En Tizayuca, de acuerdo con el semáforo delictivo, respecto a 2024, se registra un incremento de 100 % en casos de homicidios y 46 % en robo a negocios. Además, se reportaron en marzo cinco casos de violación y veintidós de lesiones.
Las personas afectadas son, con frecuencia, trabajadoras y trabajadores que regresan a sus hogares por la noche, son asaltadas, sufren la pérdida de sus ingresos y, en algunos casos, heridas físicas.
Cada día se presumen acciones transformadoras en redes sociales, pero las condiciones de marginación de los tizayuquenses no cambian.
Tizayuca es la entrada a Hidalgo. Este municipio, dada su cercanía al Valle de México, alberga a miles de trabajadores que, al no encontrar vivienda digna en la capital, rentan o construyen sus hogares ahí, aun cuando las largas jornadas laborales y el tortuoso transporte público sólo les permiten permanecer con sus familias pocas horas, que invierten en su mayoría en descansar.
Así, se vive un constante proceso de urbanización que, no sobra decir, ha sido descontrolado y ha favorecido a las grandes empresas constructoras. Las protestas por la falta de servicios básicos en las colonias nacientes son constantes, mientras los fraccionamientos se ven favorecidos con la cobertura de estos.
Las y los tizayuquenses están ávidos de un verdadero desarrollo y bienestar social que les permita encontrar fuentes de empleo dignas cercanas a sus hogares, y que el presupuesto público se invierta en la regularización e introducción de servicios básicos en las colonias más marginadas.
Sin embargo, las acciones de los tres niveles de gobierno han sido insuficientes. Cada día se presumen acciones “transformadoras” en redes sociales, fotografías de reuniones y eventos locales y en los municipios aledaños, pero las condiciones de marginación no cambian.
En este panorama, la inseguridad no podía más que aumentar. La posición estratégica del municipio la favorece y las ineficientes acciones gubernamentales no han podido contrarrestar esta oleada de violencia.
Resalta la respuesta del aparato gubernamental ante la huelga de los transportistas —el sector más afectado por la inseguridad— que ha sido la implementación de un programa de “transporte emergente”, el cual ciertamente apoya a la movilidad de la población, pero no resuelve la petición de seguridad de este sector.
En Tizayuca, los habitantes claman paz. Se necesita un frente unido que exija a las autoridades la implementación de medidas efectivas para garantizar su derecho a una vida plena y segura para sus familias.
A nivel nacional, la inseguridad no es un fenómeno nuevo, pero alarma su acelerado crecimiento y revela un grave problema social que ni las estrategias de seguridad fallidas, ni la militarización, ni las políticas económicas promovidas desde el gobierno federal han podido resolver.
Mientras no exista un nivel de vida aceptable para toda la población, las “soluciones” que sólo palian las consecuencias o que sólo “atacan” la superficie no serán suficientes.
Las causas de la creciente inseguridad son el resultado de una descomposición social: es la manifestación de la putrefacción de una sociedad desigual que permite que, de cada 100 pesos de riqueza creada en el país, 21 pesos se vayan a las arcas del 1 % más rico y que, en contraste, en el 50 % de la población más pobre sólo se distribuyan 0.40 pesos.
La pobreza en el sector más vulnerable no hace más que crecer: 55.6 millones de mexicanos viven en pobreza. Factores como el desempleo, los malos salarios, el injusto reparto del presupuesto nacional —que ocasiona la escasa difusión de la cultura y el arte en todos los estratos sociales— y la poca inversión en educación y salud seguirán haciendo de nuestro estado y de todo México un terreno fértil para fomentar la inseguridad.
Sólo cambiar el modelo económico imperante hará que desaparezcan esas causas y, con ello, sus fatales consecuencias.
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