En 1998 Puebla era gobernada por el otrora priista Manuel Bartlett Díaz. En ese entonces, él mismo impulsó la llamada Ley para el Federalismo Hacendario, cuyo mayor recuerdo era la creación de los comités de planeación y desarrollo municipal (Coplademun), que tenían las facultades de decidir la aplicación de los recursos derivados de participaciones del Fondo de Aportación a la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportación al Fortalecimiento de los Municipios y el CDMX, contraviniendo la Constitución.
Esta ley demandaba que el responsable de administrar, distribuir, ejercer y supervisar los recursos federales era el Ejecutivo Estatal. En pocas palabras, el ahora director de la CFE buscaba limitar el uso de los recursos estatales a los municipios, alterando criterios legales para la asignación de los mismos.
En el 98, esta ley fue duramente criticada. La oposición de ese entonces, que era el PAN, afirmaba que con esta reforma Bartlett Díaz estaba violando la Ley Federal de Coordinación Fiscal que aprobó el Congreso de la Unión, cambiando de manera arbitraria los mecanismos del ejercicio presupuestal para tener control indiscriminado sobre ellos.
Pero, más que eso, acusaban, y con justificada razón, que detrás de ello había un fondo como todo en esta vida- político. Los panistas aseguraban que esta ley había sido impulsada por el miedo de Bartlett de que los blanquiazules ganaran terreno en los municipios, pues limitiba el accionar de los ayuntamientos que gobernaban, cosa que no pasaría con los que estaban en manos del priismo.
Así, la oposición de ese momento demostraba que, cuando los intereses políticos y electorales del partido en el poder se ven en riesgo, este pone a su disposición toda clase de mañas y artilugios seudo legales para perpetuarse y seguir disfrutando de su cómoda posición.
Hoy, 22 años después, la historia se repite. Cambian los colores, pero no los hechos. Veamos. El 26 de octubre, sin dar oportunidad a una discusión en pleno, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, presidida por el morenista (¡claro!) Fernando Jara Vargas, aprobó la nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público de Puebla, propuesta por el gobernador morenista (¿no es obvio?) Miguel Barbosa, misma que entrará en vigor el próximo 1º de enero de 2021.
Dicha ley no dista mucho de la de Bartlett. Aunque Barbosa diga que era necesaria para "garantizar la aplicación transparente del recurso público y erradicar las malas prácticas del pasado, y los subejercicios de ayuntamientos y organismos públicos", lo cierto es que esta es una ley de castigo anticipado.
Al igual que con el antiguo priista, que ahora es su compañero de ‘creencia' (¿lo habrá aconsejado?), esta ley ataca vilmente la autonomía y la seguridad financiera de los municipios y, como lo importante es tener todo bajo control, también de muchas dependencias y organismos que en vano llevan la palabra ‘autónomo' en su descripción.
Esta ley le dio ya el control al morenista de decidir cuánto dinero reciben los municipios y en qué se va a gastar; cuáles obras se harán y cuáles no, qué tiene prioridad y qué puede seguir esperando; quién puede trabajar en el Ayuntamiento y cuánto va a ganar. La máxima de "El Estado soy yo" es la que guía a Barbosa.
Y, otra vez, como en el 98, se acercan elecciones. El miedo de perder el poder no lo ha de dejar dormir. ¿Y cómo? Si tanto él como sus alcaldes figuran entre los peores del país: la casa encuestadora Arias Consultores lo ubica como el segundo peor gobernador de país. Y, de acuerdo con el más reciente ranking de Consulta Mitofsky, los alcaldes morenistas Claudia Rivera Vivanco, de Puebla, y el exalcalde de Tehuacán, Felipe N., ocupan los últimos lugares en una lista de 100 ediles evaluados.
Una cosa es segura: los poblanos ya no confían en que Morena sea ‘la esperanza de México'. Las encuestas lo dicen mes con mes: los morenistas no saben ni pueden gobernar y así se demuestra también en el terreno de los hechos. Puebla va de mal en peor. Nuestro estado es ya el quinto con mayor número de pobres; es el segundo con mayor tasa de desempleo; más de un millón de personas tienen carencia de alimentación según el Coneval-; es el quinto estado con más feminicidios y los asaltos, robos y homicidios crecen descomunalmente.
En este contexto, no es de extrañar que Barbosa y su partido estén preocupados por la jornada electoral del año entrante. Saben que la gente ya no los va a apoyar y menos ahora que no estarán cobijados por el manto sagrado del mesias que llevó al triunfo en el 2018 a candidatos que ni en las colonias conocían.
Así, pues, buscan castigar anticipadamente a los municipios de oposición y, con el control en sus finanzas, tener un as bajo la manga para ‘ganar' votos. Eso está más que claro. Con todo y sus sucias triquiñuelas por conservarse en el poder, los poblanos debemos darle una lección a Morena en el 2021. Unámonos en un frente común que busque verdaderamente sacar a Puebla adelante. Demostremos que el pueblo, organizado y consciente, es el único que puede salvarse a sí mismo. El 2021 está ya a la vuelta de la esquina.
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