La libre manifestación de las ideas y el derecho de los mexicanos a organizarnos como mejor nos convenga en defensa de nuestros intereses para realizar una petición o un acto de protesta contra la arbitrariedad de las autoridades, son preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero estos derechos con que hoy contamos todos los mexicanos, no son producto de la benevolencia y el buen juicio de las clases opresoras y sus gobiernos, sino resultado de una larga lucha del pueblo que por siglos ha vivido sometido. Desde la época de la Colonia se estableció en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio como un instrumento de control político para reprimir las protestas y manifestaciones que alterarán el orden social impuesto, un instrumento de control y sometimiento no solo en el ámbito ideológico sino también en el terreno social ante cualquier tipo de disidencia política.
Con el movimiento de Independencia, y bajo el influjo de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre (1789), comienzan a aparecer en nuestra Carta Magna las libertades de pensamiento y organización, aunque restringidas, por ejemplo, bajo el Imperio de Maximiliano de Habsburgo (1857) o durante la dictadura de Porfirio Díaz.
Al estallar la Revolución Mexicana en 1910, sus más destacados dirigentes enarbolaron las banderas de la libertad y los derechos que el pueblo exigía y por los cuales estuvieron dispuestos a ofrecer su sangre y su vida. Nace entonces la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en donde se establece, en su artículo 6°, que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa..." y en su artículo 9°, que: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito [...] no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad..." Por tanto, ninguna autoridad estatal puede impedir la libre manifestación de las ideas ni disolver una manifestación o asamblea que tenga como fin hacer pública una protesta por algún acto autoritario de gobierno. Nuestros derechos constitucionales son pues armas legales que históricamente ha conquistado el pueblo pobre de México para hacerse escuchar y poder lograr beneficios para la gente que más lo necesita.
Pero ahora resulta que el gobierno de MORENA en Tabasco quiere reprimir las manifestaciones públicas; el gobernador, Adán López Hernández, con mayoría en el Congreso, pretende criminalizar las manifestaciones públicas del pueblo que lo llevó al poder, imponiendo una ley que castigará hasta con 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las carreteras o impidan la ejecución de obras públicas. La reforma o "Ley Garrote" supuestamente es para garantizar el libre tránsito, sin embargo, obedece a otras causas de fondo como blindar la polémica obra de la refinería de Dos Bocas, que por donde se busque será, como lo fue en su momento la cancelación del NAIM, un total fracaso que terminará endeudando más al país.
Esto es prueba irrefutable de que lo que predicó MORENA en su empeño por ganar la presidencia de la república es pura demagogia, porque no está pensando en los pobres de México, sino en los grandes empresarios que se verán beneficiados por esta obra que a decir de algunos expertos es un proyecto inviable, como lo afirma, por ejemplo, el grupo financiero de Citibanamex que estimó que una refinería como esa, para producir 400 mil barriles diarios procesando crudo pesado, costaría alrededor de 12 mil millones de dólares y tendría un tiempo de construcción de ocho años; proyección distinta a la propuesta por Andrés Manuel López Obrador que estima que tendrá un costo de 8 mil millones de pesos y un tiempo de construcción de tres años. Además de existir otras muchas consideraciones como la expuesta por el director de la Cátedra UNESCO-Universidad de las Américas de Puebla en Riesgos Hidrometeorológicos, quien dice que hay una fuerte erosión costera en esa zona además de la subida del nivel del mar que se está acelerando por el deshielo en el ártico.
Por qué el señor presidente no hace algo por detener la llamada "Ley Garrote" donde se multa de 150 a 250 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se encarcela hasta por 20 años a quien impida total o parcialmente el libre tránsito de personas. ¿A quién defiende señor presidente? No podemos dejar que nuestros derechos constitucionales se vean pisoteados por aquellos que han navegado con bandera blanca para obtener el apoyo popular, para después dar la espalda y criminalizar a quienes se movilicen y estén en desacuerdo con las decisiones del gobierno en turno.
Por el respeto a nuestros derechos constitucionales y por un combate a fondo contra la pobreza en México, serán las concentraciones multitudinarias con motivo del 45 aniversario del Movimiento Antorchista Nacional, a pesar de ser un festejo por los años de trabajo y de lucha, será, al mismo tiempo, un grito de protesta contra las injusticias que está cometiendo el gobierno morenista. No faltemos pues a la cita de los cinco eventos restantes ¡Llegó la hora de los pobres de México!
0 Comentarios:
Dejar un Comentario