MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

A un mes de la masacre de activistas antorchistas, no hay ninguna respuesta

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Al cumplirse ya un mes del brutal asesinato de la pareja de líderes del Movimiento Antorchista, Conrado Hernández Domínguez, Mercedes Martínez Martínez y su pequeño hijo, de cinco años no hay ninguna respuesta de las autoridades encargadas de la impartición de justicia ni se conoce el punto de vista de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda respecto a este hecho que cimbró a la ciudadanía guerrerense y enlutó al antorchismo de todo el país.

Desde el primer momento del brutal e inmotivado asesinato, como lo calificó el líder del antorchismo nacional, Aquiles Córdova Morán, el Comité Ejecutivo Nacional de la organización ha estado analizando el lamentable caso, que no tiene avance alguno y por esa razón dio ya luz verde para iniciar las protestas en reclamo de justicia.

La pasividad y silencio de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de la fiscal de Sandra Luz Valdovinos es indignante y preocupante porque a un mes de la masacre contra una familia dedicada a la lucha social, Conrado Hernández Domínguez, representante del Movimiento Antorchista en la región Centro durante más de 10 años; Mercedes Martínez Martínez, con más de tres años al frente de los más desprotegidos de la zona de La Cañada, en la región de La Montaña y su pequeño hijo.

La noche del 12 de abril se conoció en redes sociales del presunto accidente automovilístico en el que falleció una familia, conforme pasaron las horas se confirmó que se trataba de los líderes antorchistas y su hijo; a la par crecía el rumor de que no se trató de un accidente debido a que el vehículo en que viajaban -encontrado al fondo de una barranca de aproximadamente 50 metros- no presentaba daños severos, además los cuerpos estaban en el asiento trasero. El rumor fue confirmado con los resultados de las autopsias, que revelaron que la pareja fue asesinada a golpes y el niño, asfixiado.

Desde el primer momento se ha solicitado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención ante la FGE para que dé celeridad a las investigaciones de los aberrantes crímenes, ya que no existía motivo alguno para que fueran masacrados. Aún no hay fecha de audiencia con la gobernadora pese a la insistencia de solicitar su intervención y conocer su punto de vista al respecto. 

El silencio y la cobardía de las autoridades para esclarecer este hecho es preocupante; a un mes de la masacre, el Movimiento Antorchista Nacional da luz verde a los guerrerenses para iniciar las acciones en reclamo de justicia y el lunes 15 de mayo realizarán un mitin frente al palacio de Gobierno en busca de diálogo con la gobernadora morenista, también planean acudir a La Mañanera para exigir justicia y cese a los asesinatos políticos en Guerrero. A estas protestas se irán sumando compañeros de todo el país hasta encontrar respuesta y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la masacre, de esta manera, Chilpancingo se convertirá en el centro de las protestas del antorchismo nacional, siempre atento al llamado en defensa de causas justas.

Un mes y contando. Si algo caracteriza al Movimiento Antorchista Nacional es su fuerza social, la unión, fraternidad y lucha que inician el lunes los compañeros del municipio de Chilpancingo y sus alrededores, quienes no descansarán hasta ver tras las rejas a los responsables de la muerte de tres personas buenas, tranquilas y honestas, que dedicaban su vida a organizar a la gente que buscaba mejorar sus condiciones de vida.

En 20 años de convivir casi todos los días jamás tuve un solo disgusto con Conrado, menos con la maestra Mercedes -a quien conocí hace unos tres años- porque eran personas tranquilas e inteligentes que resolvían situaciones a través del diálogo y se dedicaban a organizar a la gente. De su pequeño niño, qué puedo decir, un niño alegre, sano e inteligente que no merecía morir de esa manera. Compañeros, su muerte no puede quedar impune, emprenderemos ya una lucha en reclamo de justicia porque Guerrero no puede seguir siendo un cementerio de luchadores sociales, de mujeres, niños ni de defensores de derechos humanos. En este estado suriano hay autoridades y su obligación es garantizar la seguridad de las y los guerrerenses, por tanto, levantamos más fuerte la voz hasta que los asesinos estén tras las rejas.

 

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