De acuerdo con una publicación disponible en el portal del Banco Mundial del 20 de noviembre de 2012, México es uno de los países más expuestos a riesgos naturales de todo tipo, con más de 90 sismos al año con magnitudes de 4.0 grados o más en la escala de Richter. Por ejemplo, el país tuvo que aprender una muy dura lección con el terremoto de 1985, que dejó miles de personas muertas y pérdidas estimadas en 11 mil 400 millones de dólares.
El Banco Mundial señala que la destrucción que dejó aquella catástrofe forzó al Gobierno a usar sus recursos para la reconstrucción, en lugar de expandir la infraestructura del país.
Con tanta vulnerabilidad frente a los desastres, México ha tenido que prepararse para proteger a los ciudadanos y la economía. Por eso, el gobierno mexicano creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
El Fonden fue creado por José Ángel Gurría Treviño, secretario de Hacienda y Crédito Público, a finales de julio de 1999 para atender desde el ámbito del Gobierno federal y de manera coordinada con los gobiernos estatal, municipal y del entonces Distrito Federal, los efectos adversos originados por desastres naturales.
Cada año, el fondo recibía aportaciones de los remanentes generados de cada ejercicio fiscal, así como una asignación presupuestal, donaciones y los rendimientos generados por la inversión. Contaba con un comité técnico y reglas de operación para el reparto del dinero después de los desastres naturales que azotaran al país.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) era la encargada de hacer las declaratorias de emergencia por un desastre natural. Ese dinero era dispersado y entregado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien era la encargada de hacer padrones de beneficiarios, como ocurrió en los sismos de septiembre de 2017.
A estas alturas nadie puede dudar que cuando ocurre un desastre natural, los pobres son las principales víctimas. Por ello, tan sólo con la creación del Fonden es posible notar que las políticas de los gobiernos anteriores eran menos irresponsables, pues no estaban abocados únicamente a destinar recursos del erario a la compra de conciencias.
Aquellos gobiernos también atendían problemas que efectivamente afectan más a la población más vulnerable, como los que no tienen una vivienda construida con materiales más resistentes; a los que viven en zonas de riesgo al no tener otra opción dada su situación económica.
Los jaliscienses y todos los mexicanos afectados por Lidia y otros fenómenos meteorológicos deben unir fuerzas para exigir la restauración del Fonden, y no depender de la buena voluntad del mandatario federal en turno.
Los mexicanos no perdemos de vista en ninguna circunstancia que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el pretexto de que “había corrupción”, eliminó de un plumazo los recursos del Fonden, y ahora los afectados por desastres naturales de todo tipo han quedado prácticamente a su suerte para recuperar pérdidas materiales y afrontar las consecuencias de la pérdida de vidas humanas.
No satisfecho con haber eliminado el Fonden en 2020, AMLO envió a la Cámara de Diputados a principios de este octubre una iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Esta iniciativa obliga a las entidades federativas y municipios a asignar recursos de sus presupuestos para hacer frente a situaciones de emergencia y desastres naturales.
En días recientes, una parte del pueblo jalisciense sufrió las consecuencias de la furia de la naturaleza. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) reportó que tras el paso del huracán Lidia, resultaron con daños estructurales y afectaciones de menaje mil 839 viviendas de Cuautitlán de García Barragán, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Tomatlán, Autlán de Navarro, Mascota y Talpa de Allende; los municipios más perjudicados por el fenómeno meteorológico.
Asimismo, Lidia afectó al menos a 95 planteles pertenecientes al sistema de educación en el estado, según reportes de la Secretaría de Educación en Jalisco. La dependencia señala que se volaron láminas; se perdió el suministro de energía eléctrica, y en muchos casos sólo se trata de un tema de limpieza.
Tras tocar tierra en Jalisco la tarde del 10 de octubre, el huracán Lidia provocó la muerte de un hombre en Pihuamo.
El fenómeno meteorológico, degradado ya a baja presión remanente, provocó la inundación del hospital regional de Autlán de Navarro, donde un hombre de edad avanzada falleció tras ser trasladado al nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la misma demarcación.
Puerto Vallarta regresó a sus actividades, y aunque la tarde del 12 de octubre estuvo soleada, a las 18:00 horas cayó una intempestiva tormenta en la ciudad que desbordó dos arroyos, causando el arrastre de vehículos, que se vararan ciudadanos en distintos puntos, y un caos que afectó comercios, viviendas y turistas.
El centro quedó inundado en cuestión de horas y sin energía eléctrica. En muchas centros educativos y poblaciones del municipio aún no se restablecía la electricidad al momento de escribir estas líneas.
Frente a los daños y muertes por Lidia, al pueblo de México le debe quedar claro que urge el fondo eliminado por AMLO. No puede conformarse con discursos consoladores del presidente, sobre que la tormenta no causó daños mayores; como siempre, apostándole a la buena suerte.
Los jaliscienses y todos los mexicanos afectados por Lidia y otros fenómenos meteorológicos deben unir fuerzas para, en forma organizada, exigir la restauración del Fonden, el que no sólo tiene que ser un fondo especial, sino también lo suficientemente robusto para enfrentar cualquier tipo de desastre natural en el momento en que sea necesario.
Los mexicanos debemos tener un fondo duradero y no depender del presupuesto gubernamental regular, ni mucho menos de la buena voluntad del mandatario federal en turno. Solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva ante las emergencias y desastres.
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