere de una intervención decidida del Estado, orientada hacia políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y promuevan un desarrollo urbano sustentable y equitativo.
Sin embargo, la transformación no puede limitarse solo a lo económico y lo urbanístico. Es necesario un cambio profundo en el sistema político que coloque el bienestar de la población en el centro de las decisiones. La organización de la masa trabajadora y una reconfiguración del poder político son pasos indispensables para lograr este cometido.
El Movimiento Antorchista dentro de sus distintos frentes lucha por una vivienda digna y un desarrollo social justo, incluyendo los municipios periféricos de Nuevo León es, en última instancia, una lucha por la justicia y la igualdad. Es hora de que la ciudadanía se organice y exija un cambio radical en las políticas gubernamentales, con el fin de construir un futuro donde todos puedan vivir con dignidad y prosperidad.
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