El 12 de junio, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ciberseguridad en Puebla, que sancionará los delitos digitales como el ciberasedio, la usurpación de identidad, el espionaje digital y otros actos de violencia digital con penas de hasta 3 años de prisión. Pero la nueva ley aprobada por el Congreso fue catalogada como la “Ley censura” por los analistas, periodistas, la CNDH y la ONU. La ley —sostienen—acallará las voces críticas contra el gobernador, los funcionarios estatales y los morenistas.
La propuesta de la ley fue hecha por el entonces diputado José Luis García Parra, en noviembre de 2024. Nadie le hizo caso y la propuesta quedó congelada hasta junio de 2025, cuando las cuentas en Twitter de La Aldea Poblana y de otros medios informativos difundieron señalamientos contra integrantes del gabinete estatal. García Parra ya no es diputado local; ahora es el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, uno de los hombres de más confianza del gobernador y ha sido criticado en la prensa y en las redes por sus gustos millonarios.
El verdadero propósito de la reforma regresiva y retrógrada, dizque en materia de ciberseguridad, es atentar contra la libertad de expresión, contra las voces críticas que la administración armentista no ha podido doblegar.
En teoría, la ley busca proteger a la población en su navegación por medios digitales, particularmente a menores de edad y personas vulnerables. Sin embargo, la coincidencia temporal del desempolve de la iniciativa con las críticas contra el gobierno del estado, genera sospechas respecto a si busca proteger a las víctimas de acoso o blindar a la élite política del escrutinio público.
“El verdadero propósito de esta reforma regresiva y retrógrada dizque en materia de ciberseguridad, es atentar contra la libertad de expresión, contra las voces críticas y líderes de opinión en redes sociales y medios digitales que la administración armentista no ha podido doblegar por la vía del chayote o los convenios de publicidad, y controlar lo que se publica y difunde en plataformas de internet y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram”, afirmó en su columna del 12 de junio el director de e-consulta, Rodolfo Ruiz.
En la conferencia mañanera del 7 de abril, el gobernador insultó a Rodolfo Ruiz llamándolo “canalla” y “cobarde” debido a que —le informaron— el 28 de diciembre habría publicado un tuit contra una funcionaria. Además, el gobernador exigió que la Fiscalía de Puebla abriera una investigación contra el periodista. Pero el tuit no lo publicó Rodolfo Ruiz. Se ganó una agresión y una investigación sin ningún sustento, como empieza a ser frecuente en el estado. “El mandatario había cometido un error, pues su oficina de comunicación nunca pudo mostrar los tuits que le adjudicaban a Ruiz, y otro periodista, Héctor Llorame, reconoció que fue él quien criticó en redes sociales –y en uso de su libertad de expresión– que la pelea de Gabriela la Bonita Sánchez se promocionara con recursos públicos”, escribió Gabriela Hernández en proceso.com en el texto titulado “Sobrevivir bajo el acoso: la resistencia de la prensa poblana tras la ley censura”.
Entre 2018 y 2024, al menos 22 procesos judiciales han sido iniciados contra periodistas poblanos por el ejercicio de su labor informativa. La mayoría de estos casos han sido impulsados por funcionarios públicos a través de demandas por daño moral, denuncias ante instancias administrativas como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) o investigaciones fiscales que, en lugar de buscar justicia, han funcionado como mecanismos de castigo y disuasión. e-consulta y su director concentran más de la mitad de estos casos, con al menos siete demandas civiles y otras tres adicionales interpuestas por actores cercanos al poder estatal. Bajo el gobierno de Miguel Barbosa también demandaron a Carolina Fernández, directora de El Popular.
La represión es una herramienta de la 4T. En el caso de Campeche, en donde gobierna Morena con Layda Sansores, se reprime a los periodistas críticos: el caso más emblemático es el de Jorge González, exdirector del diario Tribuna Campeche, quien ha denunciado ser víctima de una persecución política y judicial. Fue detenido violentamente el 9 de abril del 2025, esposado y golpeado, y aunque obtuvo un amparo, permaneció detenido 48 horas. Se le impuso una multa de dos millones de pesos como parte de un proceso judicial que le prohíbe ejercer el periodismo por dos años y ha obligado al cierre temporal de su medio.
Otra “ciberdelincuente” es Karla Estrella, una mujer de Hermosillo, Sonora, que escribió en Twitter: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyera a su esposa [la diputada Diana Barreras], que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas, cero dudas”. Karla hacía referencia a Diana Karina Barreras Samaniego, quien en ese momento era diputada local en Sonora y se postulaba para la Cámara de Diputados federal, está casada con Sergio Gutiérrez Luna, que es integrante de Morena y presidente de la Cámara de Diputados del país. Por ese tuit tendrá que pedir disculpas durante 30 días, pagar una multa, tomar un curso de género y estar inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE durante un año y medio. Tiene más sanciones que los “rateros de cuello blanco”, diría AMLO. En Tamaulipas, el gobernador morenista Américo Villareal ha tomado medidas represivas contra periodistas que lo han criticado, como el columnista de El Univesal Héctor de Mauleón, quien ha enfrentado denuncias judiciales y acoso.
Artículo 19 y Amnistía Internacional han alertado sobre un incremento de denuncias judiciales, multas, inhabilitaciones y procesos penales contra periodistas críticos de Morena, con un promedio de una demanda cada tres semanas en 2025 (Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información, artículo 19). El año pasado se registraron 639 agresiones contra periodistas, lo que significa una agresión cada 14 horas y un aumento del 13.9% respecto a 2023.
Juan Carlos Páez San Martín, entonces titular de la Policía Cibernética de Puebla, afirmó que el delito de ciberasedio, tal como quedó aprobado en la reciente reforma al Código Penal, “no existe” en términos técnicos. Aunque reconoció que el acoso digital es una problemática real, advirtió que la ley carece de un andamiaje jurídico y operativo que permita investigarlo o sancionarlo de manera efectiva. “No se puede perseguir algo que no está definido con claridad ni respaldado por criterios técnicos verificables”, declaró a e-consulta.
Lo más absurdo de todo es que, después de aprobar la ley, el gobierno comenzó a hacer foros para que los poblanos opinen sobre lo que ya legislaron. El Gobierno del estado deberá modificar la ley, debido a las presiones nacionales e internacionales. Por ejemplo, la CNDH considera que el texto del artículo 480 presenta ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto la modificarán? Hasta donde les convenga.
Los medios poblanos no se han convertido en una voz crítica del poder, ni antes ni ahora (salvo honrosas excepciones); más bien, la mayoría de ellos están a la espera de jugosos convenios publicitarios del gobierno y por eso difunden lo que hace el gobierno y lo defienden cuando se equivoca. Se cuenta con las manos a los medios y periodistas críticos. Pero en las redes sociales no sucede lo mismo. A pesar de que el Gobierno estatal se le invierte dinero a sus redes para publicidad, ahí existe un gran número de periodistas, columnistas, ciudadanos, universitarios que lo critican duramente. Eso los encoleriza y eso se pretende controlar con la nueva ley.
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