Todos hemos escuchado hasta el hartazgo que el artículo tercero de la Constitución protege el derecho de todo mexicano a tener una educación gratuita. Pero lo que dice el documento, en los hechos, es mera ficción, pues recientemente hemos visto públicamente hechos que así nos lo indican: El aumento del salario mínimo es puramente nominal, pues nadie puede sobrevivir con la cantidad de 123.00 pesos diarios y al aumentarlo, es como si fuera una orden para que productores y vendedores aumenten los precios de la mayoría de las mercancías, de tal manera que lo que en realidad se alcanza a comprar con él es una menor cantidad que antes de su aumento, si así pasa año con año, entonces ¿qué tiene de raro ahora o por qué traerlo a cuento? Porque en esta ocasión tenemos 2 circunstancias que otros años no habían existido: 1. Estamos en una pandemia incontrolable 2. Está gobernando un partido que prometió -y por eso el pueblo le dio la confianza de su voto- ver y proteger “primero a los pobres”. Pero veamos como el “primero los pobres” que tanto pregonaron, solo fue un slogan para cazar votos, así lo prueban hechos concretos que repercuten negativamente en los bolsillos de los más pobres y ahora con la pandemia, aunque no lo quieran, la realidad los ha hecho mostrarse tal cual son: El aumento de los precios que hablamos más arriba, abarca también mercancías y servicios que son necesarios para educarse, como el de las computadoras, las tabletas, los celulares, los televisores, etc., así como los servicios; pongo solo 2 ejemplos: el gobierno federal avaló el aumento a las tarifas del uso de la electricidad y recientemente nos enteramos de lo siguiente: “con 263 votos a favor, 130 en contra y 13 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos para actualizar las cuotas por diversos servicios, así como por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, a fin de recaudar 42 mil 267 millones de pesos el próximo año, la mayoría de Morena y sus aliados avalaron” (Milenio).
El pasado 11 de enero regresaron a clases alumnos en México de todos los niveles educativos, alrededor de 30 millones de alumnos de nivel básico que retomaron las clases a distancia, tras el periodo vacacional de invierno, asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa implementando el programa “Aprende en Casa 3” en las peores condiciones desde que inició la cuarentena, pues al ser la única forma de poder mantener una distancia segura para no contagiarnos, esta modificación a la realidad tiene alta repercusión en el aprendizaje de los niños y jóvenes. Muchas de las veces no les alcanza el recurso de las familias para adquirir alguna televisión, o celular, y hacer la compra de datos móviles para usar el internet. Se dificultan más las cosas al no tener los recursos para pagar estos servicios y no poder acceder a las clases y actividades que se mandan por medio de las redes sociales, pues las madres de familia se encuentran ante la disyuntiva -o compro la despensa para la alimentación o pagamos internet-. Eso agregado a los problemas colaterales que conlleva la educación a distancia como falta de claridad en caso de que haya dudas, la rapidez y superficialidad con que se tratan los temas y una muy importante, el gran déficit de atención que hay entre los estudiantes y el bajo interés en el conocimiento, lo que conlleva al bajo o nulo papel autodidacta.
La desgracia mayor no es pues, en sí, solo la pandemia, sino el tipo de gobierno que se tiene y las medidas equivocadas que toma en el caso del sector educativo. Debemos denunciarlo y exigir al gobierno federal, estatal y a las autoridades educativas que tomen medidas tendientes a paliar la situación de carencia de la mayoría de las familias mexicanas, tales como proveerles de pantallas de televisores necesarias, computadoras, celulares y sobre todo el servicio de internet gratuito para todos. Eso, de alguna manera, mejoraría la educación a distancia, lo demás, es sólo aparentar que algo se está haciendo.
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